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Más de $100 mil costaron al Estado las lujosas remodelaciones de las oficinas de Federico Anliker y Francisco Alabí.

La economía salvadoreña está deprimida y el gobierno exige más recursos para enfrentar la crisis sanitaria. Él más reciente es un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones, ratificado por los legisladores para financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador.

La falta de recursos económicos para enfrentar la pandemia, es el grito del presidente Bukele y cada vez exige  la aprobación de más préstamos a la Asamblea Legislativa, pero sus funcionarios los usan para darse unos “gustitos”.

La economía salvadoreña está deprimida y el gobierno exige más recursos para enfrentar la crisis sanitaria. Él más reciente  es un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones, ratificado por los legisladores  para financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador.

Sin embargo, el término austeridad y establecer prioridades no está presente en Federico Anliker, presidente de CEPA ni tampoco para Francisco Alabí, Ministro de Salud.

Ambos funcionarios ofrecieron sus salarios ante la falta de recursos, pero hoy dejan en evidencia sus verdaderas prioridades al gastar más de 100 mil dólares en lujosas remodelaciones de  sus despachos.

Los exagerados gastos realizados, causaron indignación entre la población, que aseguran hacer “milagros para irla pasando” porque ni fueron beneficiados con el bono de $300 ni con la bolsa solidaria de alimentos. El mismo  sucede para  el personal de primera línea  y veteranos que están a la espera del bono.

En el caso de Francisco Alabí, no solo autorizó y favoreció la compra de botas de hule por $225 mil a empresa familiar, sino que ahora invirtió cerca de $20 mil en remodelar su despacho, un monto mayor al que el gobierno destinó para remodelar seis hospitales de la red nacional.

El funcionario de Salud no escatimó los recursos del Estado, el cual está endeudado para hacerle frente a la pandemia y remodeló la oficina por $18,304, incluyendo una estación de café, valorado en $1,300.

La información salió a luz  por la investigación periodística  de SaludconLupa e hizo que los cibernaturas expresaran su descontento en redes sociales, ya que Alabí no reparó en gastos, aun cuando Bukele había expuesto en diferentes conferencias de prensa la necesidad de obtener  más fondos y estar en los picos más altos del covid-19.

En la publicación se detalla que el contrato para la infraestructura data del 25 de mayo, cinco meses después de la renuncia de  su antecesora Ana Orellana.

La adquisición comprendía  un lote de 22 muebles valorados en más de $18,000. A la compra se sumó un escritorio de $2,274.13 y una  mesa de reuniones por $4,548.25, entre otros. Además le compró los muebles a la empresa ARCA ARQUITECTOS quienes  son familia de su asistente, Bitia Marthely Márquez. La orden de compra fue firmada por la viceministra Karla Díaz de Naves.

CEPA también renovó despacho

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) fue más atrevido en su remodelación del despacho, gastando $88,276.49. La oficina se encuentra en Torre Futura, en San Salvador y además opera  la gerencia financiera de la institución.

De acuerdo a la información de medios de comunicación, la licitación  pública CEPA LP-40/2019, fue otorgada a la empresa ganadora  Sigma Ingenieros, S.A. de C.V, firmando el contrato de remodelación Emérito de Jesús Velásquez Monterroza.

Anliker salió al paso y manifestó que: “Aclaro que ejecutamos un proyecto para dignificar a nuestros colaboradores, cuyas oficinas las encontramos en estado deplorable, sin acceso a servicios sanitarios», dijo el presidente de CEPA, a través de su cuenta de Twitter, olvidando que su oficina se encuentra en lujoso edificio que cuida sus estándares de calidad para los arrendatarios.

Con el despilfarro del dinero proveniente de préstamos, pone en evidencia la corrupción del gobierno, quien trata de vender una falsa imagen del  “buen” manejo de los recursos, pero cada vez  sale a la luz pública documentos que revelan abusos de los fondos destinados para enfrentar la pandemia.

A raíz de la lluvia de críticas  por no priorizar la emergencia sanitaria, presidencia  borró las compras realizadas y que estaban en el sitio web de Comprasal , dejando claro que la transparencia les incomoda y en defensa arremete contra la libertad de expresión.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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