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“Si no tenemos datos no sabemos hacia dónde vamos, si estamos bien o mal”

Experto señala que utilizar proyecciones del censo 2002 para implementar políticas durante la pandemia puede tener impactos económicos y sociales “altísimos”.

El investigador del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), Jaime García, conversó con Prensa Libre acerca de la relevancia que adquiere hoy en día disponer de datos abiertos para enfrentar el reto de la pandemia del nuevo coronavirus, ya que estos pueden constituirse en una herramienta para que todos los actores sociales contribuyan a encontrar soluciones que los gobierno no son capaces de visualizar.

La charla se da en un momento en que la población guatemalteca confía menos en las estadísticas oficiales y en el que estas se utilizan para definir los parámetros de reapertura económica. Además, semanas después de que el Ministerio de Salud reconociera que para las políticas actuales se basan en las proyecciones del censo que se levantó hace 18 años.

¿Por qué los datos abiertos son importantes en esta coyuntura?

Porque nos permite, por un lado, ir entendiendo cómo avanza el fenómeno y a comprender diferentes aspectos de la pandemia y sus efectos sobre la movilidad y cuestiones de salud; por ejemplo, que tan grave es la pandemia o la morbilidad en cierta población. También en qué zonas de las ciudades se transmite más o si las soluciones implementadas por los gobiernos están funcionando o no.

Por otro lado, si esta información se coloca al alcance de las personas, instituciones u organismos expertos en análisis de datos, estos pueden aportar soluciones. Entonces, no solo es entender lo que sucede con el covid-19, sino empoderar con datos recientes a otros actores sociales que pueden ayudar a mejorar la respuesta económica y de salud ante la crisis.

Los datos están al alcance de los gobiernos que son al final los tomadores de decisiones. ¿Pero en qué ayudan que todos tengan acceso a ellos?

Es que la pregunta es, si los gobiernos tienen la capacidad de análisis de datos o de cruces de información o generación de tecnologías para entender lo que está pasando. Por ejemplo, ningún gobierno tiene la capacidad de cálculo que puede tener Google o Facebook. En México, algunas universidades han ayudado a identificar mejor los perfiles de alto riesgo en esta pandemia, entonces se trata de aprovechar todo el conocimiento y capacidad que existe más allá de los gobiernos y que ahora en esta crisis complicada necesitamos incorporar. Aunque no toman las decisiones, sí nos pueden ayudar a generar soluciones que los gobiernos no pueden ver.

¿Cómo se encuentra la región en los distintos indicadores de datos abiertos?

De acuerdo con el Global Open Data Index —Indicador Mundial de Datos Abiertos— Brasil es el mejor de América Latina con la octava posición, México está en la posición 11. El mejor de América Central es El Salvador en el lugar 49, Guatemala en el lugar 56, Panamá en el lugar 61 y Costa Rica en el lugar 64.  En otra iniciativa, la del Barómetro de Datos Abiertos, de una calificación de 0 a 100 puntos, Costa Rica tiene 31, Panamá 30, y Guatemala 26 puntos; mostrándose muy rezagados de los líderes latinoamericanos como México que tiene 69 puntos, Colombia, 52, y Brasil, 50.

¿Qué reflejan estos números de los países centroamericanos?

Que no invertimos lo suficiente en generar datos y que no estamos preocupados en cómo los publicamos. En el caso de Guatemala, uno revisa y se encuentra con que es común hallar información aun en —formato— PDF no necesariamente tabulada, o documentos que uno no puede trabajar en su computadora. Y si logra encontrar un documento en Excel no están las bases de datos, sino resúmenes o simplemente no halla el metadato, la fuente o la metodología que acompañe a las estadísticas.

¿La ausencia de datos abiertos, puede explicar las políticas erráticas de los gobiernos?

