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Corrupción

Salud y la corrupción de sobreprecios

El COVID-19 favoreció a que la corrupción se desbordara en diferentes países afectados por la pandemia. En El Salvador, la situación es igual o peor que el resto de naciones latinoamericanas que se han beneficiados del virus con compras fraudulentas.

Las dependencias del Estado involucradas en la crisis sanitaria del covid-19, realizaron compras con sobreprecios y favorecieron a empresas amigas con vínculos familiares. Salud fue una de ellas.

El COVID-19 favoreció a que la corrupción se desbordara en diferentes países afectados por la pandemia. En El Salvador, la situación es igual o peor que el resto de naciones latinoamericanas que se han beneficiados del virus con compras fraudulentas.

Los repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas y la falta de transparencia en adjudicaciones; son algunos casos de la emergencia sanitaria vinculados con actos de corrupción.

En este país centroamericano, donde las maras dominan amplios territorios, el COVID ha sido la excusa perfecta para disfrazar la corrupción y favorecer a empresas y amigos de funcionarios públicos con contratos sobrevalorados, con el objetivo se sacar ventaja económica.

Investigaciones periodísticas que gozan de credibilidad nacional e internacional, aun siendo desvirtuadas por el gobierno a través de sus numerosas plataformas digitales, señalaron a ministros y empresas amigas al gobierno por las millonarias compras de insumos médicos y servicios con sobreprecio.

Uno de los casos que atrajo la atención fue el reportaje de Salud con Lupa, que develó la compra de 400 mil caretas a la empresa INSEMA, propiedad al expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) Jorge Aguilar, y que autorizó Francisco Alabí, ministro de Salud.

Cada una de las 100,000 máscaras adquiridas le costó al Ministerio de Salud (Minsal) $2.50, cuando en el mercado éstas pueden costar entre $1.13 y $1.80 cada una, si se hace una compra de 1,000 o más unidades. Según la orden de compra de Comprasal, tiene fecha del 15 de abril.

Otra compra con aumento de precio y en la que está involucrada la empresa de un familiar del ministro de Salud, es la adquisición de botas de hule por un monto de $225,000.

La empresa proveedora no es del rubro de salud, sino que se dedica a vender repuestos para vehículos llamada Autodo S.A de C.V. En la orden de compra, número 133/2020, aparece la firma del ministro Alabí y la de Celina Quiñonez, tía del ministro de Salud, presidenta y representante legal de dicho negocio.

El ministro también favoreció con la pandemia a su primo José Ángel Montoya Quiñónez, con $19,500 por dos meses de alquiler de una vivienda que funcionó como centro de contención.

Los fondos para pagar estos servicios fueron tomados del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), el cual le permite a Ejecutivo hacer compras directas.

Mascarillas, el gran negocio

El despilfarro de los recursos del Estado por parte del titular de Salud continúa. Este ministerio pagó un sobreprecio de $,300,000 por 1 millón de mascarillas de PVC, fabricadas en Guatemala por Respitec.

La revista Factum difundió la orden de compra hecha por el Minsal, en la que se lee que por esa cantidad de mascarillas desembolsó $3.3 millones, es decir que la unidad costó $3.30.

Al comparar la calidad y precio, importadores locales afirmaron que una KN95 tiene precio unitario es de $1.40, por lo que Salud habría gastado $1.60 más por cada mascarilla.A ese costo, Salud pagó 94 % más de lo que podría haber pagado al adquirir mascarillas KN95 y no mascarillas de PVC, las cuales carecen de la certificación FDA, y no están en los registros del Ministerio de Salud de Guatemala.

Las compras de mascarillas aumentaron, pero éstas nunca llegaron al personal de primera línea, y si llegaron, fue en cantidad limitada; tal como denunciaron los médicos de la red de hospitales públicos.

Sin embargo, el gobierno a través del ministerio de Salud, continuó favoreciendo a amigos con la adjudicación de millones de por medio. El 20 de marzo, Salud pagó $344,000 por un lote de 800,000 mascarillas quirúrgicas a Grupo GME Inversiones, empresa fundada por el diputado René Gustavo Escalante Zelaya, disidente de ARENA y declarado simpatizante de Nuevas Ideas.

La empresa de los hermanos Escalante, según aparece en la escritura de constitución inscrita en el Registro de Comercio, tiene como rubro principal la informática, pero Salud lo beneficia con la compra.

El precio al por mayor de las mascarillas era 0.43 centavos de dólar, $0.17 por encima del precio autorizado en aquel momento por el Gobierno para la venta al público.

De este lote, 179,489 mascarillas salieron defectuosas y Salud pidió cambiar, cuyo costo era de $77,180.27.

A parte de los proveedores locales, uno de los dos principales vendedores de mascarillas KN95 durante la pandemia de Covid 19 fue Lasca Design LLC, empresa con sede de Miami, Florida, especializada en cerámica y porcelana.

A pesar de no ser del rubro de salud, en abril se le adjudicó de un contrato por 3 millones de dólares con el Ministerio de Salud para la provisión de 1.5 millones de mascarillas, a un precio de $2 la unidad.

Estos solo son algunos casos de corrupción que brotaron con la pandemia de Covid.19 y que acumulan informes de compras fraudulentas de insumos médicos que nunca llegaron a los que combaten en primera línea y que ha cobrado la vida de más de 100 profesionales de la salud en El Salvador y siendo el país a nivel centroamericano con más decesos de médicos.

Centroamérica

Milton Benítez “El Perro Amarillo” utiliza al pueblo para fines personales.

El controversial comunicador se aleja de la objetividad al tener entre sus financistas a narcotraficantes de Centroamérica.

