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Pensiones la “caja chica del gobierno”

Desde 2006, el gobierno ha tomado más de US$7 mil millones de los ahorros del fondo de los cotizantes para poder pagar a los jubilados del sistema de reparto y  a otros grupos a los que luego del 98 les siguieron prometiendo pensiones altas sin tener dinero para pagarles.

En el actual sistema de pensiones privado, el trabajador del sector formal ahorra el 7,25 % de su salario, mientras que el empleador aporta $7,75 %, haciendo un total de 15 % de ingresos con los cuales obtendrá una pensión al finalizar su vida laboral.

Munchos pensionados o que están en proceso de su retiro, se muestran inconformes con el monto de sus pensiones, la cuales califican de insuficientes, después de laborar tantos años.

Sin embargo, hay una realidad que desconoce la población y es que los fondos de los pensionados han servido como “caja chica”, desde el gobierno de Saca hasta el actual, para aliviar las finanzas del Estado sin importarles que con ello se ha afectado aún la liquidez del fondo de pensiones.

Otro punto a considerar en el tema del porqué de las bajas pensiones, es  la reforma aprobada en el 2017, la cual permitió que los trabajadores usaran el 25% del fondo de pensiones, retirándose cerca $31.2 millones como anticipos de saldo, un dinero que difícilmente retornará.

De estos ahorros, el Estado ha  tomado más de US$400 millones anuales para pagar a los jubilados del sistema anterior y a intereses muy bajos, entre el 1.5 % y 1% al año, dañando así los fondos de los trabajadores quienes esperan recibir una justa pensión.

El préstamo obligado no ha tenido una justa compensación para los que cotizan, el mayor beneficio es para los inversionistas extranjeros que le prestan al gobierno, el cual paga tasas superiores al  7%.

Analistas financieros de este rubro sostienen que los trabajadores han dejado de percibir cerca de US$3,500 millones o más, desde 2009 por percibir ese bajo interés,  porcentaje impuesto por los distintos gobiernos desde esos años.

Si el Gobierno hubiera pagado esos $3,500 millones, las pensiones actuales no serían afectadas, pero  la misma Asamblea aprobó esas medidas que al final dañan a los trabajadores.

Entre esas medidas están, la imposición de la obligación de compra de Certificados al Gobierno por parte de los fondos de pensiones, la definición del cálculo de la tasa de interés que se reconoce al trabajador y que aún y cuando la Sala de lo Constitucional ha ordenado subir la tasa, el tema se abordó casi 2 años después en la reforma de 2017.

A estas alturas, aunque en la Ley hay disposiciones que permitirían mejorar las tasas, no han sido aplicadas en las normas secundarias, dejando los ahorros “esclavizados” a un régimen de inversiones poco adecuado para la generación de más rentabilidad para los afiliados.

El estancamiento del tema, muestra un desinterés por parte de los partidos, quienes buscan beneficio propio y no el de una población que ha sacado adelante al país y que merece una pensión justa.

Para pagar las pensiones debe haber liquidez y las propuestas deben ir encaminadas hacia ello, con responsabilidad y nunca por populismo como el propuesto recientemente por la diputada Milena Mayorga.

Los políticos que andan ofreciendo el dinero deberían recordar que de los casi $12 mil millones que hay en los fondos de pensiones, $7, mil millones están invertidos por obligación en títulos del Estado y esos, no se pueden revender, es decir, no son líquidos.

Además, los fondos de pensión deben tener: más de $550 millones para pagar pensiones en el año, más de $100 millones para anticipos y más de $350 millones porque tienen que seguir comprando por obligación los títulos al Estado para pagarle a los pensionados con el esquema del sistema de reparto.

Si se aprobara usar el dinero para dar anticipo a 800 mil cotizantes, por cualquier motivo, no habría liquidez para solventar el pago de las pensiones y cubrir las demás obligaciones.

Pensiones es un tema delicado y complejo, lleno de números pero esencialmente social. Por esa razón, es importante sumar esfuerzos y no pretender aprovechar la coyuntura de la pandemia para ganar votos a costa de las pensiones de miles de salvadoreños, que han aportado su fuerza productiva por el país. Creemos en la sabiduría del Presidente para tocar el tema y esperar que las decisiones a tomar sobre las pensiones, sean las mejores para los salvadoreños de hoy y de mañana, demostrando su capacidad como estadista: ocupándose del presente, sin perder la visión de futuro.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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