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La pandemia mermó y el Hospital El Salvador lleva un año en construcción.

Hace un año el presidente, Nayib Bukele, prometió tener en 75 días el hospital más grande de Latinoamérica para los casos de coronavirus. A la fecha, las fases 1 y 2 están a medias, mientras que la tercera etapa no se ha construído.

La pandemia de Covid-19 obligó a muchos países del mundo a improvisar hospitales de campaña ante el incremento de los casos de covid-19, sin embargo, el presidente de El Salvador optó por el camino más largo e hizo colapsar la red hospitalaria.

En pocas semanas, las personas ingresaban por covid-19 fueron ingresadas en áreas improvisadas dentro de los hospitales donde se encontraban otros enfermos.

La mayoría de médicos no compartieron la medida gubernamental, por los altos riesgos de contagio y también por la falta de equipo médico, pero, aun así, siguieron en primera línea viendo caer a más de 200 colegas y junto a ellos, a muchos salvadoreños que perdieron la vida.

Ayer, los hombres y mujeres de blanco fueron homenajeados por sus compañeros, mientras se sigue batallando sin tener un hospital especializado para esta crisis de salud, solo se cuenta la fase 1 y 2 a medias porque la fase 3 ni siquiera ha comenzado.

Su finalización como el monto invertido a la fecha se desconoce, el ministro de Salud Romeo Rodríguez, evade los cuestionamientos y en su lugar trata de justificarlos.

De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy, se reveló que en el mes mayo de 2020, la construcción del hospital fue distribuída en paquetes, provocando con ello atrasos en los trabajos de terracería.

Para la primera fase de terracería y fundación, el MOP otorgó el contrato directo a la empresa civil Infraestructura S.A. de C.V. por un monto de $3.9 millones. Y que es propiedad de Rolando Barrientos.

Otro paquete denominado 6B fue asignado a la empresa Imfica Industrial S.A. de C.V., dedicada al rubro de acero, la cual ejecutaría las obras de terracería y las bases en donde está montada la estructura de acero y con un costo de $4.5 millones.

Estos atrasos y las críticas de la sociedad civil por los altos niveles de contagio y la queja de los médicos por la falta de equipo, hizo que el gobierno “maquillara” las instalaciones del Cifco, inaugurando el 21 de junio del año pasado, el anexo del Hospital El Salvador.

Su apertura fue equipo prestado del Seguro Social y del Hospital San Rafael, sin sistema de tratamiento de aguas residuales, sin planta de energía eléctrica y con personal de otros hospitales.

Un mes más tarde, el gobierno aceptó que el hospital estaba funcionando sin esas áreas adecuadas, anomalías que algunos médicos se atrevieron a denunciar en anonimato.


El ministro de Salud Pública, Francisco Alabí y el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, aceptaron que no contaban con una planta de tratamiento de aguas residuales en el nuevo hospital.

A pesar de ello, el gobierno hizo una fuerte inversión en publicidad a nivel nacional e internacional, incluso pagó $12,600 por la redacción de varios artículos en la prestigiosa revista británica The Lancet, especialista en temas de salud con el dinero público.

Retrasos y corrupción

El titular del MOP aseguró que la fase III estaría finalizada en el primer trimestre de este año y que sería una estructura permanente para poder realizar atenciones, pero marzo está por finalizar y Rodríguez se ha silenciado al respecto.

Al pasar por la zona en construcción, se observa que, al igual que el anexo Cifco, la infraestructura también fue maquillada días antes de las elecciones al cubrir la armazón de hierro y acero con láminas de vidrio, decorada con banderas para tapar otra vez, la promesa incumplida.

Sobre el uso de los 75 millones en la construcción de esta edificación, el gobierno y el ministro Rodríguez se niegan a rendir cuentas y según investigaciones, existen fuertes indicios de corrupción no solo en la construcción de este centro hospitalario, sino en muchas otras dependencias del Estado, que aprovecharon la emergencia sanitaria para hacer negocios con sobreprecio, entre otros.

Esta semana, la corte de cuentas ha manifestado haber encontrado 63 irregularidades en la construcción del Hospital El Salvador y están a la espera que el funcionario del MOP explique sobre esas anomalías.

