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Corrupción

¿Quiénes son los venezolanos que asesoran a Bukele?

Los asesores venezolanos que trabajan para Bukele son parte del clan López- Guaidó y según lo han denunciado sindicalistas, toman decisiones en el gobierno en el área de salud, incluso dando indicaciones de a quiénes sí realizarles una prueba de COVID y a quiénes no y cuáles son los datos que se deben revelar y cuáles no.

Cinco venezolanos que trabajan como asesores para Nayib Bukele son amigos y socios del Leopoldo López, preso por impulsar un fallido golpe de estado contra Nicolás Maduro, algunos de ellos han sido vinculados a actos de corrupción. El pago que el Gobierno hace a los asesores venezolanos ronda los $40 mil mensuales.

Los asesores venezolanos que trabajan para Bukele son parte del clan López- Guaidó y según lo han denunciado sindicalistas, toman decisiones en el gobierno en el área de salud, incluso dando indicaciones de a quiénes sí realizarles una prueba de COVID y a quiénes no y cuáles son los datos que se deben revelar y cuáles no.

Irónicamente, este grupo de asesores del presidente están en contra de la dictadura de Venezuela, pero la promueven en El Salvador, alentando el autoritarismo de gobernante millenial.

Uno de los asesores de Bukele es Lester Javier Toledo Sorto, coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad Venezuela y exdiputado partido Voluntad Popular (VP), del líder golpista Leopoldo López.

Toledo está vinculado con el fraude de la ayuda humanitaria que Juan Guaidó recibió en Colombia. Según el columnista Orlando Avendaño del PanAm Post, Toledo se apropió de los fondos para la ayuda humanitaria de los venezolanos que se encuentran en la frontera de Colombia, mediante “desvío de dineros, malversación de fondos, inflación de cifras  y fraude”,

Además, Toledo ha sido denunciado por la malversación de los fondos y el lujoso estilo de vida que lleva, sin poder justificar la procedencia de esos recursos, mientras miles de sus connacionales padecen hambre dentro y fuera de esa nación Sudamericana.

Sin embargo, ese antecedente parece que no es relevante para Bukele, ya que Lester Toledo, hoy es el asesor de enlace entre Juan Guaidó y el gobernante. De acuerdo  a una fuente cercana al gobierno, este grupo de supuestos asesores estaría devengando un salario que sobrepasa los $8,000 cada uno, el doble de lo que ha devengado cualquier presidente del país.

Los otros asesores

Sara Hanna y Miguel Arvelo Sánchez, también se suman a la planilla de supuestos “servicios profesionales”. Ambos son amigos y socios de Leopoldo López y llegaron a El Salvador a través de la empresa Salto Ángel Political Consulting, cuyos contratos son por asesoría gubernamental.

Recientemente, estos venezolanos fueron señalados como responsables de manipulación de los resultados de los exámenes para detectar casos de Covid-19, saltando las políticas del ejercicio de la profesión de extranjeros y cuyas profesiones no corresponden al ramo de salud. La primera es Asesora de Imagen y el segundo, médico veterinario, que se mueve en el Ministerio de Salud y en la CICIES.

Hanna es una opositora al régimen de Maduro y asistente de Leopoldo López y miembro de la Fundación Futuro Presente, señalada de financiar la logística de la Operación Gedeón y que sirvió como fachada para camuflar los pagos y financiamiento de alquileres de los diversos campamentos donde se entrenaron los mercenarios.

En el caso de Miguel Ángel Sabal Matheus, se dice que su especialidad es “trolero”, Güarimbas (lugar de refugio usado durante las manifestaciones contra el gobierno), involucrado en lavado de dinero de NED y PES, vinculado a USAID. Su nombre saltó al escenario al ser vinculado con la apropiación de los fondos para la ayuda humanitaria en Colombia.

Además, fue “designado por el Gobierno de Juan Guaidó para manejar todo lo relacionado a Usaid”. Tal vez a partir de allí, es que su figura se convierte en pieza importante dentro del dantesco cuento.

En el 2018, Miguel Ángel Sabal, figuraba como director de la fundación Futuro y esta firma comercial se asocia al Plan de Salida del 2014, especialmente por utilizar recursos procedentes de la NED dirigidos al programa Lidera, que formaba los cuadros redes populares juveniles del partido Voluntad Popular”. También es señalado por reclutar jóvenes para alterar el orden público

Por su parte Juan Carlos Gutiérrez, ha sido designado por Bukele como delegado de Casa Presidencial en la CICIES y un puesto más en el MITUR, además trabaja organizando el trabajo de campo de Nuevas ideas. Juan Carlos Gutiérrez fue el abogado defensor de Leopoldo López por el caso de golpe de Estado.

