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Corrupción

Las estafas en criptomonedas se han disparado hasta un 1,000 %

pérdidas de más de 80,000 millones de dólares en estafas de criptomonedas, mientras que Chainalysis estima que más de 140,00 millones de dólares en Bitcoins se perdieron por olvidar contraseñas o tener bloqueadas las cuentas.

La fiebre del oro digital está por todas partes y alrededor del mundo, muchas personas han sido timadas por estafadores cibernéticos y según la FTC algunas de las principales fuentes de estafa son los supuestos chivatazos, las réplicas de las carteras de inversión o las estafas piramidales por las que se pide que invierta más o introduzca a otros inversionistas.

6 criptoestafas hasta 2020

El dinero virtual es asociado a riquezas, ya que se piensa que se trata de un método fácil y novedoso para hacer montañas de dinero en poco tiempo, aunque eso está lejos de la realidad.

Sin embargo, estafadores de todo el mundo han aprovechado ese error común para prometer ganancias irreales a todo aquel que “invierta” en sus plataformas, sistemas o tokens mal hechos con el fin de recaudar millones de dólares.

Al respecto BeInCrypto elaboró una lista de las cripto-estafas más grandes hasta 2020.

Milton Group

La empresa se anuncia en redes sociales y también opera bajo los nombres de Cryptobase, CryptoMB y VetoroBanc, pero tras ella, un grupo de teleoperadores multilingües con oficinas en Ucrania, Albania, Georgia o Macedonia del Norte a seguen pautas establecidas para estafar al mayor número posible de personas incautas.

Se calcula que, solo durante 2019 y desde el Call Center de Kiev (Ucrania), el Milton Group logró estafar unos 71.5 millones de dólares, en tan solo tres años de estar funcionando y se supone que hicieron cantidades similares en años anteriores, el total asciende a 214.5 millones de dólares. Eso, sin contar las cifras alcanzadas por los otros Call Centers, por lo tanto, las pérdidas aún no pueden ser calculadas con exactitud.

Mining Max

La minería de criptomonedas  trabaja con el dinero de los compradores, mientras un experto se ocupa del manejo y mantenimiento de las máquinas y del software, para que al final puedas ganar el mayor porcentaje posible de la misma minería.

A ese procedimiento de invertir en mineros que son manejados por empresas expertas en la materia se le conoce como minería en la nube.

Existen varias plataformas dedicadas a ello, donde cada usuario puede escoger un plan a diferente costo. Por supuesto, siempre existe el riesgo de que la parte de los presuntos expertos desaparezca con el dinero o se quede con la mayoría.

Este es el caso de Mining Max, una compañía con sede en Estados Unidos y granjas de minería en Corea del Sur. En sus inicios alrededor de 2016, se presentaba como una plataforma de minería de altcoins en la nube y prometía retornos mensuales a todos sus inversionistas.

Posteriormente, se especializaron en la minería de Ethereum, siendo descubierto su fraude en diciembre de 2017 por las coreanas . (Yonhap News).

 Los administradores de Mining Max recaudaron alrededor de 250 millones de dólares por parte de unos 18,000 inversionistas provenientes de 54 países, incluyendo a Estados Unidos, Japón, China y la propia Corea del Sur.

Se cree que solo 80 millones fueron invertidos en máquinas mineras, mientras que 110 millones acabaron en cuentas bancarias de paraísos fiscales. El resto se usó para pagar a los inversionistas mayores, quienes, a su vez, recibían dinero de los niveles más bajos de usuarios, en lo que se convirtió en un esquema piramidal.

Si bien el sitio de Mining Max fue dado de baja, en su lugar, opera BTC Mining Max, una sospechosa plataforma de inversión en empresas blockchain.

Modern Tech (Pincoin y iFan)

Esta compañía se presentó en Vietnam como la representante de dos Ofertas Iniciales de Moneda (ICO), donde se venderían los tokens Pincoin y iFan. El primero se ofrecía como una oportunidad de inversión con retornos mensuales (e inexplicables) de hasta 40%; mientras que el segundo prometía ser el combustible de una nueva red social para artistas.

Con esta fachada, Modern Tech se estructuró como un esquema piramidal donde los mayores y más antiguos inversionistas eran los más beneficiados.

Para poder unirse a la plataforma, se solicitaba a cada nuevo integrante “invertir” un mínimo de 1.000 dólares en los tokens mencionados; los cuales, en realidad, nunca valieron tanto.

Para 2018, ninguna de las ganancias prometidas estaba siendo ya pagada. Modern Tech eliminó todas sus redes sociales y nunca apareció en sus presuntas oficinas.

La estafa rondó los 666 millones de dólares por parte de unas 32.000 personas. Aún los culpables no han sido atrapados.

