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Posibles “huecos” en el Plan Control Territorial

Las pandillas golpean al ejecutivo tras bajar la guardia para enfrentar la cuarentena.

Las pandillas golpean  al ejecutivo tras bajar la guardia para enfrentar la cuarentena.

La efectividad del Plan Control Terrritorial es cuestionada ante el alza de homicidios, el cual  registró 58 muertes entre el viernes 25 de abril y domingo 26 en diferentes puntos de El Salvador.

Esta cifra es la segunda más alta desde que se implementó está medida. La primera de ellas se registró  a principios de marzo pasado, luego del supuesto quiebre de un acuerdo entre el presidente con un líder de pandilla M18, Pablo Marcado Aguilar.

Desde la noche del 21 de marzo se evitará la libre circulación de las personas debido a la cuarentena domiciliar para evitar la propagación del COVID-29, quien no acate las ordenes será detenido. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Sin embargo, en este nuevo repunte, las autoridades no han desmentido ni confirmado los datos que se reporta en los medios de comunicación local, solo el presidente Bukele, ordenó a través de su habitual cuenta de twitter, el encierro total de casi 16 mil pandilleros presos.

“Director @OsirisLunaMeza, ordene emergencia máxima en todos los @CentrosPenales de pandilleros, por información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí.

Encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los días, mientras se realizan los operativos policiales”, dijo el mandatario quien también añadió que «los cabecillas irán a aislamiento solitario» y no tendrán «nada de contacto con el exterior».

Si bien la legislación salvadoreña otorga al Ejecutivo la facultad de decretar dicho estado en las prisiones, ésta debe ser ratificada por jueces de Vigilancia Penitenciaria, pero el autoritarismo del presidente prevalece en estas decisiones.

 Las medidas de seguridad implementadas desde el día de ayer son calificadas como las “más drásticas y duras» en las seis prisiones que albergan a unos 16.000 pandilleros, los cuales permanecerán en un régimen de aislamiento total por tiempo indefinido.

«No va a entrar ni un solo rayo de sol a ninguna de la celdas» para que «no puedan tener ningún tipo de comunicación», aseguró el funcionario y afirmó que las medidas son «apegadas a la ley» y  son «necesarias».

Debilidades del Plan Control Territorial

El accionar de las estructuras delincuenciales de las pandillas sorprendió al gobierno con un alza de 58 homicidios y puso  a prueba la efectividad del Plan Control Territorial.

El mismo presidente reconoció que «Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia”, citó el mandatario.

Asimismo,  aseveró que movería los recursos para combatir el accionar de las pandillas, sin precisar la cantidad de elementos tanto de la Policía Nacional Civil como también del ejército.

Actualmente, el gobierno dispone de unos 23,000 policías y más de 7,000 soldados, muchos de ellos asignados a hacer respetar las medidas del cumplimiento de la cuarentena obligatoria  debido al covid-19.

Según datos de las autoridades,  marzo cerró con 65 asesinatos, mientras que en el último fin de semana de abril se contabilizaron 58 muertes violentas en tan solo tres días.

Al respecto, el  director de Centros Penales Osiris Luna, responsabiliza de estos hechos a las pandillas y asegura que órdenes fueron ejecutadas por los presos que salen libres por instrucción de un juez o a raíz del vencimiento del período de detención provisional.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si los homicidios están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el COVID-19.

 El ambicioso Plan Territorial que demandó para  su III fase la suma de  109 millones de dólares y que aprobados bajo la presión del mandatario y  la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año, pone en duda la efectividad del mismo  tras la ola de asesinatos contra la población salvadoreña.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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