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Corrupción

José Luis Merino, el aliado financiero y político de Bukele

El excomandante Ramiro, como se le conoce en la militancia, mantiene una estrecha relación con el mandatario salvadoreño y nexos con el régimen de Maduro. Algunos miembros del FMLN también lo responsabilizan de la reciente derrota y de minar las bases del partido.

José Luis Merino es uno de los máximos líderes del partido Farabundo Martí y duramente criticado por los vínculos con el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Sobre estos señalamientos, Merino niega categóricamente que exista una alianza entre ambos, y los califica como una “fábrica de calumnias perversas que hay, mentes torcidas”, que divulgan una supuesta relación con el gobernante.

No obstante, estas declaraciones fueron desmentidas por Eugenio chicas, también exdirigente del partido farabundista y que conoce las andanzas de José Luis Merino.

“Dice Ramiro en la nueva entrevista que nunca han tenido relación financiera con Bukele. ¿Por qué nunca ha enfrentado a Bukele? ¿Dónde estuvo durante la campaña?, cuestionó Chicas.

Sin embargo, no solo la cúpula y militancia ponen en la “tela de juicio” la lealtad del comandante “Ramiro”, la cual fue expuesta en un artículo periodístico del medio digital El Independiente “Disputa de grupos al interior del FMLN”.

En la publicación, se señala que el grupo del FMLN bajo la responsabilidad de Merino elaboró un documento donde aseguraba que Bukele no era el “enemigo” o adversario principal y en su lugar, resaltaba el “liderazgo del presidente”.

Además, solicitaba que las recomendaciones expuestas en dicho documento fueran aplicadas “a juzgar por la pasividad que exhiben frente al gobierno desde que controlan la dirección del partido y que por eso lo percibe la militancia”.

Otra investigación realizada en septiembre del año pasado por Douglas Farah, experto en seguridad estadounidense, concluyó que había suficientes vínculos entre el presidente Nayib Bukele con José Luis Merino, PDVSA y la empresa creada por Hugo Chávez, Alba Petróleos.

La publicación titulada: “Informe evidencia que Nayib Bukele convive con la estructura corrupta de Alba Petróleos, José Luis Merino y el régimen de Maduro”.

Farah expuso “el peligro y la duplicidad de los vínculos” del presidente Nayib Bukele con la estructura político-económica del exguerrillero José Luis Merino y la empresa Alba Petróleos, “ya que la misma socava el estado de derecho salvadoreño y los objetivos políticos de EE.UU. con Venezuela y Nicaragua”.

Asimismo, la relación financiera del presidente Bukele con Alba Petróleos, sociedad vinculada a José Luis Merino, ha sido publicada por investigaciones de los medios salvadoreños.

El Faro y la Revista Factum, se ganaron el rechazo al gobierno por dar a conocer que Inverval, S.A. de C.V., empresa financiada por Alba Petróleos, entregó $1,974,200 al presidente cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, incluso, el mismo Bukele, aseveró en ese momento que: “Siendo sinceros: ¿qué empresa no recibió dinero de Alba Petróleos?».

De estos señalamientos y según documentación que tiene la Fiscalía General de la República entre el 1 de febrero y el 24 de febrero de 2013 Inverval emitió ocho cheques a Bukele, Obermet, empresa de la familia Bukele, Starlight, propietaria de Canal TVX, para comprar acciones y capital de Starlight.

No obstante, José Luis Merino, se mantiene firme y desmiente cualquier alianza con Bukele y aclaró que “no existe ninguna relación ni ha existido ninguna relación financiera ni ninguna relación de respaldo, incluyendo la fotografía esa,  pintada, donde manchaban mi chaleco rojo de color celeste, hasta una supuesta fotografía y una celebración, son fotografías viejas de convenciones de mi partido del FMLN, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer», manifestó durante una entrevista televisiva de  un medio venezolano.

El excomandante, sigue bajo la mira de EE.UU y las investigaciones centran en los nexos y negocios con el régimen de Maduro, la guerrilla colombiana y también con Nayib Bukele.

Actualmente José Luis Merino, figura en la lista negra del Departamento de Estado sobre funcionarios corruptos en El Salvador, vedados de ingresar a Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, corrupción o financiamiento electoral ilícito.

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Corrupción

Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

La orden viene del Juzgado Primero de Paz de Santa Ana por violar la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

El blindaje del caso del asesino de Chalchuapa continúa y aparte de silenciar las voces de policías y forenses, ahora la censura viene bajo una orden judicial hacia la revista Factum.

Según argumentos de la Fiscalía, se ha decretado reserva” porque se brindan detalles del sufrimiento de las víctimas y con ello se infringe el artículo 57 de la Ley contra la Violencia de la Mujer que manda abstenerse de brindar cualquier dato que lleve a identificar a las víctimas o familiares de estas.

Ante esta resolución, lo salvadoreños expresaron su apoyo en redes sociales al medio digital y afirmaron que la orden de la Fiscalía no solo busca ocultar la realidad y proteger al asesino, un ex policía que goza de privilegios.

En sus mensajes, acusan a la fiscalía de obedecer las órdenes de Bukele para no dañar la popularidad del presidente, aun así, sea a costa del dolor de las familias que siguen a la espera de información de sus parientes asesinados en manos de este psicópata.

“Bukele y su gobierno han hecho propaganda, invisibilizado y luego tergiversado el caso de Chalchuapa, incapaces de controlar el tema, porque él no busca justicia, sino que no manchen su imagen golpista, recurre a la censura para que nadie hable de él”, reza uno de los muchos tuits que apoyan el periodismo independiente.

