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Los casos acumulados de la corrupción Bukele

El gobierno ha mostrado resistencia para trasparentar el uso de los recursos públicos desde antes de la pandemia de covid-19. Los casos de corrupción se multiplican con la emergencia sanitaria.

Diferentes investigaciones periodísticas apuntan casos de corrupción en la administración Bukele en su primer año de gobierno, aunque estos señalamientos no son nuevos, pues durante sus gestiones como edil de San Salvador y Nuevo Cuscatlán, también se le atribuyó el mal manejo de los fondos públicos.

En esta última, Nayib Bukele recibió financiamiento de Inverval SA de CV y desembolsó al menos 3 millones 474 mil 894 dólares al presidente, a una de sus empresas familiares y a personas que ahora son funcionarios de su gabinete.

Según investigación de Fiscalía, Bukele recibió 1.9 millones de la petrolera venezolana PDVSA, investigada por lavado de dinero y activos en el país y en Estados Unidos.

A su llegada a San Salvador, la corruptela estaba “enraizada” y un reportaje investigativo de la Revista Factum, sacó a luz una red de corrupción en la alcaldía de San Salvador durante la gestión de Nayib Bukele.

Los amigos del presidente y ahora funcionarios de su gabinete de confianza, participaron en el aprovechamiento de los fondos municipales con fines propagandísticos y de negocios. Falsificaron firmas, alteraron fecha, simularon competencia para cumplir los deseos de entonces alcalde.

Ahora como jefe de Estado, él ni su gabinete escapan de la corrupción, sobre todo con el manejo de los fondos provenientes de donaciones, préstamos y recursos propios donde se ven involucradas las empresas de funcionarios.

En su primer año de gobierno, al menos cinco altos funcionarios y una ex ministra se vieron envueltos en casos de presunta corrupción y denunciados en el Tribunal de Ética Gubernamental, como es el caso de emblemático Osiris Luna y otros son investigados por la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, de estos primeros casos, el gobierno solo separó a Jorge Aguilar Zarco, quien fungía como presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), luego de conocerse que la empresa Insema, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Aguilar Zarco, había vendido 100,000 protectores faciales por un monto de 250,000 dólares al ministerio de Salud durante la pandemia.

Aguilar fue el “chivo expiatorio” para aquietar las críticas de corrupción y al mismo tiempo no contradecir sus declaraciones vertidas tras la emergencia sanitaria en las que expresó: “El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso”, pero al único que aparentemente “destituyó” fue al presidente de FONAES.

Beneficios gubernamentales de la pandemia

El arrastre de la corrupción del gobierno de Bukele se multiplicó con la emergencia del Covid-19, incluso aún después de finalizada, Presidencia continúa con las compras directas y echando mano del fondo de emergencia Fopromid y sin trasparentar a la fecha montos ni uso de los fondos.

Hasta la fecha la ayuda internacional, entre donaciones y préstamos sigue sin conocerse, autorizó compras de insumos médicos con sobre precio, ha favorecido a empresas de familiares de su gabinete, a empresas de amigos en el extranjero cuyo rubro no es la salud, como es el caso de la empresa española que vende repuestos de carros y otra en Miami, dedicada a la cerámica, adjudicar contratos a ofertantes más caras, entre otras.

La compra de alimentos a empresas fantasmas y otras involucradas en el lavado de dinero, entre ellas, M.Dias Branco y que Pablo Anliker, ministro de Agricultura compró 9.2 millones de pastas, solo son una muestra del nivel de corrupción de este gobierno.

Pese a ello, Bukele resta importancia al tema, pero la opacidad con la que maneja los fondos da la pauta para confirmar las artimañas realizadas en su primer año de gestión y que provocó la renuncia de un grupo de instituciones de la sociedad civil que trabajaba en la supervisión de préstamos internacionales.

El nepotismo, es otra mancha en esta gestión, a pesar de haber denunciado y despedido públicamente a parientes y amigos del gobierno del FMLN, a quienes acuso de enriquecerse de los recursos del Estado, el cayó en lo mismo.

A su gabinete, sumó a sus hermanos, Karim, Ibrajim y Yusef Bukele, quienes ejercen una poderos influencia en asuntos públicos, seguido de sus fieles amigos que le acompañaron en las administraciones municipales, tal es el caso de los hermanos Castros, Carolina Recinos y sus tres hermanos, Mario Durán, por mencionar algunos del círculo de confianza.

Estos casos de corrupción son calificados por analistas políticos y expertos en transparencia como retrocesos, sobre todo en el tema del derecho a la información, al tiempo que advierten una tendencia a no rendir cuentas a las que están obligadas las instituciones estatales.

La crisis del COVID-19, fue aprovechada para movilizar fondos sin los controles acostumbrados. El ocultamiento de información es visto como un mecanismo para “tapar” las irregularidades de los recursos.

Por ejemplo, que no puede pasarse por alto es la entrega del bono gubernamental de $300, entregados a más de un millón de personas a finales de marzo ni el gasto millonario del hospital Cifco y su anexo, los cuales no han sido posibles auditar y el poco avance en ellos deja a luz malversación de los fondos.

La corrupción provoca siempre el rechazo popular, pero el presidente Bukele la práctica y la defiende, responsabilizando a otros de sus acciones con publicidad y falsa información, que ha sido por otros gobiernos.

El Salvador ha ratificado las Convenciones contra la corrupción tanto de las Naciones Unidas como la Convención Interamericana y lo obliga a hacer cumplir sus obligaciones en el tema de transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas.