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Corrupción

Secretismo gubernamental y la selectiva vacunación Covid-19

El Ministerio de Salud de El Salvador (Minsal) declaró la reserva total de información relacionada con la aplicación y compra de vacunas contra la covid-19 por un período que oscila en entre 3 y 5 años.

El gobierno salvadoreño ha puesto candado la información relacionada con la crisis sanitaria del covid-19.  Tanto los registros de los decesos, compras de alimentos e insumos médicos, construcción del Hospital El Salvador y ahora fue el turno para los procesos de adquisición vacunas están vedados.

La medida de poner ocultar o reserva total, es criticada por el mismo gremio médico, el cual denuncia desconocer el plan de vacunación y, además, manifiestan que un alto porcentaje de los profesionales de la salud públicos y privados siguen esperando la primera dosis.

De acuerdo a Salud, la decisión es justificada con el literal D del artículo 19 de La Ley Acceso a la Información Pública, que avala la reserva de información cuando se “ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

Al respecto, expertos en transparencia consideran que con ello se afecta el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre cuestiones relacionadas a su salud y su vida.

Para Xenia Hernández, directora de la Fundación DTJ, es una violación a los derechos humanos y recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado a que la información relativa al COVID-19, pruebas y vacunas sea pública e incluso oficiosa.

A la fecha, la mayoría de las vacunas recibidas han sido a través del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, quien destinó, 85 mil 80 de la casa farmacéutica Pfizer y que recientemente recibió 51 mil 480 dosis.

En total El Salvador ha recibido cerca de 105 mil 80 dosis de vacunas contra la covid-19 de dos casas farmacéuticas, incluyendo las 33,600 compradas a AstraZeneca.

Gobierno prioriza a cuerpos de seguridad

Contrario al discurso del presidente Bukele de vacunar primero al personal de salud, entre médicos y enfermeras de la red nacional y privada, soldados, policías y periodistas del gobierno, han sido los elegidos para recibir la inmunización.

Una investigación periodística de la revista Gato Encerrado, publicó que los galenos no tienen conocimiento de cuándo serán vacunados y si tienen la suerte de aparecer en la lista, tampoco hay fecha para recibirla.

El doctor, Alcides Gómez, secretario del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, recibió la vacuna sin previo aviso y a su juicio hay “desorden” la forma en que están vacunando: “Tengo entendido que el Hospital Rosales hizo su propia programación y luego el Ministerio de Salud lo cambió. No hay claridad en la información”, manifestó.

El medio de comunicación también consultó a Ulises Granados, secretario general del Sindicato de Enfermería del ISSS, quien confirmó que ha observado a personal médico que aún está esperando la vacuna, mientras que los administrativos y personal que no tiene contacto directo con los pacientes ya fueron vacunados.

De acuerdo a los profesionales, hubo manipulación de los listados enviados al Ministerio de Salud, ya que los de ellos, dicen, incluía a las clínicas comunales, unidades médicas y en los listados que retornaron al ISSS, era gente que no tenía nada que ver con la primera línea.

Sin embargo, ante la presión Colegio Médico consideraró hacer un llamado a la OPS, el Minsal se apresuró a vacunar a médicos privados mayores de edad. “El mecanismo Covax establecía que había que vacunar médicos públicos y privados”, dijo doctor Jorge Panameño, infectólogo.

No obstante, las estadísticas de Salud, provocan duda sobre la aplicación de la vacuna. Alabí afirmó el pasado 22 de marzo que ya había aplicado 49,079 vacunas, pero las denuncias siguen, incluyendo la de los maestros a quienes el Ministerio de Educación ha dicho que reanuden las clases sin haber recibido la primera Dosis.”

La amenaza de otra ola Covid-19 por las vacaciones de Semana Santa, es una realidad, pero el secretismo y la selectividad para informar sobre el plan de vacunación sigue en el limbo para los salvadoreños.

El último anuncio de Salud es que en las primeras semanas de abril iniciará la fase de vacunación de los salvadoreños con enfermedades crónicas y las personas arriba de 50 años, aunque la información sobre el proceso de inscripción y convocatoria solo las autoridades la conocen.

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Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Corrupción

La corrupción contamina otras áreas de la democracia y empuja la migración

El mensaje de la administración Biden es claro y contundente para el gobierno de El Salvador y el resto de países que conforman el Triángulo Norte.

Para Ricardo Zúniga, quien debe lidiar con las causas de la crisis de la migración en Estados Unidos, la corrupción no es un tema aislado a la migración y tampoco se limita al dinero. “La corrupción contamina otras áreas de la democracia”.

El emisario de la Casa Blanca afirma que “detrás de los fondos desviados a intereses “egoístas”, hay hospitales desabastecidos, barrios inseguros, pobre acceso a la educación y otras necesidades básicas de la población no cubiertas. Y esto empuja a la gente a emigrar de manera irregular”.

Para Ricardo Zúñiga la democracia y el estado de derecho son pilares fundamentales de lo que él denomina “condiciones habilitantes” para que los salvadoreños tengan prosperidad y movilidad social, y con eso se evite o se reduzca la migración irregular.

En ese sentido, la administración Biden deja claro que “la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a Centroamérica y la única manera de eliminar la corrupción y combatir la impunidad, es “trabajar juntos, haciendo una labor técnica objetiva y sobre todo de cara a la población”.

Por ello, una de las primeras reuniones agendadas en su rápida visita fue con las instituciones que trabajan combatiendo los ilícitos, entre estas la Fiscalía General de la República, CICIES, Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la

Asimismo, considera que es necesario disponer de recursos para fortalecer a las dependencias que centran su trabajo en el combate a la corrupción y que Estados Unidos contribuirá con $2 millones para que (CICIES).

“EEEUU los acompaña en esta lucha, seguiremos acompañando a todos los que estén trabajando a favor de la transparencia y el cumplimiento del estado de derecho”, expresó.

Al respecto, el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, reiteró a Zúniga la necesidad de reformas para fortalecer el trabajo de la institución y anunció que ha realizado 25 asistencias a la FGR, entre estas: 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras de Estado, auditorías del 81% de los gastos realizados durante la pandemia, y ayuda en investigación de siete casos integrales a solicitud del fiscal general.

“Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla», indicó Ochaeta, durante la conferencia de prensa tras la reunión con el fiscal general de la república, Raúl Melara, y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Finalmente, Zúniga no paso por alto la propuesta de la sociedad civil en reforzar la CICIES, la cual elogió, porque le da mayor independencia de la Presidencia, mayor autonomía financiera y más facultades para querellar en procesos de corrupción.

Bukele dice vetar Ley CICIES

El gobernante Nayib Bukele, que evadió reunirse con Zúniga, dijo en su cuenta de Twitter que la vetará, dejando atrás su promesa de campaña presidencial.

José Marinero, representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (Fundación DTJ), opina que el presidente fue el impulsor de la CICIES y ahora le “corresponde dar un salto de calidad al mandato de la CICIES y consolidarlo con una ley que pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego sancionada y publicada por el Presidente de la República”.

A este llamado se suman el representante de Cristosal Noah Bullock, quien señala que la CICIES debe ser ratificada para ampliar sus funciones y participar en procesos penales en contra de la corrupción, además, destacó que “la lucha contra la corrupción es algo que la ciudadanía ha pedido”.

Por su parte, Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explica que ya suman 75 organizaciones en esta iniciativa de fortalecer la CICIES a través de una ley que le permita ser más independiente.

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