Para Angélica Cárcamo, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, (APES), la resolución es “un acto de censura contrario al derecho de libertad de expresión y el acceso a la información”.

Asimismo, sostiene que es una reserva genérica, no precisa de extractos en los que supuestamente el medio ha incumplido la LEIV y detallo que semanas atrás la revista Gato Encerrado también fue obligada a bajar una nota periodística.

La periodista Cecibel Romero, también expresó su punto de vista en redes sociales en la que considera que el reportaje de Factum es “un relato que aporta elementos confesados por el autor principal y uno de sus cómplices a la Fiscalía que muestra que hubo asesinatos recientes en medio del Plan control Territorial, pandemia y nueva tregua, cerca de los días de “cero homicidios”.

Por su parte, Aida Betancourt, directora política de Nuestro Tiempo, escribió en su cuenta de twitter que “el caso de la masacre de Chalchuapa es escalofriante pues refleja, además del cinismo de las autoridades por conveniencia política, lo peor de nuestra sociedad, violencia, impunidad el machismo y el desprecio a las mujeres.

Igual opinión tiene la abogada Bertha Deleón quien calificó de “podrido” el sistema al callar a todo el que quiera revelar la verdad” y en su lugar, protege a “hombres que mataban por hobby, violaban y mataban a niñas, adolescentes y adultas, hechos ocurridos en 2020 y 2021”.

Recientemente Bukele se refirió a este caso asegurando que fueron enterrados hace décadas, pero estas afirmaciones fueros refutadas por el mismo testigo que protege la fiscalía, el cual testificó que 13 asesinatos de los 15 fueron cometidos en el 2020, bajo su gestión.

En la investigación de Factum, el testigo aseguró que algunos de los homicidios incluso se cometieron durante la cuarentena oficial decretada por el gobierno salvadoreño a causa de la emergencia por el COVID-19.

 “Esto ocurrió cuando no se podía salir”, dice el testigo en algunos casos. Sin embargo, en su confesión, Estévez afirmó que además de estas, existen otras víctimas que él mismo mató y aventó a la fosa varios años atrás.

Lo anterior deja en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial y de acuerdo a los críticos del oficialismo, la orden dictada desde la presidencia tiene como objetivo censurar toda información que deja en evidencia el fracaso gubernamental en el tema de seguridad.Juez censura publicación de revista Factum sobre el “asesino de Chalchuapa

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Corrupción

Centro regional CCINOC pide a OEA publicar investigaciones realizadas por la CICIES

La solicitud del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC) se da tras la finalización del compromiso del gobierno salvadoreño para combatir la impunidad.

Esta nación centroamericana puso punto final al convenio con la CICIES para combatir la corrupción y con ello también su principal promesa de campaña que llevó a la presidencia a Nayib Bukele.

La justificación del gobernante y del recién fiscal general, Rodolfo Delgado para dar por finalizado dicho acuerdo fue la supuesta contratación del exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt como asesor de la OEA.

Sin embargo, la organización regional, conformada por 10 entidades de la sociedad civil, calificó de “altamente nocivo” el cierre de la CICIES y consideró que es importante que los salvadoreños conozcan los casos de corrupción investigados por esta institución y que son del conocimiento de la fiscalía.

Además, sostienen que es una “tendencia reiterada” en la región que da condiciones para la permanencia de la impunidad, por lo que instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a publicarlos.

Se trata de 12 casos de supuestos actos de corrupción relacionados con el manejo de los fondos de Estado de la pandemia de covid.19 y en la que estarían involucrados algunos funcionarios del actual gabinete.

El pasado 7 de abril, Ronalth Ochaeta, comisionado de la CICIES, informó que al menos 5 carteras del gobierno figuran en la investigación que quedaron sin ser judicializadas, luego que el mandatario restó credibilidad al trabajo realizado por esta institución.

Dentro de las 12 investigaciones finalizadas por la CICIES, mencionó otras 7 investigaciones integrales entre un total de 25 solicitudes de asistencia recibidas por la CICIES del gobierno, así como de la Fiscalía General.

“Solicitamos a la OEA que comparta con la ciudadanía el detalle de los casos informados por la CICIES a la fiscalía y hacemos un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía a visibilizar nuestro rechazo ante las disposiciones autoritarias y arbitrarias tomadas desde el Ejecutivo y a continuar en las acciones de auditoria social y denuncia, exigiendo investigaciones independientes y una justicia imparcial”, expresaron a través de un comunicado.

En el mismo documento, externan su preocupación ante “la falta de voluntad política para combatir estos flagelos, la cual fue evidente en las limitaciones y orientación selectiva de casos impuesta por el gobierno salvadoreño”, citaron.

La CICIES era una entidad de apoyo técnico a las instituciones de control o de investigación. Recibió 25 solicitudes de asistencia por parte de distintas instituciones y para reforzar su trabajo recibió una donación de $2 millones del gobierno de Estados Unidos., en el marco de cooperación vigente entre la Fiscalía General y CICIES/OEA.

La CICIES tenía como mandato colaborar y coadyuvar con las instituciones nacionales responsables de prevenir y perseguir casos de corrupción en este país, debido a que en los últimos años se registraron diferentes procesos penales en los que se habían identificado redes de corrupción que operan en detrimento del patrimonio del Estado.

A la fecha, la CICIES no ha sido notificada su salida de El Salvador.

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