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Corrupción

La corrupción mal endémico presente en los órganos del Estado Salvadoreño.

Según el cardenal Gregorio Rosa Chávez, las plazas fantasmas es un tema delicado que debe ser investigado con objetividad y alejado de la politización.

El escandaloso caso de las contrataciones de familiares y amigos de las fracciones parlamentarias en la Asamblea Legislativa, da la “sensación que tiene dedicatoria”, pero más que politizarlo para sacar beneficios, deber ser una investigación responsable.

Con esas declaraciones, cardenal Gregorio Rosa Chávez se pronunció este domingo y afirmó que cuando la investigación es objetiva se ve quien más necesita ser reprendido o incluso castigado.

Por lo tanto, dijo el religioso, se espera que sea una investigación seria, sin ninguna intención segunda y más con una verdadera objetividad.

“Esto no es lo que tenemos por costumbre en el país, más bien es todo lo contrario una impunidad y una evasión de la justicia que favorece a las personas más poderosas; eso duele mucho porque el pobre es el que siempre paga los platos rotos”.

Asimismo, el cardenal Rosa Chávez criticó que no solo en la Asamblea Legislativa hay “plazas fantasmas”, también están en las demás oficinas del Estado porque “la corrupción es un mal endémico, es muy viejo ese mal…  en el arca abierta hasta el justo peca, cita la Biblia”.

Señala que “Cuando hay mucha discrecionalidad suceden estas cosas, por eso, hay que ser muy objetivo y también abarcar todo el universo de la corrupción donde quiera que se encuentre”, sentenció.

A su juicio, manifiesta Rosa Chávez, da la impresión que la investigación sobre la corrupción en el congreso tiene otros intereses y que “uno siente que no hay verdadera objetividad en el esfuerzo que se está realizando”.

Sobre la investigación

El pasado 10 de marzo, el Sindicato del Órgano Legislativo (SITRAL) reveló que más de 1,000 plazas irregulares en el parlamento, las cuales corresponden a personas que no se presentaron a trabajar.

Ante esto, los diputados de las fracciones de GANA, PCN y ARENA admitieron que sí hay personal contratado cobrando sin laborar, de éstos, solo el diputado Gallegos tiene 19 familiares y amigos, en su planilla.

En total, hay 238 plazas asignadas a este instituto político que solamente tiene 10 legisladores, cada uno con alrededor de 26 trabajadores. Para sorpresa del gobierno y de la misma Fiscalía, GANA, las plazas fantasmas corresponden al partido que el presidente usó como trampolín para llegar al Ejecutivo.

La confirmación viene de los mismos diputados, entre ellos Mario Tenorio, al declarar el 15 de marzo que todas las fracciones de la Asamblea Legislativa tienen plazas de personas que no se presentan a laborar.

Asimismo, alcalde electo de Sensuntepeque de Cabañas, por el partido GANA, José Santos Alfaro Echeverría, reconoció durante una reunión de campaña previa a las elecciones del pasado 28 de febrero, que actualmente recibe un salario de $1,600 como empleado de la Asamblea Legislativa.

Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, manifiesta en su columna editorial las “plazas fantasmas”, mal llamados cargos “ad honorem” de funcionarios que sí cobran salarios: ministros, secretarios presidenciales, asesores, etc.

En mayo de 2020, recordó que, en un acto propagandístico, varios funcionarios “ad honorem”, entre éstos el secretario jurídico Conan Castro, ofrecieron donar su sueldo ante la supuesta falta de fondos para atender la pandemia de COVID-19.

Finalmente opinó que “plazas fantasmas” son otorgadas por tráfico de influencias y nepotismo: el “familión” del diputado Guillermo Gallegos, es un claro ejemplo.

Para Herrera, las investigaciones contra las “plazas fantasmas” de la Asamblea sea una ofensiva general por la transparencia, la probidad y la anticorrupción en todas las instituciones del Estado, incluso el “presidente Nayib Bukele podría dar el ejemplo y tomar la iniciativa abriendo el acceso a la información pública que hasta ahora mantiene restringido”.

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Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Corrupción

La corrupción contamina otras áreas de la democracia y empuja la migración

El mensaje de la administración Biden es claro y contundente para el gobierno de El Salvador y el resto de países que conforman el Triángulo Norte.

Para Ricardo Zúniga, quien debe lidiar con las causas de la crisis de la migración en Estados Unidos, la corrupción no es un tema aislado a la migración y tampoco se limita al dinero. “La corrupción contamina otras áreas de la democracia”.

El emisario de la Casa Blanca afirma que “detrás de los fondos desviados a intereses “egoístas”, hay hospitales desabastecidos, barrios inseguros, pobre acceso a la educación y otras necesidades básicas de la población no cubiertas. Y esto empuja a la gente a emigrar de manera irregular”.

Para Ricardo Zúñiga la democracia y el estado de derecho son pilares fundamentales de lo que él denomina “condiciones habilitantes” para que los salvadoreños tengan prosperidad y movilidad social, y con eso se evite o se reduzca la migración irregular.

En ese sentido, la administración Biden deja claro que “la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a Centroamérica y la única manera de eliminar la corrupción y combatir la impunidad, es “trabajar juntos, haciendo una labor técnica objetiva y sobre todo de cara a la población”.

Por ello, una de las primeras reuniones agendadas en su rápida visita fue con las instituciones que trabajan combatiendo los ilícitos, entre estas la Fiscalía General de la República, CICIES, Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la

Asimismo, considera que es necesario disponer de recursos para fortalecer a las dependencias que centran su trabajo en el combate a la corrupción y que Estados Unidos contribuirá con $2 millones para que (CICIES).

“EEEUU los acompaña en esta lucha, seguiremos acompañando a todos los que estén trabajando a favor de la transparencia y el cumplimiento del estado de derecho”, expresó.

Al respecto, el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, reiteró a Zúniga la necesidad de reformas para fortalecer el trabajo de la institución y anunció que ha realizado 25 asistencias a la FGR, entre estas: 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras de Estado, auditorías del 81% de los gastos realizados durante la pandemia, y ayuda en investigación de siete casos integrales a solicitud del fiscal general.

“Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla», indicó Ochaeta, durante la conferencia de prensa tras la reunión con el fiscal general de la república, Raúl Melara, y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Finalmente, Zúniga no paso por alto la propuesta de la sociedad civil en reforzar la CICIES, la cual elogió, porque le da mayor independencia de la Presidencia, mayor autonomía financiera y más facultades para querellar en procesos de corrupción.

Bukele dice vetar Ley CICIES

El gobernante Nayib Bukele, que evadió reunirse con Zúniga, dijo en su cuenta de Twitter que la vetará, dejando atrás su promesa de campaña presidencial.

José Marinero, representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (Fundación DTJ), opina que el presidente fue el impulsor de la CICIES y ahora le “corresponde dar un salto de calidad al mandato de la CICIES y consolidarlo con una ley que pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego sancionada y publicada por el Presidente de la República”.

A este llamado se suman el representante de Cristosal Noah Bullock, quien señala que la CICIES debe ser ratificada para ampliar sus funciones y participar en procesos penales en contra de la corrupción, además, destacó que “la lucha contra la corrupción es algo que la ciudadanía ha pedido”.

Por su parte, Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explica que ya suman 75 organizaciones en esta iniciativa de fortalecer la CICIES a través de una ley que le permita ser más independiente.

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