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La pandemia mermó y el Hospital El Salvador lleva un año en construcción.

Hace un año el presidente, Nayib Bukele, prometió tener en 75 días el hospital más grande de Latinoamérica para los casos de coronavirus. A la fecha, las fases 1 y 2 están a medias, mientras que la tercera etapa no se ha construído.

La pandemia de Covid-19 obligó a muchos países del mundo a improvisar hospitales de campaña ante el incremento de los casos de covid-19, sin embargo, el presidente de El Salvador optó por el camino más largo e hizo colapsar la red hospitalaria.

En pocas semanas, las personas ingresaban por covid-19 fueron ingresadas en áreas improvisadas dentro de los hospitales donde se encontraban otros enfermos.

La mayoría de médicos no compartieron la medida gubernamental, por los altos riesgos de contagio y también por la falta de equipo médico, pero, aun así, siguieron en primera línea viendo caer a más de 200 colegas y junto a ellos, a muchos salvadoreños que perdieron la vida.

Ayer, los hombres y mujeres de blanco fueron homenajeados por sus compañeros, mientras se sigue batallando sin tener un hospital especializado para esta crisis de salud, solo se cuenta la fase 1 y 2 a medias porque la fase 3 ni siquiera ha comenzado.

Su finalización como el monto invertido a la fecha se desconoce, el ministro de Salud Romeo Rodríguez, evade los cuestionamientos y en su lugar trata de justificarlos.

De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy, se reveló que en el mes mayo de 2020, la construcción del hospital fue distribuída en paquetes, provocando con ello atrasos en los trabajos de terracería.

Para la primera fase de terracería y fundación, el MOP otorgó el contrato directo a la empresa civil Infraestructura S.A. de C.V. por un monto de $3.9 millones. Y que es propiedad de Rolando Barrientos.

Otro paquete denominado 6B fue asignado a la empresa Imfica Industrial S.A. de C.V., dedicada al rubro de acero, la cual ejecutaría las obras de terracería y las bases en donde está montada la estructura de acero y con un costo de $4.5 millones.

Estos atrasos y las críticas de la sociedad civil por los altos niveles de contagio y la queja de los médicos por la falta de equipo, hizo que el gobierno “maquillara” las instalaciones del Cifco, inaugurando el 21 de junio del año pasado, el anexo del Hospital El Salvador.

Su apertura fue equipo prestado del Seguro Social y del Hospital San Rafael, sin sistema de tratamiento de aguas residuales, sin planta de energía eléctrica y con personal de otros hospitales.

Un mes más tarde, el gobierno aceptó que el hospital estaba funcionando sin esas áreas adecuadas, anomalías que algunos médicos se atrevieron a denunciar en anonimato.


El ministro de Salud Pública, Francisco Alabí y el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, aceptaron que no contaban con una planta de tratamiento de aguas residuales en el nuevo hospital.

A pesar de ello, el gobierno hizo una fuerte inversión en publicidad a nivel nacional e internacional, incluso pagó $12,600 por la redacción de varios artículos en la prestigiosa revista británica The Lancet, especialista en temas de salud con el dinero público.

Retrasos y corrupción

El titular del MOP aseguró que la fase III estaría finalizada en el primer trimestre de este año y que sería una estructura permanente para poder realizar atenciones, pero marzo está por finalizar y Rodríguez se ha silenciado al respecto.

Al pasar por la zona en construcción, se observa que, al igual que el anexo Cifco, la infraestructura también fue maquillada días antes de las elecciones al cubrir la armazón de hierro y acero con láminas de vidrio, decorada con banderas para tapar otra vez, la promesa incumplida.

Sobre el uso de los 75 millones en la construcción de esta edificación, el gobierno y el ministro Rodríguez se niegan a rendir cuentas y según investigaciones, existen fuertes indicios de corrupción no solo en la construcción de este centro hospitalario, sino en muchas otras dependencias del Estado, que aprovecharon la emergencia sanitaria para hacer negocios con sobreprecio, entre otros.

Esta semana, la corte de cuentas ha manifestado haber encontrado 63 irregularidades en la construcción del Hospital El Salvador y están a la espera que el funcionario del MOP explique sobre esas anomalías.

Rodríguez, presentó el 21 de abril un informe de dos páginas a la Asamblea para reportar los avances en la construcción del hospital, lo que fue calificado por una burla tanto por los diputados como organizaciones vigilantes de la transparencia.

Ante los insistentes llamados para rendir cuentas, el gobierno salvadoreño puso bajo secreto por varios años la mayoría de la información oficial relacionada con la atención de la pandemia de Covid-19.

Lo cierto, es que muchos salvadoreños aguardaron la esperanza de que sus familiares con covid-19, fueran atendidos en el hospital que su presidente les prometió, el cual sigue sin fecha de entrega.

Por ahora se conforman en ser atendidos en cualquier hospital para vencer el covid.19, porque la promesa nunca llegó durante la emergencia sanitaria.

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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