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Trump se refugia en el búnker de la Casa Blanca mientras EEUU vive los disturbios raciales más graves desde el asesinato de Martin Luther King

En al menos 39 ciudades y condados los manifestantes desafían el toque de queda y la ola de violencia continúa creciendo

Washington declara el toque de queda y se producen los primeros incidentes

  • Tras una noche de saqueos e incendios en la capital estadounidense en protestas por la violencia policial, la alcaldesa de Washington Muriel Bowser anunció este domingo un toque de queda y la activación de la Guardia Nacional para evitar nuevas revueltas, pese a lo cual ya se registraron algunos incidentes.
  • En un mensaje en su cuenta de Twitter, la alcaldesa informó de que el toque de queda regirá en todo Washington a partir de las 11 de la noche (03.00 GMT) y hasta las 6 de la mañana (10.00 GMT) del lunes.
  • También indicó que ha activado a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para que apoyen a la Policía Metropolitana en el control de las manifestaciones que se han producido en los últimos días y que el sábado derivaron en saqueos, vandalismo e incendios.
  • La policía ha dispersado con gases lacrimógenos las protestas que, saltándose el toque de queda, habían llegado a las puertas de la Casa Blanca.
  • El Servicio Secreto refugió el viernes al presidente Donald Trump en el búnker de la Casa Blanca.

La Biblioteca Carnegie de Washington es un impresionante edificio de estilo ‘Beaux Arts’ construido en 1903 que se alza en el centro de la Plaza de Mount Vernon, en el centro de la capital de Estados Unidos. Está rodeada de avenidas. No hay absolutamente ninguna tienda cerca. En realidad, la única tienda es la Biblioteca. En 2016, tras 12 años cerrado, el gigante de la electrónica de consumo Apple asumió la gestión del enorme edificio, que tiene una superficie útil de 4.738 metros cuadrados, es decir, casi tanto como un campo de fútbol.

Apple se gastó 30 millones de dólares (27 millones de euros) en rehabilitarla. Johny Ive, el diseñador del iPhone y el iPad, dirigió el trabajo, con la colaboración del estudio de arquitectura de Norman Foster y de la organización sin ánimo de lucro Patronato para la Preservación del Patrimonio Histórico. El edificio no sólo vende productos electrónicos. También tiene un auditorio, acoge la sede de la Sociedad Histórica de Washington, y tiene una exposición fotográfica permanente sobre la capital de Estados Unidos. Todo eso es lo que Apple llama ‘plazas mayores’: una combinación de tiendas y espacios culturales dedicados a las ciudades en las que están situados.

Pero no era la cultura lo que perseguían las docenas de saqueadores que en la madrugada de ayer atacaron la Biblioteca, rompieron las lunas reforzadas de la puerta, y dañaron el edificio. Lo que buscaban eran iPhones. Su ataque a la tienda de Apple no era casual. Prácticamente nadie vive en esa zona de Washington. A varios cientos de metros está el llamado City Center, una zona comercial que era un gueto negro y asiático hasta hace una década y media, y en la que el chef español José Andrés dirigió su primer restaurante, Jaleo, en la década de los noventa. Allí también hubo saqueos. Igual que en Georgetown, uno de los barrios más pijos de la ciudad. La tienda de Apple en esa zona, en la Avenida de Wisconsin, se salvó del saqueo porque sus empleados colocaron plazas de madera para reforzar las ventanas.

Fuego y destrozos en las protestas de Washington pese al toque de queda.
Fuego y destrozos en las protestas de Washington pese al toque de queda.SHAWN THEWEFE

Los saqueos a la tienda de Apple en la Librería Carnegie son el ejemplo de lo que Douglas Brinkley, el historiador más popular en Estados Unidos y supervisor, entre otras obras, de la publicación de los cuadernos de Ronald Reagan, ha calificado como «los mayores disturbios que hemos visto desde el asesinato de Martin Luther King», el histórico líder de los derechos de los negros que fue asesinado en 1968. En al menos 39 ciudades y condados de Estados Unidos, incluyendo a la propia Washington y a la segunda y tercera mayor ciudades del país, Los Ángeles y Chicago, hay toque de queda a partir de las nueve de la noche. En al menos 12 estados se ha autorizado el despliegue de la Guardia Nacional -es decir, una parte del Ejército similar, aunque no idéntica, a la Reserva- para contener la violencia, y la 82 División Aerotransportada está acuartelada en su base de Fort Bragg, en Carolina del Norte, por si fuera necesario enviarla a alguna ciudad.

La ’82’, como es conocida coloquialmente, es una unidad diseñada para ser desplegada en cualquier lugar del mundo en un máximo de 18 horas, así que el hecho de que esté en alerta indica la gravedad de la situación. La última vez que el Ejército regular fue desplegado para contener una situación de violencia fue en 2005, por los saqueos desencadenados en Nueva Orleans por el huracán Katrina. Para remontarse al despliegue de soldados para contener tensiones raciales hay que ir a 1992, durante los llamados disturbios raciales de Los Ángeles, que en realidad fueron un pogromo que los afroamericanos llevaron a cabo contra los asiáticos y los latinos, y en el que murieron 63 personas.

