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Lilliam de Carsana, FUSADES: “Hay un cóctel molotov: más dinero y menos controles”

La investigadora senior del centro de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Lilliam de Carsana, expone la problemática en el país sobre la falta de acceso a la información y la falta de transparencia por parte del Gobierno en curso, además de las restricciones que tienen los medios de comunicación a acceder a información detallada y concreta sobre temáticas como uso de fondos públicos y otros temas relacionados a la emergencia.

La investigadora de Fusades cree que la Corte de Cuentas y la Asamblea deben poner más controles y fiscalizar los gastos durante la emergencia

La investigadora senior del centro de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Lilliam de Carsana, expone la problemática en el país sobre la falta de acceso a la información y la falta de transparencia por parte del Gobierno en curso, además de las restricciones que tienen los medios de comunicación a acceder a información detallada y concreta sobre temáticas como uso de fondos públicos y otros temas relacionados a la emergencia.

¿Cómo observa Fusades el acceso a la información durante la emergencia?

Nos sorprendió mucho que desde el inicio de la pandemia, dentro de los primeros decretos legislativos que se emiten para regular el funcionamiento de la administración pública, los plazos con lo relativo con acceso a la información se suspenden de forma expresa. En los decretos 593 y 599 se menciona todo lo relativo al acceso a la información, entonces uno dice: ¿cuál es la intensión de nombrarlo específicamente cuando se entiende que toda la administración pública está en situación de labores presenciales, salvo los relacionados con la emergencia? Se restringe un derecho fundamental de forma excesiva e injustificada.

¿Qué está sucediendo con la información oficiosa y las pruebas de COVID-19 hechas a los pacientes o las personas en los centros de retención?

Respecto a las pruebas que se les están realizando a las personas y su respuesta, este es un derecho a saber (del paciente) porque es una información sobre su estado de salud, son datos sensibles que no se deberían de publicar, solo como estadísticas, sin que se conozca su identidad. Pero acá es una violación al derecho de información, el derecho a la salud cuando a las personas que se les han hecho exámenes de COVID-19 no se les ha informado su situación. Como los casos de las personas en los centros de contención. Pero también hay un derecho colectivo de la población de conocer qué se está gastando y en qué se están gastando los fondos para asegurarnos que la gestión de la pandemia se está haciendo de forma adecuada. Al ver los diferentes portales que se han creado para dar información oficiosa, vemos que es insuficiente.

¿Al haber poca información podría haber casos de corrupción?

Lamentablemente sí, porque ya sabemos que el sector Salud y siempre ha sido un sector muy sensible a la corrupción, en todas las encuestas que hace Transparencia Internacional, este especializado en lucha contra la corrupción, el sector Salud y El Salvador no es la excepción, este es uno de los sectores más sensibles a la corrupción. Imaginémonos en tiempos de epidemias, cuando la presión contra el sistema es mucho mayor, porque dispone de más fondos, porque además se le ha habilitado el sistema de compra directa, ya no están todos los controles que establece la (Ley de Acceso a la Información Pública) Lacap, entonces aquí hay un “cóctel molotov”, hay más dinero con menos controles. En El Salvador estamos, por el momento, esperando, deseando, y dándole el beneficio de la duda al Gobierno de que las compras se están haciendo sin corrupción.

¿Qué está sucediendo con la presentación de los informes, que según el Gobierno los está presentando, pero la Asamblea insiste en que no contienen la suficiente información?

En el decreto 593 de la Emergencia, se detalla cómo deben ser presentados los informes, detallados y establece una cierta periodicidad, no es una opción, no es que el ministerio de Salud o el MOP puedan decidir cómo los van a presentar, sino que está establecido por ley.

¿Qué situación se está dando con la libertad del Gobierno para poder realizar las compras rápidas?

Nosotros desde Fusades hemos venido diciendo es que estamos en una situación de emergencia, el gobierno tiene que comprar rápido y debe disponer de los fondos y agilizar los procesos, pero hemos insistido mucho en que los entes de control les corresponde, además de la Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas, quien tiene la facultad para hacer auditorías preventivas, auditorías concurrentes, entonces debería de tener equipos de auditores fiscalizando el uso de los fondos públicos.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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