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Corrupción

Rolando Castro llama “palabrero” a Ernesto Muyshondt

La luna de miel terminó entre los funcionarios tras serias acusaciones y señalamientos.

La luna de miel terminó entre los funcionarios tras serias acusaciones y señalamientos.

El titular del ministerio de Trabajo, Rolando Castro tildó de “terrorista, palabrero y mentiroso” al alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, ante los señalamientos de intervenir dentro de las elecciones internas de ARENA.

De acuerdo al edil, las anomalías registradas en este instituto político son inducidas por organizaciones externas en complicidad con Castro, a quien llamo “ministro sindicalista” y acusó de manipular a los “malos areneros”, ligado a una planilla que busca dañar y calumniar.

Asimismo, dijo que Rolando Castro ha mantenido un acoso y un hostigamiento permanente desde que era miembro del sindicato ASTRAM y ahora lo hace desde su despacho.

En su defensa, el ministro de Trabajo y ex secretario de relaciones de  organismo sindical, se desvinculó de las aseveraciones de Muyshondt y arremetió tras expresar que “no conozco a Manzur, nunca lo he visto personalmente, al que sí conozco es a un terrorista que ha financiado la delincuencia y que es tan mentiroso y descarado que hasta en los videos, aparece con un gran montón de dinero, aparece negociando y dice que es Inocente y está procesado”. 

Ahora resulta que el negociador con las Pandillas, el que aparece con fajos de billetes, financiando logística y que todavía dice que mostrará su inocencia en los tribunales, dice que me va demandar, no digo pues! Hasta donde han llegado los delincuentes», puntualizó Castro.

Castro y Muyshondt , mantuvieron una “amistad”  en el 2019 y ambos se lanzaron elogios electorales y el ahora ministro ofreció hasta 17,000 votos del sindicato como apoyo a su candidatura de marzo de ese año.  

Muyshondt “el palabrero”

El pasado viernes 17 de julio, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, compartió un video que dejó al descubierto una reunión del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, con pandillas, a las que habría entregado dinero para que Norman Quijano ganara en las elecciones del 2014.

Ante las declaraciones del Alcalde Palabrero “no seguiré tu juego, un Ministro No debe rebajarse a debatir con un delincuente, seguiré trabajando y como un delincuente que eres, te veré en los tribunales y te caerá todo el peso de la ley” sentenció Castro

Al mismo tiempo hizo un llamado hacia la Fiscalía General de la República para que inicie el proceso sobre las denuncias que han interpuesto contra el alcalde de San Salvador y Santa Tecla, por violaciones a los derechos labores.

Muyshondt se ha caracterizado por mantener una relación política y “conveniente con el gabinete de gobierno de Nayib Bukele, sin embargo, tras la contienda política la ruptura es más que evidente, señalan analistas políticos. Y hacen referencia a “mal paga el diablo a quien bien le sirve”.

Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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Centroamérica

Propuesta de perseguir delitos ya prescritos es inconstitucional

El plan “anticorrupción” del Gobierno plantea reformar el Código penal para perseguir delitos de hace 30 años. El artículo 21 de la Constitución aclara que en materia penal existe retroactividad solo si beneficia al reo.

“Muy bien abrir un debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La mejor manera de hacerlo creíble es corregir la evidente inconstitucionalidad que pretende hacer la reforma retroactiva y luego comenzar por casa a luchar contra los corruptos del presente”.

Así reaccionó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, a la propuesta de reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo. Ayer, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma que consiste en modificar el artículo 32 de esta normativa.

“Incorporamos todos los delitos del título XVI, capítulo II y III, que comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; y el III, donde los particulares son los que corrompen a los funcionarios públicos”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva, y agregó que incluye a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

La propuesta de reforma que pasó a estudio de la comisión de legislación y puntos constitucionales establece que surtiría efectos de forma retroactiva.

“La presente disposición es de orden público y sustituirá efectos de forma retroactiva, debiendo aplicarse la anterior disposición independientemente de la fecha en que se hayan cometido los hechos que se refiere a la reforma contenida en el presente decreto legislativo”, reza el artículo 2 de la propuesta.

¿Qué dicen los juristas?

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, destacó que regresar al pasado sería inconstitucional.“Una reforma de este tipo sería inconstitucional. El que le ponga la pena y que lo declare inprescriptible de aquí a futuro no hay ningún problema, pero que puedan regresar al pasado eso si sería inconstitucional”, dijo.

Marinero dijo que la reforma contraviene otros artículos de la Constitución. “Sobre la retroactividad, yo creo que está clarísimo que esta reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución, ellos ya lo saben, creo que esa es una discusión que no hace falta tener, ya lo saben que esta disposición no puede ser aplicada a los hechos sucedidos en el pasado , que es una discusión en este momento casi inoficiosa porque no hay un tribunal constitucional independiente que pueda resolver una posible controversia con esa ley”, explicó.

El artículo 21 de la Constitución indica que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

Marinero destacó el momento en que ocurre esta propuesta y citó como ejemplo la política de opacidad y resistencia a rendición de cuentas, la llamada Ley Alabí, el rechazo a las reformas de la CICIES, la descalificación y a ataque a la lista Engel entre otros.

“A partir de las declaraciones que el presidente ya dio en tuiter y la velocidad con la que se esta haciendo esta reforma, y el contexto más parece que tiene las mismas intenciones digamos de la instrumentalización de la justicia”, agregó.

La abogada penalista, Marcela Galeas opinó que falta claridad en el ámbito de la temporalidad aplicable.

“No me parece que esté muy explicado en cuanto al ámbito de temporalidad aplicable, no habla de los efectos, la reforma se queda bastante corta, habla de los hechos pasados pero no establece a qué tipos de hechos, deja muchas dudas y crea un esquema de inseguridad jurídica en cuanto a la persecución penal de estos delitos”, concluyó.

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