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Posibles “huecos” en el Plan Control Territorial

Las pandillas golpean  al ejecutivo tras bajar la guardia para enfrentar la cuarentena.

La efectividad del Plan Control Terrritorial es cuestionada ante el alza de homicidios, el cual  registró 58 muertes entre el viernes 25 de abril y domingo 26 en diferentes puntos de El Salvador.

Esta cifra es la segunda más alta desde que se implementó está medida. La primera de ellas se registró  a principios de marzo pasado, luego del supuesto quiebre de un acuerdo entre el presidente con un líder de pandilla M18, Pablo Marcado Aguilar.

Desde la noche del 21 de marzo se evitará la libre circulación de las personas debido a la cuarentena domiciliar para evitar la propagación del COVID-29, quien no acate las ordenes será detenido. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Sin embargo, en este nuevo repunte, las autoridades no han desmentido ni confirmado los datos que se reporta en los medios de comunicación local, solo el presidente Bukele, ordenó a través de su habitual cuenta de twitter, el encierro total de casi 16 mil pandilleros presos.

“Director @OsirisLunaMeza, ordene emergencia máxima en todos los @CentrosPenales de pandilleros, por información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde ahí.

Encierro absoluto 24 horas al día, durante todos los días, mientras se realizan los operativos policiales”, dijo el mandatario quien también añadió que «los cabecillas irán a aislamiento solitario» y no tendrán «nada de contacto con el exterior».

Si bien la legislación salvadoreña otorga al Ejecutivo la facultad de decretar dicho estado en las prisiones, ésta debe ser ratificada por jueces de Vigilancia Penitenciaria, pero el autoritarismo del presidente prevalece en estas decisiones.

 Las medidas de seguridad implementadas desde el día de ayer son calificadas como las “más drásticas y duras» en las seis prisiones que albergan a unos 16.000 pandilleros, los cuales permanecerán en un régimen de aislamiento total por tiempo indefinido.

«No va a entrar ni un solo rayo de sol a ninguna de la celdas» para que «no puedan tener ningún tipo de comunicación», aseguró el funcionario y afirmó que las medidas son «apegadas a la ley» y  son «necesarias».

Debilidades del Plan Control Territorial

El accionar de las estructuras delincuenciales de las pandillas sorprendió al gobierno con un alza de 58 homicidios y puso  a prueba la efectividad del Plan Control Territorial.

El mismo presidente reconoció que «Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia”, citó el mandatario.

Asimismo,  aseveró que movería los recursos para combatir el accionar de las pandillas, sin precisar la cantidad de elementos tanto de la Policía Nacional Civil como también del ejército.

Actualmente, el gobierno dispone de unos 23,000 policías y más de 7,000 soldados, muchos de ellos asignados a hacer respetar las medidas del cumplimiento de la cuarentena obligatoria  debido al covid-19.

Según datos de las autoridades,  marzo cerró con 65 asesinatos, mientras que en el último fin de semana de abril se contabilizaron 58 muertes violentas en tan solo tres días.

Al respecto, el  director de Centros Penales Osiris Luna, responsabiliza de estos hechos a las pandillas y asegura que órdenes fueron ejecutadas por los presos que salen libres por instrucción de un juez o a raíz del vencimiento del período de detención provisional.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si los homicidios están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el COVID-19.

 El ambicioso Plan Territorial que demandó para  su III fase la suma de  109 millones de dólares y que aprobados bajo la presión del mandatario y  la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año, pone en duda la efectividad del mismo  tras la ola de asesinatos contra la población salvadoreña.