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Salvadoreños varados, promesa no cumplida

La espera continúa para los connacionales que aún permanecen en diferentes países ante la negativa del gobierno para retornarlos.

A principios de abril, la Sala de lo Constitucional ordenó al gobierno que debería diseñar un plan para traer a los salvadoreños en el exterior que no hayan podido regresar y que debería ser gradual.

En esa misma semana, el presidente Bukele afirmó en cadena nacional que no se tenía la capacidad para traer a todos los salvadoreños varados, porque los centros de contención colapsarían.

Sin embargo, Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia,  dijo a mediados de abril, que el retorno comenzaría el uno de mayo y que serían de manera gradual, pero la realidad de los connacionales es la misma.

Para los familiares de los afectados, el gobierno solo ha dilatado el tema sin mostrar mayor interés en la repatriación como lo han hecho en los países vecinos de Guatemala y Honduras.

Señalan también que el argumento de colapso en centros de contención no tiene lógica, ya que a estas alturas el mismo gobierno dice que centenares están saliendo de los mismos, por lo tanto quedan espacios en los casi 100 albergues para alojarlos y que cumplan con los protocolos establecidos.

También desvirtuaron que pueden estar contagiados, de ser así, ya se tendrían los reportes de las autoridades en cada país. Analistas de la realidad nacional y políticos coinciden que es falta de voluntad de las autoridades salvadoreñas.

Sala da ultimátum gobierno

Desde  abril, la Sala ordenó al Gobierno que diseñe un plan para el retorno 4,800 connacionales que están varados en otros países, según Cancillería.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores junto a otras instituciones ligadas a la la repatriación presentaron el plan, pero la  semana recién finalizada el máximo tribunal la rechazó e hizo observaciones.

En la resolución de los Magistrados, especifican que no tiene fechas definidas ni consigna la cantidad de personas que prevén retornar. Además subraya que las repatriaciones no podrán ser puestas en carácter de «suspendidas» y deben iniciarse según el plazo que se determine.

El mismo fue vetado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele y devuelto al pleno legislativo, quienes superaron el veto presidencial para permitir su retorno.

Salvadoreños en medio de pugna de poderes

En medio de la disputa entre los tres poderes del Estado se encuentran los compatriotas que debido al cierre del Aeropuerto ante la pandemia no lograron retornas.

Carolina Recinos, Comisionada Presidencial, manifestó que les tomaría unas 14 semanas retornarlos, es decir tres meses más fuera del país, sin precisar si recibirían asistencia para mantenerse en esas naciones.

De los 4,800 connacionales, según el censo inicial de Cancillería, hoy son 2,890 personas (boleto comprando para regresar a partir del 17 de marzo)  en 80 países, de los cuales, 1,200 están en condiciones de vulnerabilidad por lo que serán los primeros en retornar.

Manuel Carraza a través del movimiento #VaradosSV, aclaró que “No tenemos bandera política, todos somos azul y blanco y lo único que pedimos es que se cumpla con nuestros derechos a regresar a nuestro país, ver a nuestras familias, y muchos ya no tienen para comer ni donde quedarse, no van a aguantar 14 semanas más”.

Asimismo, aclaró que gracias al gobierno de Argentina  ayudó a repatriar a 100 salvadoreños y que hoy llegaría otros 23. “Sentimos mucha pena que nuestro gobierno  lo anuncio como un logro de ellos”.

Una nota del periódico digital Liberal, desmintió que en el vuelo Panamá vinieran 100 salvadoreños, cuando en realidad solo eran 23, el resto eran del país vecino de Honduras.

Muchos de los vuelos que el gobierno se atribuye, son viajes humanitarios, mientras otros son deportados y no salvadoreños varados en el extranjero como lo hacen creer.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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