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Sala notifica a FGR incumplimiento de su resolución a la exigencia de prueba PCR para salvadoreños que ingresan al país.

La medida precautoria decretada el 14 de septiembre pasado fue inobservada por las autoridades, las cuales son señales de posibles delitos de desobediencia, actos arbitrarios coacción e incumplimiento de deberes, entre otros.

Hace ocho días, Magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron una medida cautelar y que dejó sin efecto la exigencia de una prueba PCR con resultado negativo para covid-19.

Dicha medida cautelar era con el objetivo de preservar los derechos hasta que se emitiera un fallo definitivo, pero el presidente arremetió vía twitter acusándolos de “desmantelar y dejando a la sociedad sin control estatal”.

Para disfrazar su desobediencia a la sentencia y por disposición del Ejecutivo, junto a una institución autónoma, se trasladó la responsabilidad a las aerolíneas para que ellas exigieran la prueba, como requisito para aterrizar en la terminal aérea, de lo contrario cerraría de nuevo. La prueba de PCR también se estaría exigiendo en las fronteras terrestres.

Por lo tanto y ante la inobservancia de la medida cautelar adoptada en el proceso por parte de las instituciones involucradas, específicamente la Dirección General de Migración y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Sala de lo Constitucional dio aviso hoy y certifica167-2020 a la Fiscalía General por incumplimiento a la medida precautoria decretada el 14 de septiembre de 2020 y de posibles delitos de funcionarios de gobierno.

De esta manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dapor incumplida su resolución sobre las pruebas negativas a covid-19 exigidas a los pasajeros.

Para el tribunal, el gobierno obstaculizó el ingreso de salvadoreños o extranjeros con residencia en el territorio nacional por no presentar la prueba y tildo estas acciones como un artilugio, subterfugio o fraude.

Asimismo, manifiesta que “la orden girada a las aerolíneas es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir a particulares el ejercicio de un acto de autoridad a fin de sortear la resolución judicial que suspendió los efectos de este acto, incluso con la amenaza de una sanción económica por su incumplimiento”.

En la notificación, la Sala manifiesta que “el 19 de septiembre, la Dirección General de Migración y Extranjería comunicó que “las aerolíneas que quieran aterrizar a El Salvador deben exigir a todos sus pasajeros, nacionales o extranjeros, a excepción de la tripulación, diplomáticos y niños menores de 2 años, una prueba PCR negativa, emitida por el laboratorio, un máximo de 72 horas antes de abordar el vuelo”.

De acuerdo a la resolución emitida hoy, este subterfugio erosiona el Estado de Derecho y produce el efecto de “configurar de facto una prohibición de ingreso” al país para los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva que no presentaron la prueba”.