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La crisis en Nicaragua por las protestas en un templo católico

Una investigación realizada por la BBC News Mundo, describe la desesperación de los familiares de las personas que hacen huelga de hambre en una iglesia asediada por la policía de Nicaragua

Estela Rodríguez dice que desde hace ocho días casi no duerme: solo sabe contar las horas, mirar un calendario por el que el tiempo parece no trascurrir. Revisar una y otra vez su teléfono por si alguien la llama con alguna noticia de su hija.

«No sé nada de ella desde el sábado pasado. Su celular se quedó sin carga y yo como madre estoy sufriendo, sé que mi hija no está bien, mi corazón de madre me lo dice y no puedo hacer nada, es muy grande la impotencia», cuenta a BBC Mundo.

Su hija, Karen Johanna Lacayo Rodríguez, de 43 años, inició el jueves de la pasada semana una huelga de hambre en una iglesia de Masaya, en Nicaragua, para pedir la liberación de 150 opositores al gobierno de Daniel Ortega.

Entre esos opositores detenidos está su hermano, Edward Enrique Lacayo, que está la cárcel desde el año pasado.

Tras el anuncio de la huelga el jueves pasado, la policía de Nicaragua cercó la iglesia de San Miguel Arcángel, le cortó los servicios básicos y ha impedido durante toda la semana que activistas lleven bebidas o suministros a los huelguistas, según denuncian organizaciones de derechos humanos.

De hecho, 13 de ellos, que fueron capturados cuando intentaban llevar agua al templo, fueron enviados a la cárcel y ahora enfrentan cargos por portar «armas de fuego» y «bombas caseras».

«Estoy destruida: mi hijo está preso, lo pusieron cargos por narcotráfico por protestar contra este gobierno. Y mi hijita ahora se está muriendo allí y no le puedo llevar ni agua», dice la mujer, de 67 años.

«La huelga fue su decisión, la decisión de su conciencia por su hermano y respeto que no quiera comer. Pero los tienen encerrados sin luz ni agua. Eso no es humano, no puedo pensar que mi hija está sin comer y no tiene ni con qué mojarse los labios«, agrega entre lágrimas.

Otro grupo de personas que también intentó llevar agua a los huelguistas este viernes desde la capital fue detenido por las autoridades y regresados a Managua, escoltados por la policía.

«No sé cómo han podido estar tantos tiempo sin agua, sin luz, en la iglesia, (esto) hace peor el sufrimiento por el que están pasando», dice Rodríguez.

La angustia de los días

Mientras pasan los días, la situación en el templo de Masaya se hace más incierta y las personas dentro han quedado incomunicadas, los que ha aumentado la desesperación y el desconcierto de los familiares que esperan alguna noticia.

«Es una angustia muy grande, muy grande, están una huelga de hambre y no sabemos cómo están, porque están los guardias allí y no dejan pasar. No nos podemos ni acercar. No podemos hablar con ellos, ver cómo están, acompañarlos. Todos los familiares estamos en sufrimiento», lamenta Rodríguez.

«Me dicen por ahí que hay gente que está desmayada, deshidratada… y es lógico, ya van muchos días… y también la situación del padre que está allí y está delicado», agrega.

Entre las personas que permanecen en la iglesia asediada se encuentra el cura Edwing Román -uno de los sacerdotes que se ha convertido en un símbolo del movimiento contra Ortega- que padece de diabetes y no ha podido tener acceso a sus medicamentos o una alimentación adecuada, según informó la Conferencia Episcopal nicaragüense.

«Hemos estado en contacto con el padre Edwing y ha sufrido descompensaciones, pero se mantiene estable. No podemos decir nada del estado de las otras personas que lo acompañan, pero diré que es una situación bastante difícil», le asegura a BBC Mundo monseñor Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis de Managua.

El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la huelga de hambre y el asedio al templo.

Pero durante su tradicional comparecencia ante los medios oficialistas el pasado martes, la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, acusó a la Iglesia católica de «dividir» a los nicaragüenses y exigió a las autoridades eclesiales «respeto» a su gobierno.