BitClub Network

Otro caso fraudulento de minería en la nube, aunque sin duda más grave que Mining Max. Desde 2014, se ofrecen allí planes que van de los 50 a los 100.000 dólares a cambio de supuestas ganancias entre el 5 y el 12% de la inversión.

En diciembre de 2019, las autoridades estadounidenses intervinieron en la plataforma, que se reveló como nada más que un esquema piramidal, donde los nuevos inversionistas pagaban a los antiguos. Nunca hubo actividad minera como tal y tres de los promotores fueron arrestados. Dos más aún están en búsqueda y captura.

Sin embargo, la página de BitClub continúa en línea. Eso pese a que ya fueron robados unos 722 millones de dólares gracias a ella.

PlusToken

Esta plataforma se considera la gran cripto-estafa del 2019. De orígenes asiáticos, con fuerte presencia en China, Corea del Sur y Japón, es similar a la vietnamita Modern Tech. La principal oferta de este sistema era el token PLUS que  sería capaz de retornar a los inversionistas entre un 9 y un 20% mensual.

La cantidad timada por esta plataforma fue alrededor de 3 mil millones de dólares por parte de más de 3 millones de víctimas. Gran parte de lo estafado fueron cantidades en criptomonedas que aún rondan por la red: Bitcoin, Ethereum, EOS y OmiseGo.

OneCoin

Es llamada la reina de todas las cripto-estafas hasta la fecha. Opera con un esquema piramidal de larga data y a nivel global, que ha tenido fuerte presencia en el mundo hispano.

Según explican ellos mismos, OneCoin es una criptomoneda con una cadena de bloques privada y una plataforma de aprendizaje sobre el criptomundo. Las firmas OneLife, OneAcademy y OneWorldFundation son parte del mismo esquema.

Mediante OneLife y OneAcademy se ofrecen varios “paquetes educativos” que van desde los 110 hasta los 55.555 dólares. Por su parte, OneWorldFundation se presenta como una organización caritativa para niños que acepta donaciones en OneCoins, PayPal, transferencia bancaria y tarjetas de débito y crédito.

Estos “onecoins” nunca estuvieron listados en ninguna exchange y la única forma de cambiarlos a dinero fíat era en el OneCoin Exchange, un mercado interno solo para miembros. Claro esto fue hasta 2017, cuando el exchange cerró sin previo aviso.

La estafa es de unos 4.000 millones de dólares recaudados a nivel global en numerosos países. Otras fuentes calculan que serían hasta 19.4 mil millones de dólares desaparecidos por culpa de este esquema. Las páginas y redes sociales de OneLife continúan en funcionamiento, así que conviene evitarlas.

BitConnect (Mención honorífica)

El caso de BitConnect (BCC) fue distinto al de otras cripto-estafas, pues, de hecho, se trató en su momento de una criptomoneda descentralizada. Y todas las criptomonedas descentralizadas basan su valor mayormente en la confianza, por lo que el BCC logró escalar muy alto en la lista de criptomonedas por capitalización de mercado a partir de su lanzamiento en 2016.

El precio por token llegó hasta un máximo de 476 dólares, mientras que su capitalización superó los 2.100 millones de dólares para enero de 2018.

Texas State Securities Board emitió una orden de cierre para BitConnect, alegando que solo se trataba de un esquema piramidal y que estaba engañando a sus inversionistas.

No muchos días después, el 17 de enero de 2018, el equipo de BitConnect (que se mantenía en el anonimato) decidió cerrar sin más su plataforma de préstamos y el precio del token se vino abajo en picada.

Los usuarios de la criptomoneda comenzaron a venderla en masa para evitar más pérdidas, así que es difícil saber cuánto se perdió realmente debido a este esquema.

Corrupción

Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

La orden viene del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana por violar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El blindaje del caso del asesino de Chalchuapa continúa y aparte de silenciar las voces de policías y forenses, ahora la censura viene bajo una orden judicial hacia la revista Factum.

Según argumentos de la Fiscalía, se ha decretado reserva” porque se brindan detalles del sufrimiento de las víctimas y con ello se infringe el artículo 57 de la Ley contra la Violencia de la Mujer que manda abstenerse de brindar cualquier dato que lleve a identificar a las víctimas o familiares de estas.

Ante esta resolución, lo salvadoreños expresaron su apoyo en redes sociales al medio digital y afirmaron que la orden de la Fiscalía no solo busca ocultar la realidad y proteger al asesino, un ex policía que goza de privilegios.

En sus mensajes, acusan a la fiscalía de obedecer las órdenes de Bukele para no dañar la popularidad del presidente, aun así, sea a costa del dolor de las familias que siguen a la espera de información de sus parientes asesinados en manos de este psicópata.

“Bukele y su gobierno han hecho propaganda, invisibilizado y luego tergiversado el caso de Chalchuapa, incapaces de controlar el tema, porque él no busca justicia, sino que no manchen su imagen golpista, recurre a la censura para que nadie hable de él”, reza uno de los muchos tuits que apoyan el periodismo independiente.

