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Sin base legal reserva a contrato de videovigilancia “Smart City”

Alcaldía de San Salvador está  violando la Ley de Acceso a la Información, la ley de Adquisiciones y Contrataciones, y la jurisprudencia constitucional. Además enfrenta una demanda de inconstitucionalidad. 

Con la reserva impuesta al expediente del proceso de implementación del proyecto Smart City, el gobierno municipal de San Salvador pone en duda la transparencia del proceso de licitación y del contrato adjudicado a la empresa mexicana EyeTech Solutions.

Asimismo, está violando la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y la jurisprudencia constitucional, según los abogados Roberto Burgos y Xenia Hernández, especialistas en temas de transparencia.

Pese a no tener una base legal para darle categoría de reserva al expediente, la comuna argumenta que revelar dicha información puede ser perjudicial, por ello se ha resguardado  hasta el 17 de febrero de 2025.

El blindaje, según la alcaldía, está amparado en el artículo 19 de la Laip, el cual establece reserva a aquella información que pueda perjudicar o poner en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública.

Argumentan además que, en el expediente se incluyen las rutas de implementación e interconectividad de las cámaras y de los botones de pánico, software operativo, entre otras especificaciones técnicas y  de logísticas, por lo tanto no puede ser de conocimiento público.

Sin embargo, el abogado Roberto Burgos, califica de no válida la argumentación de las rutas de conectividad, porque estas serán instaladas a la vía pública.

 “Yo creo que más allá de los detalles técnicos y de quién va a financiar habría que enfocar al contenido y el resguardo de la información que se va a captar. Y creo que se está evadiendo discutir por parte del alcalde, quien además está obligado a dar esas declaraciones a los medios de comunicación, según la Ley de Ética Gubernamental”, sostiene el profesional

Xenia Hernández, sostiene que con esta decisión la alcaldía viola la Laip, la Lacap, la jurisprudencia constitucional y hasta la jurisprudencia latinoamericana, que dicen que todos los procesos de adjudicación de contratos deben ser públicos y que solo se exceptúa cuando estos están en proceso deliberativo.

Es más, dice, el artículo 54 de la Lacap únicamente clasifica como reservado el momento después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso.

Sobre la negativa de la municipalidad  para dar la información, manifiesta Hernández, “no es la alcaldía la que tiene que decir que esto es por tema de seguridad nacional, no puede irse al artículo 19 (de la Laip) y poner una reserva sin dar una justificación objetiva”.

Para ambos profesionales del derecho, no hay duda que la alcaldía viola la Laip y que la información que ahora niegan, debió ser publicada en su portal web una vez finalizado el proceso de adjudicación.

Su postura está respaldada en el artículo 10 de la Laip, donde se establece que los entes obligados deben publicar como parte de la información oficiosa las concesiones otorgadas, “especificando sus titulares montos, plazos, objeto y finalidad”, según el numeral 18.

 “las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme detallando en cada caso: objeto, monto, nombre y características de la contraparte, plazos de cumplimiento y ejecución del mismo…”, reza el numeral 19. Además de la forma en que se contrató y los detalles del proceso de adjudicación y el contenido de los contratos.

Poca transparencia

Smart City cargará a los contribuyentes de la Alcaldía de San Salvador con un 4% para financiar el controversial proyecto de videovigilancia, el cual tiene una vigencia de 15 años.

 Según Burgos, el ciudadano tiene derecho a saber cómo se invierten sus impuestos y “con mayor razón surge aquí el concepto de interés público que autoriza a que las personas podamos conocer cómo y qué se está contratando, por qué razón y cuáles son los alcances de este contrato”.

La recaudación municipal debe ser transparente y los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre costos y planes que se van a implementar, incluso dar a conocer la tarifa diferenciada  que aplicará por sectores.

Hernández dice que por el hecho de que hay comprometido dinero de los capitalinos, la municipalidad debió haber informado sobre ese proceso de contratación y así “demostrar” transparencia.

 “Valía más entregar toda la información que estar declarando una reserva que es inexistente, no es razonable, no es justificable; al contrario, lo que genera es más cuestionamientos sobre cómo han manejado la adjudicación”, refirió.

La clasificación de  reserva al contrato también le ha generado a la comuna una demanda de inconstitucionalidad, incluso se pide  suspenderlo temporalmente.

El  requerimiento fue solicitado por el abogado Herbert Danilo Vega, quien pidió a  la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional la reserva impuesta a la información sobre la licitación pública en la que la Alcaldía de San Salvador le otorgó la concesión del sistema de las cámaras de videovigilancia a la empresa mexicana EyeTech Solutions S.A. de C.V. por un monto de $84.8 millones.

“La inconstitucionalidad consiste en que dicha licitación pública que se refiere a la concesión de servicio público de sistema de monitoreo y plataforma tecnológica de Smart City (Ciudad Inteligente), para la prevención de la violencia, delincuencia y desarrollo local en el municipio de San Salvador, fue clasificada como información reservada, violando los artículos 110 inciso 4 y 112 inciso 2 de la Constitución”, sostiene Vega en la demanda.

Con esta reserva, agrega  Vega, la comuna “ha ocultado del conocimiento de los habitantes del municipio de San Salvador, las condiciones de la licitación, el costo de la misma, la cantidad de empresas que han participado, las ofertas planteadas por las empresas participantes”. Añade que la administración municipal ha privado a los capitalinos de conocer las razones por las cuales se adjudicó la licitación a la empresa en mención.