Lo que solemos hacer en nuestros países es que los datos de salud están en un lado y los de población en otro. Los datos de economía no le hablan a los de salud, los de salud no le hablan a los de educación. Cada institución divide al país como quiere, y aunque tengamos institutos de estadística, el resto de los organismos y entidades no necesariamente siguen los mismos criterios.

No nos preocupamos por articular esas estadísticas que produce el estado y no las transformamos en información que les dé sentido a esos datos, entonces si no generamos esa información no generamos conocimiento y si no tenemos conocimiento no podemos tomar decisiones basadas en datos.

¿También explica los malos manejos que han hecho algunos países en esta emergencia?

Exactamente, porque desconocemos la magnitud de las afectaciones de la pandemia. Aunque sepamos el número de personas que se contagian no sabemos el número que se queda sin empleo o el número de empresas que quiebran, o no conocemos si los cierres en algunas zonas han funcionado para disminuir los contagios o si el gasto del gobierno es representativo del éxito para controlar la pandemia. Si no tenemos datos no sabemos hacia dónde vamos, o si estamos bien o estamos mal.

En Guatemala las autoridades están utilizando las proyecciones del censo del 2002 porque la del censo 2018 no se han terminado. ¿Cómo ve eso?

Cuando se hace un censo y sale mal o con errores o no lo terminan estás dejando la mejor oportunidad que tiene el país para conocerse a si mismo y para generar datos que permitan tomar decisiones. Imagine que grave es, en términos de la pandemia, que no sabemos cuál es el denominador con el que estamos sacando las reglas para los semáforos, porque estamos tomando una tasa de incidencia de contagiados por 100 mil habitantes, pero para sacar esa regla yo necesito sacar la población y si mi población cambia o no es real voy a sobrestimar o subestimar las aperturas o cierres.

Entonces, el impacto que puede tener esto en términos económicos y sociales es altísimo.

¿Qué debe contener una información para ser considerada datos abiertos?

Deben ser completos y estar disponibles de forma completa, sin cortes, cálculos, o interpretaciones, respetando las normativas de privacidad y seguridad de acuerdo con las normativas nacionales. Deben ser granulares, es decir, estar ligados a la fuente de origen. Actualizados. Accesibles para la mayor cantidad de usuarios, y no son así cuando requieren formularios web o navegadores específicos para acceder a ellos.

Los datos también deben ser automatizables, incluyentes, que permitan el acceso anónimo. Estar en formatos libres y no deben contar con licencia de propiedad o sea no deben estar sujetos a ningún reglamento de derechos de autor, patente, marca registrada o secreto comercial.

¿Cómo creen que está Guatemala respecto a esto de los datos abiertos?

Guatemala es un caso particular, es uno de los países de Centroamérica más innovadores en tecnología. Ahora en términos de datos no avanzamos al mismo ritmo. Hace falta un gran esfuerzo de transparencia y articulación para entender que la información no es de la institución, sino un bien público. Hace falta aprender que los datos no son poder, sino una oportunidad para generar más valor ahí es donde Guatemala está muy rezagada. Los mejores sistemas de datos en Centroamérica empiezan con Costa Rica, El Salvador y Panamá, le sigue Guatemala. Honduras y Nicaragua están muy rezagados, pero en general todos los que mencioné están muy lejos de los líderes de la región.

¿Qué ejemplos han ocurrido en el mundo de la utilidad de contar con datos abiertos?

La universidad Johns Hopkins puso el más claro ejemplo de cómo compartir los datos y comunicarlos para que todo el mundo los pueda entender y usar. Hoy por hoy hay muchos gobiernos en donde no se pueden obtener datos, por ejemplo, de características de morbilidad, ahora no necesariamente se puede obtener esa información en los países centroamericanos para saber si se enferman más las personas con obesidad o diabetes o conocer que tantos niños han llegado a las unidades de cuidados intensivos o de qué ciudades alimentan más las camas de los hospitales, esos datos existen, pero en Centroamérica no necesariamente se comparten.

Nota tomada de Prensalibre

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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