Para Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), la resolución es “un acto de censura contrario al derecho de libertad de expresión y el acceso a la información”.

Asimismo, sostiene que es una reserva genérica, no precisa de extractos en los que supuestamente el medio ha incumplido la LEIV y detallo que semanas atrás la revista Gato Encerrado también fue obligada a bajar una nota periodística.

La periodista Cecibel Romero, también expresó su punto de vista en redes sociales en la que considera que el reportaje de Factum es “un relato que aporta elementos confesados por el autor principal y uno de sus cómplices a la Fiscalía que muestra que hubo asesinatos recientes en medio del Plan control Territorial, pandemia y nueva tregua, cerca de los días de “cero homicidios”.

Por su parte, Aida Betancourt, directora política de Nuestro Tiempo, escribió en su cuenta de twitter que “el caso de la masacre de Chalchuapa es escalofriante pues refleja, además del cinismo de las autoridades por conveniencia política, lo peor de nuestra sociedad, violencia, impunidad el machismo y el desprecio a las mujeres.

Igual opinión tiene la abogada Bertha Deleón quien calificó de “podrido” el sistema al callar a todo el que quiera revelar la verdad” y en su lugar, protege a “hombres que mataban por hobby, violaban y mataban a niñas, adolescentes y adultas, hechos ocurridos en 2020 y 2021”.

Recientemente Bukele se refirió a este caso asegurando que fueron enterrados hace décadas, pero estas afirmaciones fueros refutadas por el mismo testigo que protege la fiscalía, el cual testificó que 13 asesinatos de los 15 fueron cometidos en el 2020, bajo su gestión.

En la investigación de Factum, el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19.

 “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estévez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Lo anterior deja en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial y de acuerdo a los críticos del oficialismo, la orden dictada desde la presidencia tiene como objetivo censurar toda información que deja en evidencia el fracaso gubernamental en el tema de seguridad.Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

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Corrupción

Centro regional CCINOC pide a OEA publicar investigaciones realizadas por la CICIES

La solicitud del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) se da tras la finalización del compromiso del gobierno salvadoreño para combatir la impunidad.

Esta nación centroamericana puso punto final al convenio con la CICIES para combatir la corrupción y con ello también su principal promesa de campaña que llevó a la presidencia a Nayib Bukele.

La justificación del gobernante y del recién fiscal general, Rodolfo Delgado para dar por finalizado dicho acuerdo fue la supuesta contratación del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.

Sin embargo, la organización regional, conformada por 10 entidades de la sociedad civil, calificó de “altamente nocivo” el cierre de la CICIES y consideró que es importante que los salvadoreños conozcan los casos de corrupción investigados por esta institución y que son del conocimiento de la fiscalía.

Además, sostienen que es una “tendencia reiterada” en la región que da condiciones para la permanencia de la impunidad, por lo que instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a publicarlos.

Se trata de 12 casos de supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de los fondos de Estado de la pandemia de covid.19 y en la que estarían involucrados algunos funcionarios del actual gabinete.

El pasado 7 de abril, Ronalth Ochaeta, comisionado de la CICIES, informó que al menos 5 carteras del gobierno figuran en la investigación que quedaron sin ser judicializadas, luego que el mandatario restó credibilidad al trabajo realizado por esta institución.

Dentro de las 12 investigaciones finalizadas por la CICIES, mencionó otras 7 investigaciones integrales entre un total de 25 solicitudes de asistencia recibidas por la CICIES del gobierno, así como de la Fiscalía General.

“Solicitamos a la OEA que comparta con la ciudadanía el detalle de los casos informados por la CICIES a la fiscalía y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía a visibilizar nuestro rechazo ante las disposiciones autoritarias y arbitrarias tomadas desde el Ejecutivo y a continuar en las acciones de auditoria social y denuncia, exigiendo investigaciones independientes y una justicia imparcial”, expresaron a través de un comunicado.

En el mismo documento, externan su preocupación ante “la falta de voluntad política para combatir estos flagelos, la cual fue evidente en las limitaciones y orientación selectiva de casos impuesta por el gobierno salvadoreño”, citaron.

La CICIES era una entidad de apoyo técnico a las instituciones de control o de investigación. Recibió 25 solicitudes de asistencia por parte de distintas instituciones y para reforzar su trabajo recibió una donación de $2 millones del gobierno de Estados Unidos., en el marco de cooperación vigente entre la Fiscalía General y CICIES/OEA.

La CICIES tenía como mandato colaborar y coadyuvar con las instituciones nacionales responsables de prevenir y perseguir casos de corrupción en este país, debido a que en los últimos años se registraron diferentes procesos penales en los que se habían identificado redes de corrupción que operan en detrimento del patrimonio del Estado.

A la fecha, la CICIES no ha sido notificada su salida de El Salvador.

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