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Ley LACAP amordazada por el gobierno

Las reformas al Reglamento a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, significan un retroceso a la transparencia y rendición de cuentas

Aparte de cuestionar las reformas al Reglamento a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) ve una posible inconstitucionalidad.

Para Marjorie Trigueros, investigadora del Departamento de Estudios Legales de esta organización, la “reforma hecha a la LACAP es un retroceso de transparencia y rendición de cuentas, es bueno destacar que esta reforma se hizo de manera inconsulta y de manera repentina, esto puede llevar a una inconstitucionalidad”, precisó.

Asimismo, consideran que “puede haber opacidad y falta de transparencia” y que es una reforma de ley que le corresponde a la Asamblea Legislativa y que el Ejecutivo habría excedido sus facultades constitucionales.

Con las reformas, eliminó los requisitos para llevar un registro de los que retiran bases de licitación para participar en un proceso de contratación de un bien o servicio con el Estado.

Además, se establece que las convocatorias de licitaciones públicas sean por los medios digitales, lo cual no está contemplado en la ley de compras estatales. Otro punto que resta transparencia y publicidad al inicio de cada etapa del proceso de compras directas es el uso de correo electrónico para recibir ofertas o cotizaciones.

La preocupación tanto de Fusades como de las organizaciones que luchan contra la corrupción, surge tras la orden del presidente Bukele de reformar dicho reglamento, permitiendo con ello que los procesos de libre gestión y compras directas no se realicen a través del portal de COMPRASAL.

El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), Wilson Sandoval, sostiene que Comprasal surge para transparentar las compras del Estado y vienen siendo “como una vitrina, pero se desmonta eso y crea opacidad”.

Casa Presidencial emitió el decreto que fue firmado por Nayib Bukele y el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, el pasado 10 de agosto y entró en vigencia el jueves 27 de agosto, con las reformas en los artículos 4,47 y48 del reglamento.