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Corrupción

Sin base legal reserva a contrato de videovigilancia “Smart City”

Alcaldía de San Salvador está  violando la Ley de Acceso a la Información, la ley de Adquisiciones y Contrataciones, y la jurisprudencia constitucional. Además enfrenta una demanda de inconstitucionalidad. 

Con la reserva impuesta al expediente del proceso de implementación del proyecto Smart City, el gobierno municipal de San Salvador pone en duda la transparencia del proceso de licitación y del contrato adjudicado a la empresa mexicana EyeTech Solutions.

Asimismo, está violando la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y la jurisprudencia constitucional, según los abogados Roberto Burgos y Xenia Hernández, especialistas en temas de transparencia.

Pese a no tener una base legal para darle categoría de reserva al expediente, la comuna argumenta que revelar dicha información puede ser perjudicial, por ello se ha resguardado  hasta el 17 de febrero de 2025.

El blindaje, según la alcaldía, está amparado en el artículo 19 de la Laip, el cual establece reserva a aquella información que pueda perjudicar o poner en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública.

Argumentan además que, en el expediente se incluyen las rutas de implementación e interconectividad de las cámaras y de los botones de pánico, software operativo, entre otras especificaciones técnicas y  de logísticas, por lo tanto no puede ser de conocimiento público.

Sin embargo, el abogado Roberto Burgos, califica de no válida la argumentación de las rutas de conectividad, porque estas serán instaladas a la vía pública.

 “Yo creo que más allá de los detalles técnicos y de quién va a financiar habría que enfocar al contenido y el resguardo de la información que se va a captar. Y creo que se está evadiendo discutir por parte del alcalde, quien además está obligado a dar esas declaraciones a los medios de comunicación, según la Ley de Ética Gubernamental”, sostiene el profesional

Xenia Hernández, sostiene que con esta decisión la alcaldía viola la Laip, la Lacap, la jurisprudencia constitucional y hasta la jurisprudencia latinoamericana, que dicen que todos los procesos de adjudicación de contratos deben ser públicos y que solo se exceptúa cuando estos están en proceso deliberativo.

Es más, dice, el artículo 54 de la Lacap únicamente clasifica como reservado el momento después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso.

Sobre la negativa de la municipalidad  para dar la información, manifiesta Hernández, “no es la alcaldía la que tiene que decir que esto es por tema de seguridad nacional, no puede irse al artículo 19 (de la Laip) y poner una reserva sin dar una justificación objetiva”.

Para ambos profesionales del derecho, no hay duda que la alcaldía viola la Laip y que la información que ahora niegan, debió ser publicada en su portal web una vez finalizado el proceso de adjudicación.

Su postura está respaldada en el artículo 10 de la Laip, donde se establece que los entes obligados deben publicar como parte de la información oficiosa las concesiones otorgadas, “especificando sus titulares montos, plazos, objeto y finalidad”, según el numeral 18.

 “las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme detallando en cada caso: objeto, monto, nombre y características de la contraparte, plazos de cumplimiento y ejecución del mismo…”, reza el numeral 19. Además de la forma en que se contrató y los detalles del proceso de adjudicación y el contenido de los contratos.

Poca transparencia

Smart City cargará a los contribuyentes de la Alcaldía de San Salvador con un 4% para financiar el controversial proyecto de videovigilancia, el cual tiene una vigencia de 15 años.

 Según Burgos, el ciudadano tiene derecho a saber cómo se invierten sus impuestos y “con mayor razón surge aquí el concepto de interés público que autoriza a que las personas podamos conocer cómo y qué se está contratando, por qué razón y cuáles son los alcances de este contrato”.

La recaudación municipal debe ser transparente y los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre costos y planes que se van a implementar, incluso dar a conocer la tarifa diferenciada  que aplicará por sectores.

Hernández dice que por el hecho de que hay comprometido dinero de los capitalinos, la municipalidad debió haber informado sobre ese proceso de contratación y así “demostrar” transparencia.