Benítez, se ha caracterizado por denunciar a funcionarios y empresarios hondureños, vinculados con ilícitos a través de sus redes sociales, pero hoy, muchos de esos personajes financian su candidatura independiente.

De acuerdo con sus críticos, “El Perro Amarillo” abandonó la supuesta objetividad que abanderó desde su programa en redes sociales, el cual utiliza como trinchera para atacar y denunciar a funcionarios y empresarios de Honduras.

Sin embargo, hoy es señalado de “venderse al mejor postor” para manipular a la población a fin de ganar simpatía y asegurar la silla presidencial de esa nación centroamericana y con ello favorecer a las mafias.

La fuente que pidió el anonimato, señala que Pepe Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, el Tigre Bonilla, el Capitán Santos Orellana, también el Colegio Médico Hondureño y los herederos de los Cachiros, son algunos que financian su candidatura.

Con estos patrocinios, Milton Figueroa Benítez se quita la máscara y revela los intereses partidarios que lo mueven para “cumplir las órdenes de sus financistas y centrar los ataques contra sus críticos del sector privado y del gobierno de Juan Orlando Hernández.

La mayoría de quienes apoyan económicamente su candidatura, tienen un pasado de corrupción, tal es el caso de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Pepe Lobo, acusada en septiembre de 2019 de apropiarse de casi $500 mil de los fondos públicos provenientes de donaciones internacionales.

No obstante, el “perro amarrillo”, defiende en sus redes sociales al exfuncionario y a su esposa, desvirtuando cualquier acusación contra ellos ya que afirma que se trata de un complot.

Otro de los financistas vinculados al narcotráfico son los herederos de Los Cachiros, una de las familias más mafiosas de la región centroamericana, están respaldando a su candidatura, elevando las dudas sobre la veracidad y parcialidad del comunicador.

Milton Benítez usa el descontento del pueblo y se presenta como la única opción para combatir la corrupción, el mismo mensaje que el presidente salvadoreño empleó y que ahora es criticado por las organizaciones de la sociedad civil de haber engañado a la población y poner en riesgo la democracia.

Se trata de discursos demagógicos con los cuales buscan manipular a la población más vulnerables y al igual que Nayib Bukele, Benítez se presenta como “el salvador” de los hondureños que terminará con la corrupción, una corrupción que asolapa a cambio del apoyo financiero de las mafias de Honduras, señala la fuente.

Los críticos también sostienen que los negocios del comunicador con las mafias no son nuevos y que la campaña en contra de JOH es una estrategia mediática por parte de los narcotraficantes para financiar campañas por medio de amigos periodistas y quitar del paso a sus adversarios.

Por otra parte, en las salas de redacción y en el ambiente político se cuestiona la tendencia del espacio de opinión de El Perro Amarillo, que ha arreciado los ataques hacia varios sectores hondureños, con mayor énfasis al Gobierno de JOH y empresarios nacionales.

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Corrupción

EE.UU y Reino Unido inician sanciones a funcionarios corruptos del Triángulo Norte.

Ambas naciones están decididas a combatir los actos ilícitos y han iniciado con Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Las penalizaciones han comenzado penalizando a funcionarios vinculados con la corrupción en los países que son parte del Triángulo Norte.

En Guatemala, las sanciones son para un funcionario y un exfuncionario, se trata de Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana, sobre quien pesa serias acusaciones, entre ellas interferir con el proceso de selección judicial para designar a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala y a la Corte de Apelaciones.  

Según el Departamento de Estado, Alejos sirvió como secretario privado para la administración presidencial 2008-2012 de Álvaro Colom, y Felipe Alejos es un diputado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.  

De acuerdo al informe, ambos funcionarios facilitaron pagos a diputados del Congreso y a jueces en un intento de influenciar el proceso de selección de magistrados para ambas cortes y para asegurar resoluciones judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos, así como a magistrados de la CSJ, de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción.     

“Estas acciones de sanción se realizan en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción.  

Al coordinarnos con socios globales con ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluyendo la interrupción de acceso al sistema financiero internacional por actores corruptos y sus redes”, cita el comunicado de prensa del Secretario de Estado, Antony J. Blinken.

Asimismo, se detalla que los funcionarios sancionados son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Tras el anuncio, la vicepresidenta Kamala Harris se reunión de manera virtual con el presidente guatemalteco, para anunciar que aumentarán la ayuda en la región a fin de gestionar la migración de una forma segura y humana, mientras buscan los medios para calmar la crisis migratoria en la frontera con México.

«Queremos trabajar con usted (…) de una manera que le brinde esperanza al pueblo de Guatemala, que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa», manifestó Harris.

Es la segunda conversación que la funcionaria sostiene con el gobernante, Alejandro Giammattei. Se tiene previsto que Harris visite a esa nación en el mes de junio.

Mas sanciones a Centroamérica

El Gobierno británico quien también congeló activos y vetó la entrada a tres personas con cargos públicos en Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, dijo que son tres centroamericanos incluidos en una lista de 22 personas y entidades a las que el Reino Unido impuso sanciones en el marco de un nuevo régimen contra la corrupción internacional.

Oscar Ramón Nájera, diputado hondureño, utilizó su cargo «para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas», identificada como «Los Cachiros».

Asimismo, se castigó al guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, a quien el Reino Unido considera responsable de «utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos», siendo su segunda sanción.

Por último, el Reino Unido sanciona al nicaragüense José Francisco López Centeno, que como vicepresidente de la compañía estatal Albanisa ha estado involucrado en casos de «apropiación indebida».

«Durante su liderazgo, fondos púbicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados», indica el Gobierno británico, que le acusa de «privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo».

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