Saltar al contenido

Piden activar la Carta Democrática contra El Salvador por «riesgos a la democracia»

Más de treinta organizaciones salvadoreñas solicitan a la OEA su activación debido al irrespeto a la separación de poderes, violaciones a los derechos civiles, uso de la fuerza letal y vulnerabilidad a las garantías democráticas por parte del Ejecutivo.

La fragilidad en que se encuentra la democracia salvadoreña, pone en alerta a diferentes organizaciones de defensa de los Derechos Humanos en el país.

Por ello se han unido para solicitar al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, (OEA) , Luis Almagro, que active la Carta Democrática contra el país.

De hacerlo,  podría llevar a la suspensión de Estado como  miembro de la OEA, por los “riesgos a la democracia” por parte del manejo que ha hecho el gobierno de Nayib Bukele en el abordaje a la crisis del coronavirus.

“Le solicitamos que active los mecanismos y procedimientos necesarios que están previstos en la Carta de la Organización de Estados Americanos y los diversos instrumentos del Sistema Interamericano para respetar y garantizar los Derechos Humanos de la población salvadoreña”, manifiestan los firmantes, entre ellos el centro de Estudios Jurídicos, Acción Ciudadana y La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

Para Roberto Rubio, director de la Fundación, resulta preocupante la recurrente desobediencia que el Ejecutivo muestra ante las órdenes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los solicitantes señalan que “la situación de inobservancia a las garantía de los Derechos Humanos y los riesgos al Estado de Derecho y a la democracia en El Salvador, debido al incremento de las medidas y acciones autoritarias llevadas adelante por el gobierno” en la lucha contra el coronavirus.

Asimismo, aseguran que debido al alto riesgo del covid-19, “apoyaron inicialmente algunas acciones y medidas extraordinarias”, pero a medida que se endurecen por parte del gobierno, “está lesionando el funcionamiento de la democracia”.

Argumentan que el país se “ha recuperado lentamente de prácticas antidemocráticas, inequidad y represión, ejercidas por los gobiernos anteriores que desataron un conflicto interno y violaciones masivas de los Derechos Humanos”.

A juicio de los firmantes de la petición, la pandemia no debe justificar una manipulación que implique un grave retroceso”, sin embargo es el arma que hoy utiliza el mandatario salvadoreño.

Entre los hechos que denuncian son en primer lugar, la “evidente falta de respeto a la división de poderes”, por la negativa de Bukele  de acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional y “la constante presión y ataques”, al congreso, poderes que han intentado modular las acciones del gobierno contra la pandemia.

En segundo lugar, señalan las “violaciones a los derechos civiles derivados de la utilización excesiva de la fuerza y de las detenciones ilegales por parte de las fuerzas públicas de seguridad” que cuentan con el aval del gobierno.

Consideran que  “la amenaza o el uso efectivo de la fuerza letal han sustituido a las prácticas que toda sociedad democrática observa”,  tal como sucedía en el pasado previo a la firma de la paz.

La militarización y la represión que emplea la administración Bukele, “es la misma fórmula basada en el antiguo concepto contrainsurgente, que cualquier opositor o disidente es visto como un “enemigo interno” que merece ser acallado, incluso ahora, durante la pandemia”.

Human Rights Watch (HRW) también pidió activar la Carta Democrática contra El Salvador por la deriva de su presidente. “Si Bukele continúa por el mismo camino, se graduará muy pronto como caudillo. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura Latinoamericana” dijo el representante de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco en Twitter.

La creación de la carta fue necesaria, refuerza “los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa” y tienen como objetivo restablecer el orden democrático. El objetivo es evitar la violación de derechos humanos, promover el respeto a la libertad de expresión, a la separación de poderes, a la libertad de circulación, el debido proceso, la no existencia de tortura, la no existencia de presos políticos y erradica aquellas situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la paz de los países de la región.