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Ministro de Defensa deberá explicar ocupación militar del Congreso Legislativo.

Los parlamentarios  interpelarán al militar por violentar el sistema republicano del Gobierno y la Constitución de la República el 9 de febrero pasado.

Esta semana, la comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobó la interpelación del ministro de Defensa, para que explique la presencia de militares en el Salón Azul.

Lejos de solicitar su destitución, como lo afirmó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter,  los congresistas salvadoreños han citado al jefe castrense por considerar que no solo violentó la república sino también el recinto legislativo.

La reacción abrupta del mandatario tras conocer la noticia, quedó plasmada en un  tuit, en el cual calificaba la interpelación como un “Show y pérdida de tiempo.

Sobre esta postura, Mauricio Funes, escribió: “ Tiene razón Nayib cuando dice que libra una batalla cuesta arriba. No tiene cómo “tapar” la ocupación militar de la Asamblea Legislativa, cada día hay más indicios de corrupción e incapacidad en su gobierno y para colmo uno de sus asesores lo pone en evidencia”.

Según los parlamentarios, el requerimiento del titular de Defensa quedó pendiente tras la cuarentena nacional, solo fueron interpelados la ex Ministra de Salud, Ana Orellana Bendek , a quien el presidente se anticipó a remover de su cargo, y el presidente de ANDA, que continúa dirigiendo a la autónoma a pesar de negligencia demostrada en la crisis de agua contaminada por algas y el actual desabastecimiento a nivel nacional.

A juicio de Rodolfo Parker, el ministro Merino Monroy “violentó” la Constitución de la República y el sistema republicano del Gobierno” por el ingreso militarizado del Presidente Nayib Bukele al Salón Azul del palacio legislativo, que buscaba, de manera impositiva la aprobación de $109 millones el Plan Control Territorial.

Este acontecimiento, considerado no solo por los diputados como un “golpe de Estado fallido”, fue duramente criticado por organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU), Amnistía internacional, Human Rights Watch, incluyendo al cuerpo diplomático extranjero.

El movimiento de Profesionales por la Transparencia por El Salvador (PROES), sostienen  que “los ministros y ministras no dijeron en sus informes ante la Asamblea Legislativa,  que el presidente de la República dio un golpe de Estado parlamentario un 9 de febrero cuando ocupó las fuerzas militares en el recinto legislativo”.

De acuerdo a la comisión  política, la interpelación está programada para el  21 de marzo y las interrogantes giran en torno a conocer la razón real de las operaciones militares en el Legislativo, cadena de mando ejecutada y origen de la supervisión de la FAES esos días.