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Corrupción

PROES identifica 33 casos de corrupción en gobierno de Bukele

Para la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), la gestión del presidente Nayib Bukele se ha visto marcada por contínuos actos que generan la sospecha de corrupción.

La Asociación de Profesionales por la Transformación (PROES) señala altos indicios de corrupción entre altos funcionarios, entre los que menciona Pablo Anliker, Francisco Alabí y Jorge Aguilar.

Para la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), la gestión del presidente Nayib Bukele se ha visto marcada por contínuos actos que generan la sospecha de corrupción.

A la fecha, dijo haber contabilizado más de 33 hechos que apuntan un mal manejo de los fondos sobre el uso y destino para atender la pandemia de covid-19 y en los que estarían involucrados el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, el ministro de Salud, Francisco Alabí y el expresidente de Fonaes, Jorge Aguilar.

Johana Flores, socióloga y representante de PROES, recalcó que la “reacción del presidente no ha sido contundente ante estos casos de corrupción”, sobre todo porque al inicio de la emergencia sanitaria afirmó que no iba a permitir actos de corrupción por parte de sus funcionarios.

De acuerdo al registro en el llamado Cuaderno de Análisis, creado para dar a conocer los hechos de corrupción, PROES ha contabilizado al menos 33 casos de corrupción.

De total casos acumulados, solo 25 se han dado durante el periodo de emergencia por COVID-19, donde sobresalen las compras sobrevaluadas, compras a empresas vinculadas a funcionarios de Gobierno, mal uso de transferencias monetarias y los recursos obtenido de las donaciones.

Según la representante de esta organización que vela por la transparencia, “alrededor de $145 millones está involucrado en actos de corrupción, una cifra alarmante, sin incluir lo que ha cuestionado la Asamblea Legislativa por el uso de los $250 millones por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otros detalles que no han sido públicos y hay denuncias”.

En el caso de Pablo Anliker, hay una investigación por el mal manejo de $250 millones por la emergencia sanitaria. Algunas de las compras que levantaron sospecha son, entre otras, las adjudicadas a una empresa brasileña envuelta en un escándalo de corrupción y a la que le compró $9,2 millones de alimentos.

El MAG también es responsable de favorecer con $1.2 millones a la empresa de inversiones, propiedad a la familia de Koky Aguilar, quien fue el proveedor de alimentos.

A Salud, PROES le cuestiona la compra de equipos de protección para profesionales en primera línea que no están certificados, así como la compras con precios sobrevalorados arriba del precio en el mercado.

Con este análisis, PROES pidió que se cree una comisión para que se investiguen todos los casos de corrupción en el que se vinculan fondos del Estado y en el que se incluya también la supuesta negociación del Gobierno con pandillas.

La Asociación de Profesionales por la Transparencia de El Salvador consideran que tras “estos hechos se deberían de estar siendo investigados por las instituciones encargadas de auditar el uso de recursos públicos, como la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República”, pero en su lugar, éstas asumen una actitud contemplativa ante los hechos denunciados.

Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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