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Liberan a Lula: cuáles son los 10 casos abiertos que tiene el expresidente de Brasil en la Justicia

Tras 580 días en la cárcel, Luiz Inácio Lula da Silva recuperó la libertad este viernes.

El expresidente de Brasil salió de prisión gracias a una resolución de del Supremo Tribunal Federal que estableció que, como dice la Constitución, un condenado solo puede ser encarcelado una vez haya agotado todos los recursos posibles ante la ley.

Y en el caso de corrupción que lo llevó a la cárcel en abril de 2018, Lula está pendiente de un recurso a la sentencia en tercera instancia.

Pero el exmandatario, que está condenado por un segundo caso, tiene al menos otras ocho causas abiertas en los tribunales por delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero, entre otros.

1. Condenado: el tríplex de Guarujá

Este caso fue el que llevó a Lula a la cárcel en 2018, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos de US$1,1 millones por parte la constructora OAS a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.

El pago fue destinado a reformar y amueblar un apartamento de lujo de tres pisos de Lula en la localidad costera de Guarujá, en el estado de São Paulo.

En julio de 2017, el juez Sergio Moro determinó que Lula dirigió una trama para conceder a OAS contratos millonarios del gobierno a cambio del apartamento en el marco de la operación Lava Jato.

Esta investigación fue la que dejó al descubierto la escandalosa red de corrupción por la que grandes empresas de Brasil se pusieron de acuerdo para repartirse contratos de Petrobras sobornando a políticos y funcionarios de la petrolera.

Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En 2018, un tribunal regional confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes.

El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia lo condenó en tercera instancia pero redujo la sentencia a 8 años y 10 meses de prisión.

Su defensa volvió a defender entonces la inocencia de su cliente. «Para la defensa del expresidente, «el único resultado posible es la absolución del expresidente Lula, porque no cometió ningún delito», dijeron sus abogados.

El exmandatario apeló al Supremo, que aún no se ha pronunciado.

2. Condenado: la finca de Atibaia

En este caso, Lula fue condenado en primera instancia por recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht para reformar una de sus residencias en Atibaia, São Paulo, a cambio de contratos con Petrobras.

Aunque la propiedad se encuentra formalmente a nombre de un empresario, la Justicia determinó finalmente que Lula era el verdadero dueño y principal usuario de la casa.

El pasado mes de febrero, Lula fue condenado en este caso a 12 años y 11 meses de cárcelpor corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.

Además de Lula, otras diez personas fueron condenadas, incluidos los expresidentes de OAS y Odebrecht, Léo Pinheiro y Marcelo Odebrecht, respectivamente.

El expresidente Lula negó los cargos, mientras que los dos empresarios ahora son colaboradores de Lava Jato y reconocieron los delitos.

3. Nombramiento como ministro de la Casa Civil

En 2017, el entonces fiscal general Rodrigo Janot presentó una denuncia contra los expresidentes Lula y Dilma Rousseff por obstrucción de la justicia.

El motivo fue el nombramiento de Lula, un año antes, como ministro de la Casa Civil del gobierno de Dilma.

Según Janot, la decisión se habría tomado en un tiempo récord para garantizarle ser aforado por su cago público y blindarlo ante las acusaciones en su contra. En ese momento, Lula ya era objetivo de las investigaciones de Lava Jato.

La defensa de Lula negó cualquier tipo de irregularidad.

4. Préstamos del BNDES a Angola (operación Janus)

El Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Lula de los delitos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias por haber presuntamente presionado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para conceder préstamos a obras de Odebrecht en Angola entre 2008 y 2015.

Según la denuncia presentada en 2016, el expresidente habría recibido como retribución cerca de US$9,4 millones de Odebrecht a través del pago de conferencias y contratos sin prestación de servicios reales a través de una empresa de su sobrino.

El pasado mes de julio, sin embargo, Lula fue absuelto de las acusaciones de recibir comisiones, pero mantuvo los cargos de corrupción pasiva y tráfico de influencias.

El expresidente lo niega y asegura que nunca actuó para otorgar beneficios del BNDES.

5. El terreno para el Instituto Lula

En este caso, Lula está acusado de negociar con Odebrecht un soborno de unos US$2,9 millones para la compra de un terreno en São Paulo en el que construir una nueva sede para el Instituto Lula que se encarga de divulgar su legado.

La transferencia no se concretó, pero la Fiscalía afirma que el delito se consumó con la aceptación del soborno.

En la misma causa también se le acusa de recibir un apartamento comprado por Odebrecht justo al lado de la que era su vivienda antes de ser detenido.

La defensa de Lula niega que «haya cometido algún delito o recibido algún beneficio a cambio de actos realizados como jefe de Estado y jefe de gobierno».

6. Compra de aviones de combate (Operación Zelotes)

Lula fue acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y organización criminal en la llamada Operación Zelotes, que investigó la compra del gobierno brasileño de 36 cazas del modelo Gripen al fabricante sueco Saab.

Según la denuncia, Lula recibió supuestamente US$540.000 a través de una empresa de su hijo en el marco de esta compra durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora y protegida política.

También se le acusa de estar detrás de la extensión de incentivos fiscales para fabricantes de vehículos a través de una medida provisional aprobada en 2013.

En ambos hechos, Lula ya no era presidente. Él niega las presuntas irregularidades.

7. Beneficios a automotrices (Operación Zelotes)

En el marco de la misma operación, la Justicia federal aceptó una denuncia contra Lula por corrupción pasiva.

En este caso, se le acusa de recibir US$1,4 millones en sobornos para aprobar una medida en 2009 que prorrogó los beneficios fiscales a los fabricantes de automóviles en el país.

Su defensa dice que Lula nunca cometió ningún acto ilegal y que es objetivo de persecución política.

8. «La gran cuadrilla del PT»

A finales del año pasado, una jueza aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal contra Lula, Rousseff, dos exministros de Finanzas y el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) por organización delictiva.

Según la denuncia, la cúpula del PT (bautizada en este caso como «la gran cuadrilla») habría recibido unos US$355 millones de sobornos en dinero desviado de las arcas públicas.

La defensa de Lula asegura que la denuncia es «manifiestamente irrazonable» e insiste en que el expresidente no cometió ningún delito durante su mandato.

9. Guinea Ecuatorial y el Instituto Lula

En este caso, el expresidente brasileño está acusado de recibir un soborno de US$240.000 pagado por empresarios brasileños a cambio de que negociara contratos a su favor con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

El pago fue supuestamente realizado por medio de una donación al Instituto Lula.

El expresidente niega cualquier tipo de irregularidad: admite haber recibido la donación, pero rechaza haber realizado nada a cambio.

Su defensa dijo que la acusación pretendía «transformar una donación recibida de una empresa privada por el Instituto Lula, debidamente justificada y declarada a las autoridades, en tráfico de influencias internacionales».

10. Soborno de Odebrecht

En junio de 2019, un juez aceptó una denuncia por corrupción contra Lula, el empresario Marcelo Odebrecht y los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo.

El caso involucra el supuesto pago de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de favoritismo por parte del gobierno federal.

La defensa de Lula declaró que el expresidente «nunca solicitó ni recibió ninguna ventaja inadecuada antes, durante o después de ocupar el cargo de presidente de la República».

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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