Nayib Bukele ha contratado a asesores relacionados a un golpe de estado en Venezuela, que han trabajado con Juan Guaidó, Leopoldo López y son parte del equipo al servicio de Juan José Rendón.

Según de analistas políticos nacionales y extranjeros, Bukele se está rodeando de aliados golpistas y exiliados políticos que aparentemente están contra las dictaduras, pero aquí en El Salvador, trabajan incansablemente por posicionar la imagen de Bukele, que ha recibido críticas internacionales por sus actos propios de un dictador.

Ante esto también surgen otras preguntas: ¿Está financiando Bukele a la oposición en Venezuela? ¿Esta asesoría tiene como objetivo desestabilizar la derecha y la empresa privada salvadoreña? ¿Este grupo tiene relación con el Tareck El Aissami? ¿Qué relación tiene Bukele con Tareck El Aissami y José Luis Merino?

Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Corrupción

La corrupción contamina otras áreas de la democracia y empuja la migración

El mensaje de la administración Biden es claro y contundente para el gobierno de El Salvador y el resto de países que conforman el Triángulo Norte.

Para Ricardo Zúniga, quien debe lidiar con las causas de la crisis de la migración en Estados Unidos, la corrupción no es un tema aislado a la migración y tampoco se limita al dinero. “La corrupción contamina otras áreas de la democracia”.

El emisario de la Casa Blanca afirma que “detrás de los fondos desviados a intereses “egoístas”, hay hospitales desabastecidos, barrios inseguros, pobre acceso a la educación y otras necesidades básicas de la población no cubiertas. Y esto empuja a la gente a emigrar de manera irregular”.

Para Ricardo Zúñiga la democracia y el estado de derecho son pilares fundamentales de lo que él denomina “condiciones habilitantes” para que los salvadoreños tengan prosperidad y movilidad social, y con eso se evite o se reduzca la migración irregular.

En ese sentido, la administración Biden deja claro que “la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a Centroamérica y la única manera de eliminar la corrupción y combatir la impunidad, es “trabajar juntos, haciendo una labor técnica objetiva y sobre todo de cara a la población”.

Por ello, una de las primeras reuniones agendadas en su rápida visita fue con las instituciones que trabajan combatiendo los ilícitos, entre estas la Fiscalía General de la República, CICIES, Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la

Asimismo, considera que es necesario disponer de recursos para fortalecer a las dependencias que centran su trabajo en el combate a la corrupción y que Estados Unidos contribuirá con $2 millones para que (CICIES).

“EEEUU los acompaña en esta lucha, seguiremos acompañando a todos los que estén trabajando a favor de la transparencia y el cumplimiento del estado de derecho”, expresó.

Al respecto, el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, reiteró a Zúniga la necesidad de reformas para fortalecer el trabajo de la institución y anunció que ha realizado 25 asistencias a la FGR, entre estas: 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras de Estado, auditorías del 81% de los gastos realizados durante la pandemia, y ayuda en investigación de siete casos integrales a solicitud del fiscal general.

“Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla», indicó Ochaeta, durante la conferencia de prensa tras la reunión con el fiscal general de la república, Raúl Melara, y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Finalmente, Zúniga no paso por alto la propuesta de la sociedad civil en reforzar la CICIES, la cual elogió, porque le da mayor independencia de la Presidencia, mayor autonomía financiera y más facultades para querellar en procesos de corrupción.

Bukele dice vetar Ley CICIES

El gobernante Nayib Bukele, que evadió reunirse con Zúniga, dijo en su cuenta de Twitter que la vetará, dejando atrás su promesa de campaña presidencial.

José Marinero, representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (Fundación DTJ), opina que el presidente fue el impulsor de la CICIES y ahora le “corresponde dar un salto de calidad al mandato de la CICIES y consolidarlo con una ley que pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego sancionada y publicada por el Presidente de la República”.

A este llamado se suman el representante de Cristosal Noah Bullock, quien señala que la CICIES debe ser ratificada para ampliar sus funciones y participar en procesos penales en contra de la corrupción, además, destacó que “la lucha contra la corrupción es algo que la ciudadanía ha pedido”.

Por su parte, Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explica que ya suman 75 organizaciones en esta iniciativa de fortalecer la CICIES a través de una ley que le permita ser más independiente.

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