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Corrupción

Más de $1,000 millones para atender pandemia ha recibido el gobierno de Bukele.

El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa permitió que el gobierno de Bukele creara el Fondo de Emergencia y Recuperación y Reconstrucción Económica, dándole la herramienta para pudiera emitir títulos valores para obtener dinero y buscar otras fuentes de financiamiento, pero era necesario un comité que auditara los recursos..

Los recursos han sido en concepto de préstamos, donaciones, LETES Y CETES. Transparencia internacional habla de corrupción y pocos resultados positivos.

El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa permitió que el gobierno de Bukele creara el Fondo de Emergencia y Recuperación y Reconstrucción Económica, dándole la herramienta para pudiera emitir títulos valores para obtener dinero y buscar otras fuentes de financiamiento, pero era necesario un comité que auditara los recursos..

Sin embargo, a la fecha el Ejecutivo no ha permitido que el grupo fiscalizador haga su trapajo y ha llevado las relaciones a un punto quiebre por la resistencia de rendir cuentas sobre los ingresos y egresos. Algunos miembros que renunciaron a la comitiva  afirman que nunca fue posible auditarlos.

Al respecto, Transparencia Internacional sigue de cerca el manejo de los fondos destinados para atender la pandemia y sus efectos en las economías de los países, incluyendo a Latinoamérica.

La Organización asegura que “mientras millones de fondos de covid-19 fluyen desde el Fondo Monetario Internacional, los presupuestos inflados y la poca supervisión crean una receta para la corrupción».

En El Salvador, dice, el Ejecutivo ha recibido más de $1,000 millones en calidad de préstamos, donaciones, LETES y CETES, para manejar la emergencia, documentando con ello posibles casos de corrupción.

Transparencia Internacional menciona casos emblemáticos como el Hospital El Salvador que se encuentra en construcción, compra de equipos médicos y distribución de alimentos, donde señalan pocos resultados positivos.

Aclaran que El Salvador  estuvo entre los primeros países en recibir fondos del Fondo Monetario Internacional y el gobierno se comprometió a rendir de manera formal la rendición de cuentas y transparencias de las mismas.

Este compromiso no es notorio en la administración de los recursos recibidos, por el contrario, «en lugar de fortalecer la competitividad y mejorar los negocios, el gobierno está creando un ambiente de confrontación con el sector privado, que no está contribuyendo a la recuperación económica», agregan.

Salud sin poder justificar Gastos

Sin un informe técnico, el ministro de Salud, Francisco Alabí habló de un gasto de $16.8 millones en pacientes que atienden en 400 camas de UCI por 12 días.

Además, manifestó  que el país invierte al día, $3,500 por los cuidados de un paciente en Cuidados Intensivos, cifra que  dista de la realidad, ya que es cuatro veces más caro que  en España, donde ronda los $825 o el triple en Colombia  que es de $1,140.

Tanto los costos como el número de camas en UCI no coinciden con los datos del Colegio Médico o el de SIMETRISSS, quienes aseguran que el país no cuenta con esos números de camas, ni menos con mil como lo afirmó Bukele.

Alabí acudió al congreso para obtener más recursos, pero la falta de transparencia en el uso, es una limitante para su aprobación y ser incluídos en los fondos del presupuesto de la Nación.

En la cadena nacional del 18 de marzo,  cuando se anunció el primer contagio, Bukele aseguró que habría “ mucho dinero fluyendo” para atender la pandemia y que la CICIES destacaría a 60 auditores para vigilar los fondos, pero es otra promesa sin cumplir.

En esa oportunidad aseveró que “el que toque un centavo, yo mismo lo voy a meter preso”, sin embargo solo procedió contra Jorge Aguilar y no al ministro  de Salud que firmó las ordenes de compras. Tampoco la ha hecho con las compras de botas de hule a la empresa de un pariente de Alabi.

Tanto Salud, Agricultura y Obras Públicas, entre otras dependencia de Estado, dejan dudas  sobre el destino de los fondos y en su afán de obtener más recursos, caen en contradicción alentando más los señalamientos de corrupción.

Centroamérica

El Salvador compra Bitcoin “en tendencia bajista” a medida que caen las principales monedas.

En medio de una caída del mercado de la criptomoneda más amplia, el presidente de El Salvador compra para agregar 150 bitcoins al acumulado del país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reveló que el país latinoamericano ha comprado 150 Bitcoin más mientras los precios bajaban el lunes por la mañana.

Según los datos de CoinGecko, la criptomoneda líder se desplomó un 6,9% en las últimas 24 horas, cayendo alrededor de $ 45.000.

Otras criptomonedas principales, incluídas Cardano (ADA), XRP , Solana (SOL) y Polkadot (DOT), arrojaron dos dígitos durante el día, mientras que Ethereum , la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha bajado un 9.2%, cotizando para esa fecha $ 3,137. 

«They can never beat you if you buy the dips.» (Nunca pueden vencerte si compras en las caídas) tuiteó Bukele, y agregó que esto bien puede considerarse un «consejo presidencial».

Con la última compra, El Salvador ahora tiene 700 Bitcoin por valor de aproximadamente $ 31 millones.

El gobierno de Bukele compró sus primeros 400 Bitcoin el 6 de septiembre, un día antes de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer formalmente la criptomoneda como moneda de curso legal.

Bitcoin cotizaba justo por debajo de los 53.000 dólares en ese momento, pero se desplomó en más del 10% al día siguiente del lanzamiento de la billetera Chivo Wallet oficial de El Salvador, con problemas técnicos que estropearon el inicio del experimento criptográfico del país.

Sin embargo, El Salvador aprovechó rápidamente la oportunidad con una compra de 150 Bitcoin más ese mismo día, lo que aumentó las reservas de la criptomoneda del país a un total de 550 BTC.

Bukele bajo fuego

A medida que continúa la juerga de compras de Bitcoin en El Salvador, el gobierno del país se enfrenta a una investigación sobre sus compras de Bitcoin y la instalación de cajeros automáticos Chivo.

Según un informe de Reuters de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, el organismo que supervisa el gasto público del país, recibió una queja de Cristosal, un grupo de derechos humanos y transparencia, en la que expresó su preocupación por el financiamiento del gobierno de las compras de Bitcoin.

Los ciudadanos también han criticado el experimento de criptoactivos del gobierno.

La semana pasada, en el día de la independencia del país, se intensificaron más protestas en El Salvador, con personas que salieron a las calles con pancartas de «No queremos Bitcoin» y «No a la dictadura» e incluso quemaron un cajero automático de Bitcoin en San Salvador.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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