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Centroamérica

Milton Benítez “El Perro Amarillo” utiliza al pueblo para fines personales.

El controversial comunicador se aleja de la objetividad al tener entre sus financistas a narcotraficantes de Centroamérica.

Benítez, se ha caracterizado por denunciar a funcionarios y empresarios hondureños, vinculados con ilícitos a través de sus redes sociales, pero hoy, muchos de esos personajes financian su candidatura independiente.

De acuerdo con sus críticos, “El Perro Amarillo” abandonó la supuesta objetividad que abanderó desde su programa en redes sociales, el cual utiliza como trinchera para atacar y denunciar a funcionarios y empresarios de Honduras.

Sin embargo, hoy es señalado de “venderse al mejor postor” para manipular a la población a fin de ganar simpatía y asegurar la silla presidencial de esa nación centroamericana y con ello favorecer a las mafias.

La fuente que pidió el anonimato, señala que Pepe Lobo, Rosa Elena Bonilla de Lobo, el Tigre Bonilla, el Capitán Santos Orellana, también el Colegio Médico Hondureño y los herederos de los Cachiros, son algunos que financian su candidatura.

Con estos patrocinios, Milton Figueroa Benítez se quita la máscara y revela los intereses partidarios que lo mueven para “cumplir las órdenes de sus financistas y centrar los ataques contra sus críticos del sector privado y del gobierno de Juan Orlando Hernández.

La mayoría de quienes apoyan económicamente su candidatura, tienen un pasado de corrupción, tal es el caso de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Pepe Lobo, acusada en septiembre de 2019 de apropiarse de casi $500 mil de los fondos públicos provenientes de donaciones internacionales.

No obstante, el “perro amarrillo”, defiende en sus redes sociales al exfuncionario y a su esposa, desvirtuando cualquier acusación contra ellos ya que afirma que se trata de un complot.

Otro de los financistas vinculados al narcotráfico son los herederos de Los Cachiros, una de las familias más mafiosas de la región centroamericana, están respaldando a su candidatura, elevando las dudas sobre la veracidad y parcialidad del comunicador.

Milton Benítez usa el descontento del pueblo y se presenta como la única opción para combatir la corrupción, el mismo mensaje que el presidente salvadoreño empleó y que ahora es criticado por las organizaciones de la sociedad civil de haber engañado a la población y poner en riesgo la democracia.

Se trata de discursos demagógicos con los cuales buscan manipular a la población más vulnerables y al igual que Nayib Bukele, Benítez se presenta como “el salvador” de los hondureños que terminará con la corrupción, una corrupción que asolapa a cambio del apoyo financiero de las mafias de Honduras, señala la fuente.

Los críticos también sostienen que los negocios del comunicador con las mafias no son nuevos y que la campaña en contra de JOH es una estrategia mediática por parte de los narcotraficantes para financiar campañas por medio de amigos periodistas y quitar del paso a sus adversarios.

Por otra parte, en las salas de redacción y en el ambiente político se cuestiona la tendencia del espacio de opinión de El Perro Amarillo, que ha arreciado los ataques hacia varios sectores hondureños, con mayor énfasis al Gobierno de JOH y empresarios nacionales.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Centroamérica

“Ley especial de regulación de los servicios de seguridad”, dejará sin empleo a miles de trabajadores.

En el salvador existen cerca de 434 acreditadas en el Centro Nacional de Registro, que generan 27 mil empleos directos. La nueva normativa provocaría mayor desempleo en el país, incluyendo 45 mil más indirectos del mismo rubro.

Diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social pretenden regular los servicios de Seguridad privada con esta iniciativa de ley.

Al respecto, la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), que aglutina a 80 empresas y a más de 15 mil colaboradores, se muestran respetuosos a la propuesta parlamentaria, pero hacen algunas observaciones a la misma sin la intensión de incumplirla.

Asimismo, reconocen que existen vacíos y fallas en la normativa actual, por lo que la iniciativa de la Comisión de Trabajo y Previsión Social es de total atinencia y urgente aprobación e implementación.

Sin embargo, las regulaciones plasmadas en el anteproyecto contienen algunos puntos sensibles, que impactarán económicamente a todos los sectores involucrados en el quehacer de la seguridad privada y finalmente al pueblo salvadoreño.

 Uno de ellos es que paracumplir la ley definitivamente hay que aumentar el costo del servicio que, con el aumento del salario mínimo, sería una cantidad imposible de cubrir por los clientes, en su mayoría colonias y pequeños negocios que son asediados por la delincuencia.

Por ejemplo, el turno de 24 horas, paso de$836 a casi $1,100 dólares y con la implementación de la ley como está, pasará de $1,100 a $2,600 dólares aproximadamente.

Dicho incremento, asegura laUNAPS, tendrá que trasladarse al cliente, pues la mayoría de empresas de seguridad sobrepasan los 100 empleados y no podrán accesar al subsidio ofrecido por el Señor Presidente de la República.

Ante tal situación, implementar la ley, tal como está, generará desempleo por la reducción de agentes ante el incremento del precio de los servicios de seguridad.

 La organización manifiesta que, a la fecha, se ha reducido la demanda de guardias en un aproximado del 6% equivalente a 4,050 empleos perdidos por la negativa de los clientes a pagar el aumento o cierre de empresas.

Otro punto de preocupación de la Unión Nacional de Agencias de Seguridad Privada es el tema del seguro de vida, el cual se ha incrementado en un 320%, mucho mayor que el seguro de soldados y ejército.

De igual manera, las multas contempladas en la propuesta de ley se incrementa en algunos casos de $57.14 dólares a $29,200 dólares, sobrepasando parámetros de proporcionalidad, establecidos por jurisprudencia constitucional.

En ese sentido, UNAPS y para cumplir con ley, propone que la comisión de Trabajo y al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, previo a aprobar la ley, convoque a una gran Mesa de Dialogo Nacional donde estén representados todos los actores de la seguridad privada, para buscar consensos y lo mejor para todos.

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