Connect with us

Noticias

Usuarios de Twitter piden libertad para Jorge Nieto

Jorge Nieto es una persona honorable con una trayectoria profesional intachable. En todos sus cargos públicos demostró su notable honradez y capacidad profesional. En todos los puestos que desempeñó obtuvo el respeto de sus colaboradores e incluso de sus detractores, pues su trabajo siempre fue intachable.

Al llegar al Ministerio de Obras Públicas en enero de 2007, Solicitó una auditoría de su predecesor ante la Corte de Cuentas, de tal manera que se pudiera diferenciar su gestión de la del anterior ministro David Gutiérrez.

Los problemas de la Mons. Romero fueron causados en tiempos de David Gutiérrez, a quien se ha omitido investigar. El actual Fiscal General dijo que está convencido de que en anteriores administraciones de su institución se omitió investigar al principal implicado del caso Diego de Holguín. Existen además declaraciones que aseguran que fueron Tony Saca y David Gutiérrez los autores de todo este entramado.

Jorge Nieto encontró 7 grandes proyectos paralizados, problemas heredados por David Gutiérrez, de los cuales resolvió 6. En el caso de la Diego de Holguín actuó apegado a derecho y cada paso que dio estuvo amparado por las leyes. Impuso multas a la empresa constructora, le aplicó descuentos que establecía la ley, él inició el proceso de caducidad del contrato por incumplimiento de parte del constructor, caducó el contrato con esta empresa e hizo efectivas las fianzas con la aseguradora para resguardar los intereses del MOP y del Estado.

Al momento de investigar, la Fiscalía General de la República a cargo de Luis Martínez ignoró todas las arbitrariedades e ilegalidades cometidas por David Gutiérrez, entre las que destacan el cambio de diseño de la obra, la adjudicación irregular que hizo a favor de la empresa constructora, que dio un anticipo sin la debida supervisión, hizo caso omiso de las sanciones que dio la Alcaldía, la multa que impuso el Ministerio del Medio Ambiente y los reparos por diversas ilegalidades cometidas por Gutiérrez.

En cambio, el Fiscal Luis Martínez y Douglas Meléndez enfocaron todo su esfuerzo en el arbitraje iniciado por Jorge Nieto para proteger al Estado, a pesar de que fue él quien gestionó que la obra volviera a su trazo original, tal como se había aprobado, rechazó los incrementos de precios propuestos por la empresa constructora, les aplicó multas y descuentos, caducó el contrato e hizo efectivas las fianzas a favor del Estado.

Desde el principio Jorge Nieto descubrió que la Diego de Holguín fue licitada y estaba siendo construida con un diseño que no era el que se había aprobado, pero que había sido cambiado arbitrariamente por su predecesor. Por ello, logró que la empresa constructora volviera al trazo original de la obra y obtuvo un compromiso por escrito de parte de ellos, que no aumentarían los costos de la obra.

El actual Fiscal General, Raúl Melara anunció este sábado en su cuenta de Twitter que ha ordenado realizar una investigación al interior del Ministerio Público para deducir responsabilidades sobre el porqué no se indagó al principal implicado en el caso del bulevar ex Diego de Holguín, ahora bulevar monseñor Oscar Arnulfo Romero.

Melara reconoce que sus antecesores no investigaron al principal implicado en el desfalco de más de $20.5 millones en el tramo II del bulevar ex Diego de Holguín.

“Estoy totalmente convencido de que anteriores administraciones de la Fiscalía, omitieron investigar al principal implicado del caso Diego de Holguín”, afirma Melara en la red social, aunque no dio el nombre del principal responsable.

Llama la atención que, en el proceso, Gerson Martínez, siendo Ministro de Obras Públicas, se reunió con la jueza del caso, justo antes de dar una resolución con la que se indicó que se abrirían pruebas contra Jorge Nieto.

Un dato importante es que el 78.6% de la Diego de Holguín terminada por Jorge Nieto cuando fue Ministro, tuvo un costo de costo de $35.13 millones, mientras que el 21.4% construido en el período de Gerson Martínez, tuvo un costo de $35.8 millones. El costo por kilómetro de la obra ejecutada por Gerson Martínez es tres veces mayor que la ejecutada por Jorge Nieto. ¿Quién ha investigado a Gerson Martínez por estos números?.

Esto genera dudas. ¿Por qué nunca se investigó a David Gutiérrez? ¿Por qué Gerson Martínez se reunió con la jueza del caso minutos antes de dictar sentencia para que se abrieran pruebas, cuando antes había dicho verbalmente que no había pruebas que sustentaran el caso?

La respuesta es porque #JorgeNIetoesInocente

Seguir leyendo

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

Seguir leyendo

Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

Seguir leyendo

Popular