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Centroamérica

Propuesta de perseguir delitos ya prescritos es inconstitucional

El plan “anticorrupción” del Gobierno plantea reformar el Código penal para perseguir delitos de hace 30 años. El artículo 21 de la Constitución aclara que en materia penal existe retroactividad solo si beneficia al reo.

“Muy bien abrir un debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La mejor manera de hacerlo creíble es corregir la evidente inconstitucionalidad que pretende hacer la reforma retroactiva y luego comenzar por casa a luchar contra los corruptos del presente”.

Así reaccionó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, a la propuesta de reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo. Ayer, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma que consiste en modificar el artículo 32 de esta normativa.

“Incorporamos todos los delitos del título XVI, capítulo II y III, que comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; y el III, donde los particulares son los que corrompen a los funcionarios públicos”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva, y agregó que incluye a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

La propuesta de reforma que pasó a estudio de la comisión de legislación y puntos constitucionales establece que surtiría efectos de forma retroactiva.

“La presente disposición es de orden público y sustituirá efectos de forma retroactiva, debiendo aplicarse la anterior disposición independientemente de la fecha en que se hayan cometido los hechos que se refiere a la reforma contenida en el presente decreto legislativo”, reza el artículo 2 de la propuesta.

¿Qué dicen los juristas?

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, destacó que regresar al pasado sería inconstitucional.“Una reforma de este tipo sería inconstitucional. El que le ponga la pena y que lo declare inprescriptible de aquí a futuro no hay ningún problema, pero que puedan regresar al pasado eso si sería inconstitucional”, dijo.

Marinero dijo que la reforma contraviene otros artículos de la Constitución. “Sobre la retroactividad, yo creo que está clarísimo que esta reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución, ellos ya lo saben, creo que esa es una discusión que no hace falta tener, ya lo saben que esta disposición no puede ser aplicada a los hechos sucedidos en el pasado , que es una discusión en este momento casi inoficiosa porque no hay un tribunal constitucional independiente que pueda resolver una posible controversia con esa ley”, explicó.

El artículo 21 de la Constitución indica que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

Marinero destacó el momento en que ocurre esta propuesta y citó como ejemplo la política de opacidad y resistencia a rendición de cuentas, la llamada Ley Alabí, el rechazo a las reformas de la CICIES, la descalificación y a ataque a la lista Engel entre otros.

“A partir de las declaraciones que el presidente ya dio en tuiter y la velocidad con la que se esta haciendo esta reforma, y el contexto más parece que tiene las mismas intenciones digamos de la instrumentalización de la justicia”, agregó.

La abogada penalista, Marcela Galeas opinó que falta claridad en el ámbito de la temporalidad aplicable.

“No me parece que esté muy explicado en cuanto al ámbito de temporalidad aplicable, no habla de los efectos, la reforma se queda bastante corta, habla de los hechos pasados pero no establece a qué tipos de hechos, deja muchas dudas y crea un esquema de inseguridad jurídica en cuanto a la persecución penal de estos delitos”, concluyó.

Centroamérica

“Ley especial de regulación de los servicios de seguridad”, dejará sin empleo a miles de trabajadores.

En el salvador existen cerca de 434 acreditadas en el Centro Nacional de Registro, que generan 27 mil empleos directos. La nueva normativa provocaría mayor desempleo en el país, incluyendo 45 mil más indirectos del mismo rubro.

Diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social pretenden regular los servicios de Seguridad privada con esta iniciativa de ley.

Al respecto, la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), que aglutina a 80 empresas y a más de 15 mil colaboradores, se muestran respetuosos a la propuesta parlamentaria, pero hacen algunas observaciones a la misma sin la intensión de incumplirla.

Asimismo, reconocen que existen vacíos y fallas en la normativa actual, por lo que la iniciativa de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es de total atinencia y urgente aprobación e implementación.

Sin embargo, las regulaciones plasmadas en el anteproyecto contienen algunos puntos sensibles, que impactarán económicamente a todos los sectores involucrados en el quehacer de la seguridad privada y finalmente al pueblo salvadoreño.

 Uno de ellos es que paracumplir la ley definitivamente hay que aumentar el costo del servicio que, con el aumento del salario mínimo, sería una cantidad imposible de cubrir por los clientes, en su mayoría colonias y pequeños negocios que son asediados por la delincuencia.

Por ejemplo, el turno de 24 horas, paso de$836 a casi $1,100 dólares y con la implementación de la ley como está, pasará de $1,100 a $2,600 dólares aproximadamente.

Dicho incremento, asegura laUNAPS, tendrá que trasladarse al cliente, pues la mayoría de empresas de seguridad sobrepasan los 100 empleados y no podrán accesar al subsidio ofrecido por el Señor Presidente de la República.

Ante tal situación, implementar la ley, tal como está, generará desempleo por la reducción de agentes ante el incremento del precio de los servicios de seguridad.

 La organización manifiesta que, a la fecha, se ha reducido la demanda de guardias en un aproximado del 6% equivalente a 4,050 empleos perdidos por la negativa de los clientes a pagar el aumento o cierre de empresas.

Otro punto de preocupación de la Unión Nacional de Agencias de Seguridad Privada es el tema del seguro de vida, el cual se ha incrementado en un 320%, mucho mayor que el seguro de soldados y ejército.

De igual manera, las multas contempladas en la propuesta de ley se incrementa en algunos casos de $57.14 dólares a $29,200 dólares, sobrepasando parámetros de proporcionalidad, establecidos por jurisprudencia constitucional.

En ese sentido, UNAPS y para cumplir con ley, propone que la comisión de Trabajo y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, previo a aprobar la ley, convoque a una gran Mesa de Dialogo Nacional donde estén representados todos los actores de la seguridad privada, para buscar consensos y lo mejor para todos.

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Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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