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Corrupción

PROES identifica 33 casos de corrupción en gobierno de Bukele

Para la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), la gestión del presidente Nayib Bukele se ha visto marcada por contínuos actos que generan la sospecha de corrupción.

La Asociación de Profesionales por la Transformación (PROES) señala altos indicios de corrupción entre altos funcionarios, entre los que menciona Pablo Anliker, Francisco Alabí y Jorge Aguilar.

Para la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), la gestión del presidente Nayib Bukele se ha visto marcada por contínuos actos que generan la sospecha de corrupción.

A la fecha, dijo haber contabilizado más de 33 hechos que apuntan un mal manejo de los fondos sobre el uso y destino para atender la pandemia de covid-19 y en los que estarían involucrados el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, el ministro de Salud, Francisco Alabí y el expresidente de Fonaes, Jorge Aguilar.

Johana Flores, socióloga y representante de PROES, recalcó que la “reacción del presidente no ha sido contundente ante estos casos de corrupción”, sobre todo porque al inicio de la emergencia sanitaria afirmó que no iba a permitir actos de corrupción por parte de sus funcionarios.

De acuerdo al registro en el llamado Cuaderno de Análisis, creado para dar a conocer los hechos de corrupción, PROES ha contabilizado al menos 33 casos de corrupción.

De total casos acumulados, solo 25 se han dado durante el periodo de emergencia por COVID-19, donde sobresalen las compras sobrevaluadas, compras a empresas vinculadas a funcionarios de Gobierno, mal uso de transferencias monetarias y los recursos obtenido de las donaciones.

Según la representante de esta organización que vela por la transparencia, “alrededor de $145 millones está involucrado en actos de corrupción, una cifra alarmante, sin incluir lo que ha cuestionado la Asamblea Legislativa por el uso de los $250 millones por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otros detalles que no han sido públicos y hay denuncias”.

En el caso de Pablo Anliker, hay una investigación por el mal manejo de $250 millones por la emergencia sanitaria. Algunas de las compras que levantaron sospecha son, entre otras, las adjudicadas a una empresa brasileña envuelta en un escándalo de corrupción y a la que le compró $9,2 millones de alimentos.

El MAG también es responsable de favorecer con $1.2 millones a la empresa de inversiones, propiedad a la familia de Koky Aguilar, quien fue el proveedor de alimentos.

A Salud, PROES le cuestiona la compra de equipos de protección para profesionales en primera línea que no están certificados, así como la compras con precios sobrevalorados arriba del precio en el mercado.

Con este análisis, PROES pidió que se cree una comisión para que se investiguen todos los casos de corrupción en el que se vinculan fondos del Estado y en el que se incluya también la supuesta negociación del Gobierno con pandillas.

La Asociación de Profesionales por la Transparencia de El Salvador consideran que tras “estos hechos se deberían de estar siendo investigados por las instituciones encargadas de auditar el uso de recursos públicos, como la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República”, pero en su lugar, éstas asumen una actitud contemplativa ante los hechos denunciados.

Centroamérica

Milton Benítez “El Perro Amarillo” utiliza al pueblo para fines personales.

El controversial comunicador se aleja de la objetividad al tener entre sus financistas a narcotraficantes de Centroamérica.

Benítez, se ha caracterizado por denunciar a funcionarios y empresarios hondureños, vinculados con ilícitos a través de sus redes sociales, pero hoy, muchos de esos personajes financian su candidatura independiente.

De acuerdo con sus críticos, “El Perro Amarillo” abandonó la supuesta objetividad que abanderó desde su programa en redes sociales, el cual utiliza como trinchera para atacar y denunciar a funcionarios y empresarios de Honduras.

Sin embargo, hoy es señalado de “venderse al mejor postor” para manipular a la población a fin de ganar simpatía y asegurar la silla presidencial de esa nación centroamericana y con ello favorecer a las mafias.

La fuente que pidió el anonimato, señala que Pepe Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, el Tigre Bonilla, el Capitán Santos Orellana, también el Colegio Médico Hondureño y los herederos de los Cachiros, son algunos que financian su candidatura.

Con estos patrocinios, Milton Figueroa Benítez se quita la máscara y revela los intereses partidarios que lo mueven para “cumplir las órdenes de sus financistas y centrar los ataques contra sus críticos del sector privado y del gobierno de Juan Orlando Hernández.

La mayoría de quienes apoyan económicamente su candidatura, tienen un pasado de corrupción, tal es el caso de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Pepe Lobo, acusada en septiembre de 2019 de apropiarse de casi $500 mil de los fondos públicos provenientes de donaciones internacionales.