Rodríguez, presentó el 21 de abril un informe de dos páginas a la Asamblea para reportar los avances en la construcción del hospital, lo que fue calificado por una burla tanto por los diputados como organizaciones vigilantes de la transparencia.

Ante los insistentes llamados para rendir cuentas, el gobierno salvadoreño puso bajo secreto por varios años la mayoría de la información oficial relacionada con la atención de la pandemia de Covid-19.

Lo cierto, es que muchos salvadoreños aguardaron la esperanza de que sus familiares con covid-19, fueran atendidos en el hospital que su presidente les prometió, el cual sigue sin fecha de entrega.

Por ahora se conforman en ser atendidos en cualquier hospital para vencer el covid.19, porque la promesa nunca llegó durante la emergencia sanitaria.

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Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Noticias

El gobierno gastó $5 millones en módulos de vacunación covid-19 que ya no serán utilizados.

Las 156 cabinas que servirán como centros de inmunización y cuyo costo individual fue de $32, 000 fueron sustituídas por escuelas, Unidades de Salud y también el Hospital El Salvador en Cifco

La improvisación durante la pandemia otra vez les pasa factura a las arcas del Estado, ya que el gobierno abandonó esta estrategia de vacunación y con ella la inversión de $5 millones que siguen sin rendir cuentas y cuya información también ha sido puesta en reserva.

A principio de año, el ministro Francisco Alabí justificó este gasto lo hacían porque no se podía “colocar vacunas en áreas que son inexistentes o deterioradas en las cuales no se cumplan con los requerimientos y donde no se puedan aplicar la estrategia en un corto tiempo”.

Una de las propuestas hechas por el gremio médico era reforzar y gastar en las unidades de salud, donde ya existe lugares de vacunación.

El infectólogo Iván Solano, recomendó en su momento, reenfocar la inversión de los módulos por considerar que eran necesarios y que, si los vacunatorios del país estaban en malas condiciones, lo ideal sería invertir en readecuarlos y que su infraestructura quedara para usos posteriores, antes que invertir en estos módulos», dijo.

Sin embargo, cuatro meses después, da la impresión que las autoridades retoman esa idea, lastimosamente, los gastos realizados no tienen retorno.

En las últimas dos semanas, tanto centros educativos como las unidades de Salud, figuran como puntos de inmunización, incluyendo el anexo Cifco del Hospital El Salvador.

Cabe señalar, que este nosocomio nació como un centro especializado en atención para pacientes referidos por covid, pero el ha designado como vacunatorio, aún cuando hay pacientes ingresados por contagio de coronavirus.

Según los infectólogos, Iván Solano y Jorge Panameño desaprobaron la medida por ser de alto riesgo, sobre todo porque están trasladando en bus a las personas hacia el hospital.

Por su parte, Solano Leiva cuestionó que “si voy a poner ‘buses alegres’ para la vacunación, ¿cómo asegurarme que se van a mantener los protocolos de bioseguridad en los autobuses, el distanciamiento?

A juicio de Panameño “centralizar la vacuna es problemático, puede haber aglomeraciones, en las que hay riesgo de infectarse. El principio de salud pública para alcanzar las metas de vacunación, establece que hay que facilitarle a la población, acercando a la comunidad las vacunas. Así se erradicó la rubéola en el mundo; así en El Salvador se ha controlado enfermedades como el sarampión, rubéola, la poliomielitis”.

Para los expertos en epidemiología, una vacunación masiva en un mismo lugar eleva los riesgos de contagio, ya que muchos pueden ser asintomáticos.

A estas opiniones se suman los usuarios de twitter quienes no solo critican la medida, sino que cuestionan la inversión que hará el gobierno en transporte como sucedió durante la cuarentena donde, se favoreció con ello a amigos de funcionarios de gobierno que brindaron dicho servicio.

Por ejemplo, solo el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez gastó $186 mil en transporte, beneficiando la empresa de publicidad Evolución S.A. de C.V.

El monto del servicio de transporte para el traslado de las personas al vacunatorio del Cifco se desconoce y toda información ha sido puesto en reserva por orden del presidente Bukele.

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