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Las dictaduras de izquierda no están solas para atacar a la prensa libre. Brasil, El Salvador hacen lo mismo.

Es bien sabido que las dictaduras izquierdistas de Cuba y Venezuela censuran a los medios y que el presidente populista de izquierda de México está demonizando a las organizaciones de noticias independientes. Lo nuevo es que algunos gobiernos democráticos de derecho de centro en América Latina están intensificando sus ataques contra la prensa libre.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tomado medidas para intimidar a los medios independientes en su país. OSCAR RIVERA GETTY IMAGES

Es bien sabido que las dictaduras izquierdistas de Cuba y Venezuela censuran a los medios y que el presidente populista de izquierda de México está demonizando a las organizaciones de noticias independientes. Lo nuevo es que algunos gobiernos democráticos de derecho de centro en América Latina están intensificando sus ataques contra la prensa libre.

Quizás envalentonado por la afirmación del presidente Trump de que los periodistas independientes son «enemigos del pueblo» y por sus diatribas diarias contra periodistas, el presidente ultraconservador de Brasil Jair Bolsonaro y el líder de El Salvador, Nayib Bukele, destacan por sus esfuerzos para intimidar a los medios independientes.

Un nuevo informe de la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) dice que «la libertad de expresión y la libertad de prensa están enfrentando sus desafíos más serios en las últimas décadas» en El Salvador bajo Bukele.

El informe de la SIP del 28 de marzo dice que la reciente entrada forzada de Bukele con tropas del ejército armado al Congreso para presionar por la aprobación de una ley fue una acción «sin precedentes». Agregó que «el gobierno busca perjudicar, desacreditar e intimidar a sus oponentes, ya sea directamente o a través de terceros, en persona o a través de las redes sociales».

Se cree que Bukele, un ex alcalde y empresario de 38 años que asumió el cargo el año pasado, está detrás de algunas de las granjas de noticias falsas que, entre otras cosas, han pirateado los principales periódicos como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. y sitios web como RevistaFactum.com y El Faro.net, dicen funcionarios de la SIP.

Aprovechando la crisis del coronavirus para su beneficio, Bukele ha sido uno de los más estrictos ejecutores de las reglas de cuarentena obligatorias en América Latina.

«El temor es que esta pandemia le dé una excusa para volverse aún más autoritario», me dijo el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.

Al igual que en China, el gobierno de Bukele ha arrestado en las últimas semanas a «cientos de personas» por caminar en las calles sin la debida autorización del gobierno y está enviando infractores de cuarentena a «centros de contención», dijo el miércoles el grupo de defensa de Human Rights Watch.

Hasta el 13 de abril, un total de 4.236 personas estaban detenidas en 87 centros de contención, incluidas algunas detenidas por violar las normas de cuarentena doméstica y otras detenidas después de regresar del extranjero, según un comunicado de Human Rights Watch.

«El presidente Bukele actúa como si cualquier política estuviera justificada para detener la propagación de la pandemia COVID-19, incluso si es inconstitucional», me dijo el director de Human Rights Watch Americas, José Miguel Vivanco. «Él piensa que todo vale».

En Brasil, por otro lado, Bolsonaro ha minimizado constantemente la crisis del coronavirus y, casi a diario, ataca a periodistas que lo critican por eso.

Al igual que Trump, Bolsonaro llama a los periódicos independientes como Folha de Sao Paulo «noticias falsas» y se burla de los periodistas que le hacen preguntas difíciles.

«Bolsonaro está haciendo lo mismo que Trump», dice Vivanco. «Es copiar y pegar».

En menor grado, los defensores de la libertad de prensa también están nerviosos por un decreto COVID-19 emitido el 25 de marzo por el presidente interino de centro derecha de Bolivia, Jeanine Añez.

Según el decreto vagamente redactado de Bolivia, aquellos que cometen «crímenes contra la salud pública» al «desinformar» al público sobre la pandemia de COVID-19 podrían estar sujetos hasta 10 años de prisión.

Si bien el decreto no se ha utilizado para silenciar a los medios hasta ahora, contiene «un lenguaje amplio y vago que amenaza las críticas a las políticas (gubernamentales) o los informes de noticias», dijo la oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos en un tweet del 11 de abril.

Sin duda, hay mucha más libertad de prensa en Brasil, El Salvador y Bolivia que en Cuba y Venezuela, donde no hay ninguna. La dictadura cubana no ha permitido un solo periódico independiente, estación de radio o televisión en más de medio siglo. La dictadura venezolana solo permite una presencia simbólica de periódicos críticos.

Pero el hecho de que todavía haya más libertades de prensa en las democracias de centro derecha no es excusa para lo que está sucediendo en Brasil, El Salvador y, en menor medida, Bolivia.

Sin una prensa libre, no hay controles sobre la corrupción gubernamental, que tiende a conducir a una mayor corrupción pública y ahuyentar las inversiones nacionales y extranjeras, clave para la prosperidad económica. Los líderes de Brasil, El Salvador y Bolivia, que proclaman ser procomerciales, deberían tenerlo en cuenta.

Autoría de Miami Herald

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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