No obstante, el “perro amarrillo”, defiende en sus redes sociales al exfuncionario y a su esposa, desvirtuando cualquier acusación contra ellos ya que afirma que se trata de un complot.

Otro de los financistas vinculados al narcotráfico son los herederos de Los Cachiros, una de las familias más mafiosas de la región centroamericana, están respaldando a su candidatura, elevando las dudas sobre la veracidad y parcialidad del comunicador.

Milton Benítez usa el descontento del pueblo y se presenta como la única opción para combatir la corrupción, el mismo mensaje que el presidente salvadoreño empleó y que ahora es criticado por las organizaciones de la sociedad civil de haber engañado a la población y poner en riesgo la democracia.

Se trata de discursos demagógicos con los cuales buscan manipular a la población más vulnerables y al igual que Nayib Bukele, Benítez se presenta como “el salvador” de los hondureños que terminará con la corrupción, una corrupción que asolapa a cambio del apoyo financiero de las mafias de Honduras, señala la fuente.

Los críticos también sostienen que los negocios del comunicador con las mafias no son nuevos y que la campaña en contra de JOH es una estrategia mediática por parte de los narcotraficantes para financiar campañas por medio de amigos periodistas y quitar del paso a sus adversarios.

Por otra parte, en las salas de redacción y en el ambiente político se cuestiona la tendencia del espacio de opinión de El Perro Amarillo, que ha arreciado los ataques hacia varios sectores hondureños, con mayor énfasis al Gobierno de JOH y empresarios nacionales.

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Corrupción

EE.UU y Reino Unido inician sanciones a funcionarios corruptos del Triángulo Norte.

Ambas naciones están decididas a combatir los actos ilícitos y han iniciado con Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Las penalizaciones han comenzado penalizando a funcionarios vinculados con la corrupción en los países que son parte del Triángulo Norte.

En Guatemala, las sanciones son para un funcionario y un exfuncionario, se trata de Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana, sobre quien pesa serias acusaciones, entre ellas interferir con el proceso de selección judicial para designar a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala y a la Corte de Apelaciones.  

Según el Departamento de Estado, Alejos sirvió como secretario privado para la administración presidencial 2008-2012 de Álvaro Colom, y Felipe Alejos es un diputado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.  

De acuerdo al informe, ambos funcionarios facilitaron pagos a diputados del Congreso y a jueces en un intento de influenciar el proceso de selección de magistrados para ambas cortes y para asegurar resoluciones judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos, así como a magistrados de la CSJ, de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción.     

“Estas acciones de sanción se realizan en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción.  

Al coordinarnos con socios globales con ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluyendo la interrupción de acceso al sistema financiero internacional por actores corruptos y sus redes”, cita el comunicado de prensa del Secretario de Estado, Antony J. Blinken.

Asimismo, se detalla que los funcionarios sancionados son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

Tras el anuncio, la vicepresidenta Kamala Harris se reunión de manera virtual con el presidente guatemalteco, para anunciar que aumentarán la ayuda en la región a fin de gestionar la migración de una forma segura y humana, mientras buscan los medios para calmar la crisis migratoria en la frontera con México.

«Queremos trabajar con usted (…) de una manera que le brinde esperanza al pueblo de Guatemala, que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa», manifestó Harris.

Es la segunda conversación que la funcionaria sostiene con el gobernante, Alejandro Giammattei. Se tiene previsto que Harris visite a esa nación en el mes de junio.

Mas sanciones a Centroamérica

El Gobierno británico quien también congeló activos y vetó la entrada a tres personas con cargos públicos en Honduras, Guatemala y Nicaragua.

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, dijo que son tres centroamericanos incluidos en una lista de 22 personas y entidades a las que el Reino Unido impuso sanciones en el marco de un nuevo régimen contra la corrupción internacional.

Oscar Ramón Nájera, diputado hondureño, utilizó su cargo «para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas», identificada como «Los Cachiros».

Asimismo, se castigó al guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, a quien el Reino Unido considera responsable de «utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos», siendo su segunda sanción.

Por último, el Reino Unido sanciona al nicaragüense José Francisco López Centeno, que como vicepresidente de la compañía estatal Albanisa ha estado involucrado en casos de «apropiación indebida».

«Durante su liderazgo, fondos púbicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados», indica el Gobierno británico, que le acusa de «privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo».

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