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Corrupción

Salud y la corrupción de sobreprecios

El COVID-19 favoreció a que la corrupción se desbordara en diferentes países afectados por la pandemia. En El Salvador, la situación es igual o peor que el resto de naciones latinoamericanas que se han beneficiados del virus con compras fraudulentas.

Las dependencias del Estado involucradas en la crisis sanitaria del covid-19, realizaron compras con sobreprecios y favorecieron a empresas amigas con vínculos familiares. Salud fue una de ellas.

El COVID-19 favoreció a que la corrupción se desbordara en diferentes países afectados por la pandemia. En El Salvador, la situación es igual o peor que el resto de naciones latinoamericanas que se han beneficiados del virus con compras fraudulentas.

Los repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas y la falta de transparencia en adjudicaciones; son algunos casos de la emergencia sanitaria vinculados con actos de corrupción.

En este país centroamericano, donde las maras dominan amplios territorios, el COVID ha sido la excusa perfecta para disfrazar la corrupción y favorecer a empresas y amigos de funcionarios públicos con contratos sobrevalorados, con el objetivo se sacar ventaja económica.

Investigaciones periodísticas que gozan de credibilidad nacional e internacional, aun siendo desvirtuadas por el gobierno a través de sus numerosas plataformas digitales, señalaron a ministros y empresas amigas al gobierno por las millonarias compras de insumos médicos y servicios con sobreprecio.

Uno de los casos que atrajo la atención fue el reportaje de Salud con Lupa, que develó la compra de 400 mil caretas a la empresa INSEMA, propiedad al expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) Jorge Aguilar, y que autorizó Francisco Alabí, ministro de Salud.

Cada una de las 100,000 máscaras adquiridas le costó al Ministerio de Salud (Minsal) $2.50, cuando en el mercado éstas pueden costar entre $1.13 y $1.80 cada una, si se hace una compra de 1,000 o más unidades. Según la orden de compra de Comprasal, tiene fecha del 15 de abril.

Otra compra con aumento de precio y en la que está involucrada la empresa de un familiar del ministro de Salud, es la adquisición de botas de hule por un monto de $225,000.

La empresa proveedora no es del rubro de salud, sino que se dedica a vender repuestos para vehículos llamada Autodo S.A de C.V. En la orden de compra, número 133/2020, aparece la firma del ministro Alabí y la de Celina Quiñonez, tía del ministro de Salud, presidenta y representante legal de dicho negocio.

El ministro también favoreció con la pandemia a su primo José Ángel Montoya Quiñónez, con $19,500 por dos meses de alquiler de una vivienda que funcionó como centro de contención.

Los fondos para pagar estos servicios fueron tomados del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), el cual le permite a Ejecutivo hacer compras directas.

Mascarillas, el gran negocio

El despilfarro de los recursos del Estado por parte del titular de Salud continúa. Este ministerio pagó un sobreprecio de $,300,000 por 1 millón de mascarillas de PVC, fabricadas en Guatemala por Respitec.

La revista Factum difundió la orden de compra hecha por el Minsal, en la que se lee que por esa cantidad de mascarillas desembolsó $3.3 millones, es decir que la unidad costó $3.30.

Al comparar la calidad y precio, importadores locales afirmaron que una KN95 tiene precio unitario es de $1.40, por lo que Salud habría gastado $1.60 más por cada mascarilla.A ese costo, Salud pagó 94 % más de lo que podría haber pagado al adquirir mascarillas KN95 y no mascarillas de PVC, las cuales carecen de la certificación FDA, y no están en los registros del Ministerio de Salud de Guatemala.

Las compras de mascarillas aumentaron, pero éstas nunca llegaron al personal de primera línea, y si llegaron, fue en cantidad limitada; tal como denunciaron los médicos de la red de hospitales públicos.

Sin embargo, el gobierno a través del ministerio de Salud, continuó favoreciendo a amigos con la adjudicación de millones de por medio. El 20 de marzo, Salud pagó $344,000 por un lote de 800,000 mascarillas quirúrgicas a Grupo GME Inversiones, empresa fundada por el diputado René Gustavo Escalante Zelaya, disidente de ARENA y declarado simpatizante de Nuevas Ideas.

La empresa de los hermanos Escalante, según aparece en la escritura de constitución inscrita en el Registro de Comercio, tiene como rubro principal la informática, pero Salud lo beneficia con la compra.

El precio al por mayor de las mascarillas era 0.43 centavos de dólar, $0.17 por encima del precio autorizado en aquel momento por el Gobierno para la venta al público.

De este lote, 179,489 mascarillas salieron defectuosas y Salud pidió cambiar, cuyo costo era de $77,180.27.

A parte de los proveedores locales, uno de los dos principales vendedores de mascarillas KN95 durante la pandemia de Covid 19 fue Lasca Design LLC, empresa con sede de Miami, Florida, especializada en cerámica y porcelana.

A pesar de no ser del rubro de salud, en abril se le adjudicó de un contrato por 3 millones de dólares con el Ministerio de Salud para la provisión de 1.5 millones de mascarillas, a un precio de $2 la unidad.

Estos solo son algunos casos de corrupción que brotaron con la pandemia de Covid.19 y que acumulan informes de compras fraudulentas de insumos médicos que nunca llegaron a los que combaten en primera línea y que ha cobrado la vida de más de 100 profesionales de la salud en El Salvador y siendo el país a nivel centroamericano con más decesos de médicos.

Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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