Los manifestantes queman una bandera de EEUU a las puertas de la Casa Blanca.
Los manifestantes queman una bandera de EEUU a las puertas de la Casa Blanca.SHAWN THEWEFE

La violencia, así, se adueña cada noche de las grandes ciudades estadounidenses. Y cada noche va a más. La explosión de odio racial desencadenada por el asesinato del afroamericano George Floyd por el policía blanco Dereck Chauvin el pasado lunes en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, ha ido subiendo, hasta convertirse en poco menos que una revuelta generalizada en la noche del sábado al domingo, en la que, según informaciones sin confirmar, murieron cuatro personas, todas ellas a manos de los manifestantes. Por el momento, hay, como mínimo, 1.700 detenidos, una cuarta parte de ellos en Los Ángeles. En Minnesota, manzanas enteras han sido incendiadas. Las tiendas de lujo y los negocios de personas que no son de raza negra se han convertido en el blanco predilecto de los saqueadores.

La madrugada del lunes la policía ha utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se habían saltado el toque de queda para llevar la protesta a las puertas de la Casa Blanca. Los manifestantes han encendido hogueras en las zonas adyacentes a la Casa Blanca, han incendiado algunos comercios y han atacado con piedras y otros objetos las fachadas de varios establecimientos, informa Afp.

En Twitter ha circulado una imagen aérea de Washington en la que se observaba su icónico obelisco rodeado de espesas columnas de humo. En la ciudad se escuchaban pequeñas detonaciones y el paso de helicópteros sobre las zonas afectadas.

En Nueva York, la policía detuvo el sábado a la hija del alcalde Bill de Blasio en la parte baja de Manhattan cuando participaba en las protestas. La hija del alcalde, de 25 años y fruto del matrimonio del alcalde con Chirlane MacGracy, afroamericana, se encontraba con un grupo de un centenar de manifestantes, algunos del los cuales también resultaron arrestados en la intersección de la calle 12 con Broadway. Ya ha sido puesta en libertad.

Trump, refugiado en el búnker de la Casa Blanca

Además, este lunes se ha conocido que el Servicio Secreto, encargado de la seguridad del presidente de EEUU, protegió en el búnker subterráneo de la Casa Blanca a Donald Trump el pasado viernes de las protestas que tenían lugar fuera del recinto, han informado medios locales y recoge Afp.

El New York Times indica que el presidente fue llevado al búnker en la noche del viernes mientras los manifestantes forcejeaban con los agentes del Servicio Secreto para retirar las barreras metálicas instaladas frente a la verja que rodea la residencia presidencial.

Según la CNN, Trump estuvo en el búnker cerca de una hora antes de regresar al sector de la Casa Blanca que le sirve de residencia, mientras en el exterior los manifestantes tiraban piedras y mantenían escaramuzas con los agentes.

Ninguno de los dos medios ha aclarado si la primera dama Melania Trump y su hijo Barron acompañaron al presidente en el búnker.

Un reto explosivo para la política

La policía ha demostrado una incompetencia absoluta para controlar las manifestaciones. Aunque la mayor parte de las protestas han sido pacíficas, las fuerzas del orden se han movido entre la agresividad y la provocación absolutas -fijándose, en muchos casos, como objetivo a los periodistas- y la pasividad más extrema. Así es como en Los Ángeles y Nueva York coches policiales han cargado contra personas que protestaban en las calles, y policías en esa última ciudad han sido filmados haciendo el gesto de los supremacistas blancos, mientras que en Minneapolis manzanas enteras -e, incluso, una comisaría de policía- han ardido.

La explosión de la violencia ha agarrado con el pie cambiado a una parte de la élite política estadounidense. El Partido Demócrata, que en un primer momento respaldó a los manifestantes, está ahora silente ante la creciente agresividad de éstos. Los líderes políticos de Minnesota – todos ellos demócratas – y de otras regiones han tratado de echar la culpa de los saqueos a «provocadores», gente procedente de otros estados, infiltrados pro-Trump, y hasta a la Rusia de Vladimir Putin.

Son esfuerzos muy meritorios que no convencen a nadie. Lo cierto es que, aparte de protestas pacíficas, ha habido manifestaciones violentas y actos pura y simplemente vandálicos. Donald Trump estaba, hoy domingo, inusualmente callado, después de una noche de brutales disturbios frente a la Casa Blanca que amenazaron con prender fuego al hotel Hay Adams, otro edificio histórico de la ciudad, y a la sede del lobby de Hollywood en Washington -paradójicamente, otro grupo que tiende a simpatizar con los manifestantes-.

Entretanto, la Plaza de Mount Vernon estaba hoy por la tarde tranquila, con grupos de gente -blancos, negros, asiáticos e hispanos- tumbada en la hierba, guardando la preceptiva distancia de 1,8 metros para evitar la propagación del coronavirus. Dentro de la tienda, un grupo de empleados examinaban los daños. Eran, en su mayor parte, afroamericanos. Si los saqueadores habían logrado perjudicar a alguien, había sido a las personas de su misma raza.

Esta nota fue tomada de EL MUNDO

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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