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Sala de lo Constitucional sin protagonismo y democracia del país a la deriva.

Ya lo han dicho abogados constitucionalistas y organismos internacionales que velan por el orden constitucional y los derechos humanos, la democracia de El Salvador es joven y está en riesgo por el autoritarismo del presidente Bukele.

El máximo tribunal asegura que sus resoluciones no son opcionales para el Ejecutivo, sin embargo lo que prevalece es un abuso de autoridad del Presidente de la República y el Órgano Judicial  se queda de “brazos cruzados”.

Ya lo han dicho abogados constitucionalistas y organismos internacionales que velan por el orden constitucional y los derechos humanos, la democracia de El Salvador es joven y está en riesgo por el autoritarismo del presidente Bukele.

Lo más delicado, sostienen los especialistas, es que pareciera que la Sala  Constitucional  “no existe” o ¿dónde está? y ante la falta de ese protagonismo para ejercer el rol que le confiere la Constitución de la República,  se deja pisotear  abiertamente por el mandatario salvadoreño.

Además, hasta hoy las resoluciones temporales emitidas por el máximo tribunal son letra muerta en manos de Bukele y sin validez porque  gobierna con chantajes, haciéndose valer de una popularidad “comprada”  e irrespetando al resto de los poderes del Estado.

Esta usurpación, ha sido denunciada en repetidas ocasiones por organizaciones de abogados expresando que, “el gobierno excedió sus facultades al emitir Decretos y «prórrogas» del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, y la Sala no da señales de actuar de acuerdo a la ley de la República. Se queda solo en dar resoluciones, las cuales no se cumplen. #SalaResuelveYa

Uno de los últimos decretos fue el de la cautelar en el sentido de que se suspendía  inmediata y provisional los efectos del Decreto Ejecutivo n° 18, publicado en el Diario Oficial n° 99, tomo n° 427, de 16 de mayo de 2020”, según cita la resolución del tribunal.

En él, la Sala argumenta que el gobierno amplió el estado de emergencia, usurpando las funciones de la Asamblea Legislativa, lo cual llevó a la suspensión el pasado18 de mayo, al aceptar una de las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas en contra de dicho decreto. 

En la misma cita que “mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece”, pero esta orden quedó en papel, ya que los derechos de los ciudadanos siguen violentándose por las autoridades de gobierno, mientras el país  sigue a la deriva, con deudas y sin productividad y la Sala, ¿dónde está? #DóndeEstáLaSala

El hacerse el “ojo pacho”,  le resta credibilidad a la Sala de lo Constitucional, sobre todo cuando  el mismo asesor de la Presidencia, Conan Castro, admitió  que CAPRES había usurpado funciones de la Asamblea, al que el decreto ejecutivo de declaratoria de emergencia es, en realidad, el mismo DL 593  (Ley de declaratoria de estado de emergencia), “sin tocarle una coma” y reconoció que el Presidente invade funciones de la Asamblea Legislativa.

Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana, dijo que a su juicio, Sala de lo Constitucional debería pronunciarse al respecto lo antes posible, ya que se han usurpado las funciones de la Asamblea.

 “Espero que la Sala de lo Constitucional se pronuncie rápido, además de la Fiscalía General de la República (FGR) para que hagan notar que estamos en una ilegalidad e inconstitucionalidad y hay responsabilidades para personas que promueven esto”, dijo Sáenz. El Salvador, urge de una Sala de lo Constitucional con carácter, que haga prevalecer la Ley y que garantice la democracia. El Salvador viene de un pasado de violencia y odio, por lo tanto la ciudanía demanda que el Órgano Judicial actúe y salga en defensa de los derechos constitucionales de los salvadoreños.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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