Connect with us

Noticias

Sectores esperan decisión del Mineco sobre importación de productos laminados

Mientras la Cámara de Comercio solicita al Gobierno no aplicar la salvaguardia ante la OMC, se investiga si los volúmenes actuales de importación afectan o no a la industria nacional.

La Dirección de Administración de Comercio Exterior (DACE), lleva a cabo un estudio económico en la importación de productos laminados con el fin de aplicar o no una salvaguardia para proteger a la industria local.

Se trata de una investigación por salvaguardia, luego de que se aprobó el pasado 12 de julio de este año el estudio técnico por ese ente.

La solicitud fue presentada el 13 de febrero por la empresa Ternium el 13 de febrero del 2018, según consta el expediente en el portal de la DACE.

El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, declaró a Prensa Libre que es competencia hacer la investigación y tomar alguna decisión que se conocerá cuando se conozcan los resultados de la investigación completa.

“Se está realizando un estudio económico luego de que se presentara un reclamo de que se estarían afectando productos que se producen localmente”, declaró el funcionario.

Según el procedimiento, se puede recurrir a la adopción de Medidas de Salvaguardia cuando existe un incremento en las importaciones de un producto similar al fabricarlo en el país importador, como resultado de la reducción o eliminación de un arancel aduanero.

Las medidas pueden ser estrictamente necesarias y temporales de tipo arancelario (impuesto) que se adoptan para contrarrestar un daño grave o amenaza a la producción nacional, por la importación masiva del producto.

De acuerdo con las cifras de comercio de la Secretaria de Integración Económica (Centroamericana), las importaciones de Guatemala registradas en esas partidas muestran un crecimiento, tanto en importaciones como en volumen.

En 2015, las importaciones sumaron US$24.9 millones por un monto de 22 mil toneladas; en 2016, por US$21.6 millones y un volumen de 23 mil toneladas; 2017; US$31.2 millones y 28 mil toneladas y 2018 la factura de importación fue de US$40.3 millones y el volumen de 32 mil toneladas. Es decir, en dos años, se duplicó el volumen de importación.

Mercancías en cuestión

El expediente detalla que la investigación abarca tres partidas arancelarias, que son las 7225.91.00; 7225.92.00 y 7225.99.00, que se refieren a los productos laminados planos de los demás aceros aleados de anchura superior o igual a 600 mm.

En esta partida se incluyen acero al silicio llamado “magnético” y los demás, como laminados en caliente, enrollados; laminados calientes sin enrollar; laminados en frío y cincados electrolíticamente y de otro modo.

Valladares Urruela resaltó que como ministerio se defiende la libertad de competencia, la economía de mercado y emitir una salvaguardia es una excepción y por eso se debe de estar muy fundamentado para poder aplicar.

El ministro dijo que para ello no hay tiempos y si el informe final está disponible podría aplicarse en noviembre, pero puede tomar más más tiempo.

Según el portal de la DACE, esta es la única salvaguardia que está en estudio, y la otra ya finalizada es la aplicada a República Dominicana por el incremento de las importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular.

En esa resolución del 2010 se aplica de manera definitiva un arancel ad-valorem (al valor) de un 38% para la importación.

Estos son los dos procesos que se han gestionado en la DACE por Medidas de Salvaguardia.

Proceso de ley

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dijo que esperan que la DACE y el Ministerio de Economía actúen según lo establecido en ley, para determinar si el producto de lámina troquelada cumple con los requisitos para aplicar una salvaguardia.

En todo caso, dijo que se deben tomar en cuenta las importaciones, en los términos absolutos en relación con la producción nacional y que realmente la amenacen.

“Hemos visto que hay empresas que producen localmente que generan empleo, que han invertido en Guatemala para poder generar ese valor agregado y generan alternativas al consumidor”, expuso el dirigente industrial.

Agregó que esperan que decisión adoptará la DACE sobre si se pueden o no aplicar una salvaguardia a estos productos. “Está en las manos del Mineco que llegue a determinar si aplica o no eso”, precisó Girón.

“Afectará al consumidor”

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), dijo que aplicar una salvaguardia para estos productos implicará retrocesos y consideró los argumentos “sin ningún fundamento, caprichosos, y estarían afectando a los consumidores”.

“Se está pretendiendo una cláusula de salvaguardia del 25% y eso significaría que el costo de ese producto que es esencial para la construcción –sobre todo para las personas de medianos y escasos recursos– tendrían un incremento brutal”, señaló el presidente de la CCG.

Por otro lado, dijo que esta situación vendría en contra de la tendencia de apertura comercial y de favorecer a los consumidores guatemaltecos.

Briz dijo que si bien la aplicación de una salvaguardia es una medida regulada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), esta se prevé únicamente para situaciones de emergencia, ya que de no ser aplicada correctamente, –como considera la CCG en este caso–, sería un retroceso en las relaciones comerciales con otros países e inversionistas.

“Es imperativo que el Mineco tome en consideración las implicaciones negativas de aplicar salvaguardia, que afectaría directamente a millones de consumidores de escasos recursos”, reiteró el empresario.

Tomado de Prensa Libre: https://www.prensalibre.com/economia/sectores-esperan-decision-del-mineco-sobre-importacion-de-productos-laminados/

Seguir leyendo

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

Seguir leyendo

Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

Seguir leyendo

Popular