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Nacionales

Migración infantil centroamericana en aumento

Solo en el mes de marzo, las autoridades contabilizaron más de 19 mil niños y jóvenes que cruzaron la frontera de Estados Unidos con México sin acompañantes.

La migración irregular centroamericana se ha incrementado, pero, lo que preocupa a las autoridades es que ya no solo se trata de adultos o grupos familiares, sino que muchos niños y jóvenes iniciaron esta travesía sin compañía.

De acuerdo a los registros de la Patrulla Fronteriza, entre enero y febrero de 2021, la Patrulla Fronteriza (CBP) contabilizó más de 27,815 son menores centroamericanos y mexicanos, mientras que marzo llegó a 19 mil.

A pesar de los esfuerzos para frenar la migración irregular en los países que conforman el Triángulo Norte, adultos, jóvenes y niños siguen desafiando el camino hacia los Estados Unidos.

Recientemente, el designado para temas migratorios del gobierno de Joe Biden, Ricardo Zúniga, abordó la temática con representantes de Guatemala, Honduras y el Salvador, entre estos, migración irregular, la seguridad, el crecimiento económico y social, así como el combate a la corrupción.

Sin embargo, cada día nuevos migrantes, entre ellos niños y jóvenes, llegan a la frontera para reencontrarse con sus familiares o solicitar asilo, tras huir de la violencia que viven sus países de origen.

Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), sostiene que el número de niños migrantes se ha multiplicado en México, situación que ha saturado los albergues.

A través de un comunicado, Jean Gough, directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá, expresó que el número de niños, niñas y adolescentes migrantes reportados en México ha aumentado considerablemente en lo que va de año, pasando de 380 a casi 3.500.

Asimismo, indicó que la mayoría de menores provienen, en su mayoría, de Honduras, Guatemala, El Salvador y México, lo cual representa al menos el 30% de los migrantes, el mayor porcentaje jamás registrado.

Para Gough, “las familias centroamericanas no están emigrando, están huyendo» de sus países de origen”, al tiempo que cito que familias migrantes en Ciudad Juárez y Tijuana han denunciado violaciones de los derechos humanos durante el viaje, como extorsión, abusos sexuales, secuestros y tráfico de personas.

Con esta sobrepoblación de menores migrantes, el gobierno de Biden ha sido claro en la no expulsión de menores de edad, con excepción de casos en los que forman parte de un núcleo familiar que también sea expulsado.

Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Interior (DHS), manifestó que la agencia de emergencias FEMA apoyará en la tarea de albergar temporalmente a los niños.

El Gobierno insiste en que su frontera no está abierta para recibir a personas indocumentadas y los insta a solicitar el debido proceso desde sus países de origen.

Sobre la migración irregular, el gobierno norteamericano, responsabiliza a su antecesor, Donald Trump, de desmantelar los sistemas para recibir de forma organizada solicitantes de asilo y menores no acompañados.

En el Salvador, el presidente, Nayib Bukele, anunció este vetó en marzo pasado una ley contra el tráfico ilegal de personas aprobada por la Asamblea Legislativa porque «criminaliza a todos sin distinción», según publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

«Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya. Pero no podemos seguir criminalizando la migración (…) alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera», expresó Bukele y apuntó «esta ley será vetada».

La normativa contemplaba penas carcelarias por los delitos de tráfico ilegal de personas de ocho a doce años, por el delito de agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas y el de obstaculización del debido proceso de tres a seis años de prisión.


Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Nacionales

UNAPS espera que sus aportes sean considerados en Comisión de trabajo de la Asamblea legislativa.

Representantes de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS) esperan que diputados los incluyen en la reforma de “Ley de regulación de los servicios de seguridad privada.

La Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS) expresó, a través de un comunicado, que están dispuestos a participar en la discusión de la “Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada”, presentada al Ministerio de Trabajo, la cual dejaría a miles de personas sin empleo.

A través de un comunicado, La UNAPS también manifestó que como gremio están abiertos a acudir a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea para exponer los puntos de vistas.

Sostienen que, “existen vacíos y fallas en la normativa actual”, por ello solicitaron a la comisión ser tomados en cuenta para abordar en conjunto la situación sobre los servicios de seguridad privada.

Oscar Alberto Quiteño, presidente de UNAPS, aseguró que “como gremio estamos dispuestos a sentarnos y mejorar todo lo que se pueda mejorar, pero siempre y cuando sea factible económica y socialmente”.

De acuerdo con el comunicado de UNAPS, muchas de las reformas planteadas en la iniciativa implican aumentar el costo del servicio que se presta en empresas y residenciales.

“Con el incremento del salario mínimo, que recientemente entró en vigencia, el turno de 24 horas, pasó de $836 a casi $1,100 dólares y con la nueva ley, tal y como se plantea, pasaría de $1,100 a $2,600 dólares aproximadamente”, sostuvieron.

En el documento, exponen la importante de la creación  de un régimen de horarios especiales, que sean catalogados como servicio esencial, al igual que el caso de policías, soldados, bomberos, médicos, enfermeras, etc.

Para ello, dicen, se necesita de un diálogo en el que participe el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Asamblea Legislativa y empresas de seguridad. “ofrecemos una mesa nacional para discutir el tema con más tiempo, con la finalidad de corregir las deficiencias que se deba corregir”.

La gremial reiteró la disposición de atender cualquier invitación a fin de exponer sus puntos de vista para enriquecer la discusión, porque consideran que, de esa manera, se logrará la aprobación de una nueva ley que beneficie a todos los involucrados y “que nos permita seguir aportando al desarrollo económico y social del país a través de la generación de empleos”.

Se estima que en El Salvador existen cerca de 434 acreditadas en el Centro Nacional de Registro, las cuales generan 27 mil empleos directos. La nueva normativa provocaría mayor desempleo en el país, incluyendo 45 mil más indirectos del mismo rubro.

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