«Nosotros, como ciudadanos libres, dignos, exigimos respeto, sobre todo de quienes cumplen funciones pastorales», dijo Murillo.

«Exigimos trato respetuoso, digno, no estamos viviendo en Nicaragua tiempos de capitalismo feroz sino tiempos de equidad, de cristianismo, de solidaridad, de buena fe y buen corazón. Merecemos respeto de quienes dicen tener autoridad pastoral», agregó, según el portal La Voz del Sandinismo.

Avilés, por su parte, señala que es la Iglesia nicaragüense ha sufrido constantes episodios de «irrespeto», «coerción» e «intimidación» «por acompañar desde un punto de vista humanista a Nicaragua en su justa protesta por la libertad».

«La Iglesia se ha vuelto el único espacio de libertad que existe actualmente en Nicaragua, de ahí que el gobierno esté enviando sus turbas contra ella. Nosotros solo somos un reflejo humanista y pacifista de esta búsqueda del pueblo de Dios», dice el también vocero de la Curia Arzobispal.

Altercados en las iglesias

Pero la huelga de hambre no ha sido el único -ni último- enfrentamiento entre el gobierno y sus opositores que ha tenido de por medio una iglesia católica.

Un grupo de seguidores de Ortega, armados con machetes, palos y barras de metal, rodearon el jueves el templo de San Juan Bautista en Masaya mientras se preparaba una procesión en solidaridad con los huelguistas de hambre y el sacerdote de San Miguel Arcángel.

Mientras el lunes, simpatizantes del gobierno agredieron a un cura y una monja que intentaban proteger a a otro grupo de mujeres que había iniciado otra huelga de hambre por la liberación de los presos en la Catedral Metropolitana de Managua.

El cerco y la huelga en ese templo terminaron un día después, no sin que la Iglesia de Nicaragua condenara lo que consideró una «profanación» de uno de sus recintos más importantes y pidiera al gobierno escuchar las peticiones de los huelguistas, «que a la vez son sus derechos».

«Exhortamos a los responsables de estos asedios para que depongan su postura. Es demasiado el dolor que han sufrido los nicaragüenses. La familias que se encuentran asediadas cargan con un doble sufrimiento: la falta de libertad de sus familiares encarcelados y, ahora, el estado de sitio que atenta contra sus vidas», indica el comunicado.

Los incidentes en las iglesias provocaron varias protestas y pronunciamientos tanto de organizaciones internacionales como de gobiernos y figuras públicas de Europa y América Latina.

Nicaragua vive una profunda crisis política y económica desde abril de 2018, cuando los estudiantes se lanzaron a la calle para pedir la renuncia de Ortega, que llegó al poder en su segundo mandato en 2007 (el primero fue de 1985 al 90).

Las protestas dejaron un saldo de al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos y cerca de 70.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras cientos de nicaragüenses terminaron en la cárcel.

La oposición llama a estos últimos «presos políticos», mientras el gobierno -que insiste en que las manifestaciones son en realidad un «intento de golpe de Estado»- los condenó por delitos comunes y los considera «vándalos» o «terroristas».

Las autoridades liberaron a más de 500 de ellos durante una amnistía en los meses de verano, pero más de 100 continúan en las cárceles, según organismos de derechos humanos.

Las huelgas de hambres de los últimos días forman parte de una acción opositora llamada «Navidad sin presos», que busca la liberación antes de fin de año de los que aún quedan en las cárceles.

Estela Rodríguez, entre tanto, dice que solo espera que la «pesadilla» que ahora vive por sus dos hijos acabe pronto.

«Yo solo los quiero a los dos de vuelta, vivos. Yo pido que me los traigan. Ya es hora de que todo esto termine. Ya hemos sufrido demasiado. En mi desesperación, solo puedo pedir ayuda por los que están en esa iglesia, por el padre Edwing, por mi hija, por todos los que están allí».

Tomado de BBC News https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50511209

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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