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PROES identifica 33 casos de corrupción en gobierno de Bukele

La Asociación de Profesionales por la Transformación (PROES) señala altos indicios de corrupción entre altos funcionarios, entre los que menciona Pablo Anliker, Francisco Alabí y Jorge Aguilar.

Para la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), la gestión del presidente Nayib Bukele se ha visto marcada por contínuos actos que generan la sospecha de corrupción.

A la fecha, dijo haber contabilizado más de 33 hechos que apuntan un mal manejo de los fondos sobre el uso y destino para atender la pandemia de covid-19 y en los que estarían involucrados el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, el ministro de Salud, Francisco Alabí y el expresidente de Fonaes, Jorge Aguilar.

Johana Flores, socióloga y representante de PROES, recalcó que la “reacción del presidente no ha sido contundente ante estos casos de corrupción”, sobre todo porque al inicio de la emergencia sanitaria afirmó que no iba a permitir actos de corrupción por parte de sus funcionarios.

De acuerdo al registro en el llamado Cuaderno de Análisis, creado para dar a conocer los hechos de corrupción, PROES ha contabilizado al menos 33 casos de corrupción.

De total casos acumulados, solo 25 se han dado durante el periodo de emergencia por COVID-19, donde sobresalen las compras sobrevaluadas, compras a empresas vinculadas a funcionarios de Gobierno, mal uso de transferencias monetarias y los recursos obtenido de las donaciones.

Según la representante de esta organización que vela por la transparencia, “alrededor de $145 millones está involucrado en actos de corrupción, una cifra alarmante, sin incluir lo que ha cuestionado la Asamblea Legislativa por el uso de los $250 millones por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otros detalles que no han sido públicos y hay denuncias”.

En el caso de Pablo Anliker, hay una investigación por el mal manejo de $250 millones por la emergencia sanitaria. Algunas de las compras que levantaron sospecha son, entre otras, las adjudicadas a una empresa brasileña envuelta en un escándalo de corrupción y a la que le compró $9,2 millones de alimentos.

El MAG también es responsable de favorecer con $1.2 millones a la empresa de inversiones, propiedad a la familia de Koky Aguilar, quien fue el proveedor de alimentos.

A Salud, PROES le cuestiona la compra de equipos de protección para profesionales en primera línea que no están certificados, así como la compras con precios sobrevalorados arriba del precio en el mercado.

Con este análisis, PROES pidió que se cree una comisión para que se investiguen todos los casos de corrupción en el que se vinculan fondos del Estado y en el que se incluya también la supuesta negociación del Gobierno con pandillas.

La Asociación de Profesionales por la Transparencia de El Salvador consideran que tras “estos hechos se deberían de estar siendo investigados por las instituciones encargadas de auditar el uso de recursos públicos, como la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República”, pero en su lugar, éstas asumen una actitud contemplativa ante los hechos denunciados.