 “Valía más entregar toda la información que estar declarando una reserva que es inexistente, no es razonable, no es justificable; al contrario, lo que genera es más cuestionamientos sobre cómo han manejado la adjudicación”, refirió.

La clasificación de  reserva al contrato también le ha generado a la comuna una demanda de inconstitucionalidad, incluso se pide  suspenderlo temporalmente.

El  requerimiento fue solicitado por el abogado Herbert Danilo Vega, quien pidió a  la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional la reserva impuesta a la información sobre la licitación pública en la que la Alcaldía de San Salvador le otorgó la concesión del sistema de las cámaras de videovigilancia a la empresa mexicana EyeTech Solutions S.A. de C.V. por un monto de $84.8 millones.

“La inconstitucionalidad consiste en que dicha licitación pública que se refiere a la concesión de servicio público de sistema de monitoreo y plataforma tecnológica de Smart City (Ciudad Inteligente), para la prevención de la violencia, delincuencia y desarrollo local en el municipio de San Salvador, fue clasificada como información reservada, violando los artículos 110 inciso 4 y 112 inciso 2 de la Constitución”, sostiene Vega en la demanda.

Con esta reserva, agrega  Vega, la comuna “ha ocultado del conocimiento de los habitantes del municipio de San Salvador, las condiciones de la licitación, el costo de la misma, la cantidad de empresas que han participado, las ofertas planteadas por las empresas participantes”. Añade que la administración municipal ha privado a los capitalinos de conocer las razones por las cuales se adjudicó la licitación a la empresa en mención.

Centroamérica

El Salvador compra Bitcoin “en tendencia bajista” a medida que caen las principales monedas.

En medio de una caída del mercado de la criptomoneda más amplia, el presidente de El Salvador compra para agregar 150 bitcoins al acumulado del país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reveló que el país latinoamericano ha comprado 150 Bitcoin más mientras los precios bajaban el lunes por la mañana.

Según los datos de CoinGecko, la criptomoneda líder se desplomó un 6,9% en las últimas 24 horas, cayendo alrededor de $ 45.000.

Otras criptomonedas principales, incluídas Cardano (ADA), XRP , Solana (SOL) y Polkadot (DOT), arrojaron dos dígitos durante el día, mientras que Ethereum , la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha bajado un 9.2%, cotizando para esa fecha $ 3,137. 

«They can never beat you if you buy the dips.» (Nunca pueden vencerte si compras en las caídas) tuiteó Bukele, y agregó que esto bien puede considerarse un «consejo presidencial».

Con la última compra, El Salvador ahora tiene 700 Bitcoin por valor de aproximadamente $ 31 millones.

El gobierno de Bukele compró sus primeros 400 Bitcoin el 6 de septiembre, un día antes de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer formalmente la criptomoneda como moneda de curso legal.

Bitcoin cotizaba justo por debajo de los 53.000 dólares en ese momento, pero se desplomó en más del 10% al día siguiente del lanzamiento de la billetera Chivo Wallet oficial de El Salvador, con problemas técnicos que estropearon el inicio del experimento criptográfico del país.

Sin embargo, El Salvador aprovechó rápidamente la oportunidad con una compra de 150 Bitcoin más ese mismo día, lo que aumentó las reservas de la criptomoneda del país a un total de 550 BTC.

Bukele bajo fuego

A medida que continúa la juerga de compras de Bitcoin en El Salvador, el gobierno del país se enfrenta a una investigación sobre sus compras de Bitcoin y la instalación de cajeros automáticos Chivo.

Según un informe de Reuters de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, el organismo que supervisa el gasto público del país, recibió una queja de Cristosal, un grupo de derechos humanos y transparencia, en la que expresó su preocupación por el financiamiento del gobierno de las compras de Bitcoin.

Los ciudadanos también han criticado el experimento de criptoactivos del gobierno.

La semana pasada, en el día de la independencia del país, se intensificaron más protestas en El Salvador, con personas que salieron a las calles con pancartas de «No queremos Bitcoin» y «No a la dictadura» e incluso quemaron un cajero automático de Bitcoin en San Salvador.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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