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Corrupción

Presentan nueva solicitud de retiro de inmunidad contra Acisclo Valladares

El Ministerio Público volvió a pedir que se retire la inmunidad al ministro de Economía, esta vez por el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentó en Gestión Penal del Organismo Judicial una nueva solicitud de retiro de inmunidad contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), presentó en Gestión Penal del Organismo Judicial una nueva solicitud de retiro de inmunidad contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

La Feci vincula a Valladares en el caso denominado Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

Según las pesquisas preliminares en esta red participaron supuestamente Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.

A decir de la Feci, se pudo identificar una red vinculada al ejercicio del poder en distintos períodos y gobiernos que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas, al mismo tiempo que utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar dichos recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice y la compra de bienes inmuebles.

Uno de los principales operadores de la financiación de las campañas habría sido Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y uno de los beneficiarios habría sido Acisclo Valladares Urruela al supuestamente manejar las acciones de las off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Alejos Cámbara.

Inversiones millonarias

Las sociedades vinculadas en el caso captaron US$7.2 millones -unos Q54.9 millones-, y según el señalamiento que efectuó en su momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), detalla que Valladares adquirió compañías relacionadas esta estructura.
La Feci y la Cicig señalan que el 15 de febrero de 2011 el empresario “José Maynor Palacios Guerra le transfirió US$1,421,650 -unos Q10.8 millones- a Dolansea Worlwide Corp., para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero los activos de ésta (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Gustavo Alejos Cámbara”.

Según los indicios, “dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela”.

Ésta sería la segunda solicitud de antejuicio que acumula el ministro de Economía. En la primera investigación contra Valladares, el MP lo acusa de “dar maletines de dinero en efectivo” a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti o a personas de confianza de ella, para aprobar leyes a su favor cuando el ministro era alto directivo de una empresa de telecomunicaciones.

Por este caso, los diputados a través de la comisión pesquisidora integrada por Jua Manuel Giordano, Aníbal Rojas y Flor Chajón decidieron proteger a Valladares y dijeron que no es necesario retirarle su inmunidad.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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