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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

La orden viene del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana por violar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El blindaje del caso del asesino de Chalchuapa continúa y aparte de silenciar las voces de policías y forenses, ahora la censura viene bajo una orden judicial hacia la revista Factum.

Según argumentos de la Fiscalía, se ha decretado reserva” porque se brindan detalles del sufrimiento de las víctimas y con ello se infringe el artículo 57 de la Ley contra la Violencia de la Mujer que manda abstenerse de brindar cualquier dato que lleve a identificar a las víctimas o familiares de estas.

Ante esta resolución, lo salvadoreños expresaron su apoyo en redes sociales al medio digital y afirmaron que la orden de la Fiscalía no solo busca ocultar la realidad y proteger al asesino, un ex policía que goza de privilegios.

En sus mensajes, acusan a la fiscalía de obedecer las órdenes de Bukele para no dañar la popularidad del presidente, aun así, sea a costa del dolor de las familias que siguen a la espera de información de sus parientes asesinados en manos de este psicópata.

“Bukele y su gobierno han hecho propaganda, invisibilizado y luego tergiversado el caso de Chalchuapa, incapaces de controlar el tema, porque él no busca justicia, sino que no manchen su imagen golpista, recurre a la censura para que nadie hable de él”, reza uno de los muchos tuits que apoyan el periodismo independiente.

Para Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), la resolución es “un acto de censura contrario al derecho de libertad de expresión y el acceso a la información”.

Asimismo, sostiene que es una reserva genérica, no precisa de extractos en los que supuestamente el medio ha incumplido la LEIV y detallo que semanas atrás la revista Gato Encerrado también fue obligada a bajar una nota periodística.

La periodista Cecibel Romero, también expresó su punto de vista en redes sociales en la que considera que el reportaje de Factum es “un relato que aporta elementos confesados por el autor principal y uno de sus cómplices a la Fiscalía que muestra que hubo asesinatos recientes en medio del Plan control Territorial, pandemia y nueva tregua, cerca de los días de “cero homicidios”.

Por su parte, Aida Betancourt, directora política de Nuestro Tiempo, escribió en su cuenta de twitter que “el caso de la masacre de Chalchuapa es escalofriante pues refleja, además del cinismo de las autoridades por conveniencia política, lo peor de nuestra sociedad, violencia, impunidad el machismo y el desprecio a las mujeres.

Igual opinión tiene la abogada Bertha Deleón quien calificó de “podrido” el sistema al callar a todo el que quiera revelar la verdad” y en su lugar, protege a “hombres que mataban por hobby, violaban y mataban a niñas, adolescentes y adultas, hechos ocurridos en 2020 y 2021”.

Recientemente Bukele se refirió a este caso asegurando que fueron enterrados hace décadas, pero estas afirmaciones fueros refutadas por el mismo testigo que protege la fiscalía, el cual testificó que 13 asesinatos de los 15 fueron cometidos en el 2020, bajo su gestión.

En la investigación de Factum, el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19.

 “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estévez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Lo anterior deja en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial y de acuerdo a los críticos del oficialismo, la orden dictada desde la presidencia tiene como objetivo censurar toda información que deja en evidencia el fracaso gubernamental en el tema de seguridad.Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

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Corrupción

Centro regional CCINOC pide a OEA publicar investigaciones realizadas por la CICIES

La solicitud del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) se da tras la finalización del compromiso del gobierno salvadoreño para combatir la impunidad.

Esta nación centroamericana puso punto final al convenio con la CICIES para combatir la corrupción y con ello también su principal promesa de campaña que llevó a la presidencia a Nayib Bukele.

La justificación del gobernante y del recién fiscal general, Rodolfo Delgado para dar por finalizado dicho acuerdo fue la supuesta contratación del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.

Sin embargo, la organización regional, conformada por 10 entidades de la sociedad civil, calificó de “altamente nocivo” el cierre de la CICIES y consideró que es importante que los salvadoreños conozcan los casos de corrupción investigados por esta institución y que son del conocimiento de la fiscalía.

Además, sostienen que es una “tendencia reiterada” en la región que da condiciones para la permanencia de la impunidad, por lo que instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a publicarlos.

Se trata de 12 casos de supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de los fondos de Estado de la pandemia de covid.19 y en la que estarían involucrados algunos funcionarios del actual gabinete.

El pasado 7 de abril, Ronalth Ochaeta, comisionado de la CICIES, informó que al menos 5 carteras del gobierno figuran en la investigación que quedaron sin ser judicializadas, luego que el mandatario restó credibilidad al trabajo realizado por esta institución.

Dentro de las 12 investigaciones finalizadas por la CICIES, mencionó otras 7 investigaciones integrales entre un total de 25 solicitudes de asistencia recibidas por la CICIES del gobierno, así como de la Fiscalía General.

“Solicitamos a la OEA que comparta con la ciudadanía el detalle de los casos informados por la CICIES a la fiscalía y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía a visibilizar nuestro rechazo ante las disposiciones autoritarias y arbitrarias tomadas desde el Ejecutivo y a continuar en las acciones de auditoria social y denuncia, exigiendo investigaciones independientes y una justicia imparcial”, expresaron a través de un comunicado.

En el mismo documento, externan su preocupación ante “la falta de voluntad política para combatir estos flagelos, la cual fue evidente en las limitaciones y orientación selectiva de casos impuesta por el gobierno salvadoreño”, citaron.

La CICIES era una entidad de apoyo técnico a las instituciones de control o de investigación. Recibió 25 solicitudes de asistencia por parte de distintas instituciones y para reforzar su trabajo recibió una donación de $2 millones del gobierno de Estados Unidos., en el marco de cooperación vigente entre la Fiscalía General y CICIES/OEA.

La CICIES tenía como mandato colaborar y coadyuvar con las instituciones nacionales responsables de prevenir y perseguir casos de corrupción en este país, debido a que en los últimos años se registraron diferentes procesos penales en los que se habían identificado redes de corrupción que operan en detrimento del patrimonio del Estado.

A la fecha, la CICIES no ha sido notificada su salida de El Salvador.

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