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Proes califica de irreales datos del gobierno sobre recuperación económica.

La pandemia internacional por el COVID-19, su mal manejo y decisiones de política económica poco acertadas sumergen al país en una grave crisis de liquidez.

Para el Movimiento de Profesionales para la Transformación de El Salvador (PROES), la supuesta recuperación económica que afirma el gobierno se basa en datos irreales.

Según esta organización, un informe del 14 de octubre pasado, del Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el PIB caerá -9.0%, lo cual significa que pasará de US$28,989 millones en 2019 a US$26,379 millones este año, con una pérdida es de US$2,610 millones.

Estos datos del FMI, dicen, coinciden en alguna medida con los del Banco Mundial, quien reportó que El Salvador tendrá una caída de PIB de -8.7%, la mayor de en un reciente la región después de Belice.

Asimismo, sostiene que en los demás países disminuirá menos. Por ejemplo, Panamá experimentará un -8.3%, Honduras -7.1%, Nicaragua –5.9%, Costa Rica -5.4% y Guatemala -2.5%. La caída promedio en América Latina y el Caribe será – 7.9%, menor a la de El Salvador.

El informe del FMI refiere que la tasa de desempleo será la peor desde 1992, con un porcentaje de 9.39%. Se estima que 95,541 personas caerían en el desempleo, una cantidad mucho mayor a la de 2009, cuando perdieron el empleo 40,000 personas debido a la crisis de ese año.

Camino cuesta arriba

Para el 2021, el FMI estima un crecimiento probable del PIB de 4%. Proyecciones similares han hecho el Banco Mundial y Fitch Raitings. Si se cumpliera la estimación del FMI, el PIB de 2021 llegaría a US$27,434 millones, inferior al del 2019 en US$1,055 millones. Para recuperar la producción de 2019, se necesitarán tres años para un buen crecimiento económico.

De acuerdo a Proes, hay factores que hacen difícil cumplir esta proyección. En primer lugar, a diferencia del año 2009, cuando el gobierno impulsó un Plan Anticrisis y algunos programas sociales para enfrentar la caída económica de -2.1% generada por la crisis mundial, el gobierno actual no tiene planes de ningún tipo, es más, eliminó 13 programas sociales y económicos impulsados por las gestiones del FMLN y que beneficiaban a los sectores de menos ingresos.

En segundo lugar, evalúan que el excesivo déficit fiscal (13% del PIB) y el enorme crecimiento de la deuda pública (del 70% al 85% del PIB en apenas un año y tres meses), dificulta la aplicación de una política fiscal que estimule la demanda, la inversión y el crecimiento económico.

Por otra parte, el endeudamiento es exponencial, considerando el enfoque inadecuado de la pandemia que hace el gobierno. Esta situación coloca a El Salvador en desventaja, ya que figura entre los países más endeudados de América Latina, lo que incrementa el riesgo país, encarece los bonos y aleja la inversión extranjera.

Con respecto al proyecto de presupuesto de 2021, el gobierno contempla vender bonos por US$1,343 millones para cerrar la brecha fiscal. De aprobarse el presupuesto y el gobierno no vende los bonos, se desplomará el gasto y la inversión programada. Además, si los coloca a intereses de más de dos dígitos pagados a los fondos buitres, crecerá el riesgo país.

Por si fuera poco, es posible que el gobierno aumente las tasas del IVA y de otros tributos al consumo, recorte subsidios y disminuya el empleo público, pues sobrestimó los ingresos en US$700 millones. Algunas de esas medidas también las recomienda el FMI.

No puede dejar de mencionarse, dice Proes, la inestabilidad política del país provocada por el presidente Nayib Bukele, quien desconoce la Constitución y las leyes.

Esta desobediencia también es practicada por varias instituciones del Órgano Ejecutivo que siguen los lineamientos del mandatario para que no acaten las sentencias del Órgano Judicial.

Tanto el ejecutivo y como sus funcionarios no rinden cuentas sobre el uso de los recursos y violan la autonomía del Órgano Legislativo y de los gobiernos Municipales. Bukele ha debilitado la institucionalidad democrática y se niega a respetar al marco legal que nos rige.

Si esta situación continúa o se agrava, las condiciones de vida del pueblo seguirán deteriorándose y con ello, el peligro de estallidos sociales no está muy lejano, pues el gobierno ha degradado la salud, la economía y las demás esferas de la vida nacional.