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Corrupción

Los casos acumulados de la corrupción Bukele

El gobierno ha mostrado resistencia para trasparentar el uso de los recursos públicos desde antes de la pandemia de covid-19. Los casos de corrupción se multiplican con la emergencia sanitaria.

El gobierno ha mostrado resistencia para trasparentar el uso de los recursos públicos desde antes de la pandemia de covid-19. Los casos de corrupción se multiplican con la emergencia sanitaria.

Diferentes investigaciones periodísticas apuntan casos de corrupción en la administración Bukele en su primer año de gobierno, aunque estos señalamientos no son nuevos, pues durante sus gestiones como edil de San Salvador y Nuevo Cuscatlán, también se le atribuyó el mal manejo de los fondos públicos.

En esta última, Nayib Bukele recibió financiamiento de Inverval SA de CV y desembolsó al menos 3 millones 474 mil 894 dólares al presidente, a una de sus empresas familiares y a personas que ahora son funcionarios de su gabinete.

Según investigación de Fiscalía, Bukele recibió 1.9 millones de la petrolera venezolana PDVSA, investigada por lavado de dinero y activos en el país y en Estados Unidos.

A su llegada a San Salvador, la corruptela estaba “enraizada” y un reportaje investigativo de la Revista Factum, sacó a luz una red de corrupción en la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Nayib Bukele.

Los amigos del presidente y ahora funcionarios de su gabinete de confianza, participaron en el aprovechamiento de los fondos municipales con fines propagandísticos y de negocios. Falsificaron firmas, alteraron fecha, simularon competencia para cumplir los deseos de entonces alcalde.

Ahora como jefe de Estado, él ni su gabinete escapan de la corrupción, sobre todo con el manejo de los fondos provenientes de donaciones, préstamos y recursos propios donde se ven involucradas las empresas de funcionarios.

En su primer año de gobierno, al menos cinco altos funcionarios y una ex ministra se vieron envueltos en casos de presunta corrupción y denunciados en el Tribunal de Ética Gubernamental, como es el caso de emblemático Osiris Luna y otros son investigados por la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, de estos primeros casos, el gobierno solo separó a Jorge Aguilar Zarco, quien fungía como presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), luego de conocerse que la empresa Insema, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Aguilar Zarco, había vendido 100,000 protectores faciales por un monto de 250,000 dólares al ministerio de Salud durante la pandemia.

Aguilar fue el “chivo expiatorio” para aquietar las críticas de corrupción y al mismo tiempo no contradecir sus declaraciones vertidas tras la emergencia sanitaria en las que expresó: “El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso”, pero al único que aparentemente “destituyó” fue al presidente de FONAES.

Beneficios gubernamentales de la pandemia

El arrastre de la corrupción del gobierno de Bukele se multiplicó con la emergencia del Covid-19, incluso aún después de finalizada, Presidencia continúa con las compras directas y echando mano del fondo de emergencia Fopromid y sin trasparentar a la fecha montos ni uso de los fondos.

Hasta la fecha la ayuda internacional, entre donaciones y préstamos sigue sin conocerse, autorizó compras de insumos médicos con sobre precio, ha favorecido a empresas de familiares de su gabinete, a empresas de amigos en el extranjero cuyo rubro no es la salud, como es el caso de la empresa española que vende repuestos de carros y otra en Miami, dedicada a la cerámica, adjudicar contratos a ofertantes más caras, entre otras.

La compra de alimentos a empresas fantasmas y otras involucradas en el lavado de dinero, entre ellas, M.Dias Branco y que Pablo Anliker, ministro de Agricultura compró 9.2 millones de pastas, solo son una muestra del nivel de corrupción de este gobierno.

Pese a ello, Bukele resta importancia al tema, pero la opacidad con la que maneja los fondos da la pauta para confirmar las artimañas realizadas en su primer año de gestión y que provocó la renuncia de un grupo de instituciones de la sociedad civil que trabajaba en la supervisión de préstamos internacionales.

El nepotismo, es otra mancha en esta gestión, a pesar de haber denunciado y despedido públicamente a parientes y amigos del gobierno del FMLN, a quienes acuso de enriquecerse de los recursos del Estado, el cayó en lo mismo.

A su gabinete, sumó a sus hermanos, Karim, Ibrajim y Yusef Bukele, quienes ejercen una poderos influencia en asuntos públicos, seguido de sus fieles amigos que le acompañaron en las administraciones municipales, tal es el caso de los hermanos Castros, Carolina Recinos y sus tres hermanos, Mario Durán, por mencionar algunos del círculo de confianza.

Estos casos de corrupción son calificados por analistas políticos y expertos en transparencia como retrocesos, sobre todo en el tema del derecho a la información, al tiempo que advierten una tendencia a no rendir cuentas a las que están obligadas las instituciones estatales.

La crisis del COVID-19, fue aprovechada para movilizar fondos sin los controles acostumbrados. El ocultamiento de información es visto como un mecanismo para “tapar” las irregularidades de los recursos.

Por ejemplo, que no puede pasarse por alto es la entrega del bono gubernamental de $300, entregados a más de un millón de personas a finales de marzo ni el gasto millonario del hospital Cifco y su anexo, los cuales no han sido posibles auditar y el poco avance en ellos deja a luz malversación de los fondos.

La corrupción provoca siempre el rechazo popular, pero el presidente Bukele la práctica y la defiende, responsabilizando a otros de sus acciones con publicidad y falsa información, que ha sido por otros gobiernos.

El Salvador ha ratificado las Convenciones contra la corrupción tanto de las Naciones Unidas como la Convención Interamericana y lo obliga a hacer cumplir sus obligaciones en el tema de transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas.

Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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