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Corrupción

Venezuela y El Salvador: La exportación de ayuda y corrupción

José Luis Merino es uno de los personajes más poderosos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Supervisó y lideró la creación del consorcio Alba Petróleos, financiado por la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), estatal venezolana que declaró ingresos por US$2.500 millones en 2015.

La casa matriz del conglomerado apoyó una red que permitió el rápido enriquecimiento de individuos cercanos al régimen de El Salvador y ha servido de base para intentos de expansión del modelo Petrocaribe. En algunos casos también ha trabajado en estrecha colaboración con firmas investigadas por corrupción y lavado de dinero.

La historia del capítulo salvadoreño de Petrocaribe —la iniciativa geopolítica y económica puesta en marcha por Hugo Chávez en 2005 para consolidar alianzas continentales con países de la región usando el petróleo— es una muestra de cómo los recursos de importación de hidrocarburos de PDVSA fueron usados para ampliar la influencia y economía del FMLN.

En los últimos meses, la presencia de Merino, también conocido por el alias de “Comandante Ramiro”, y la importancia de Alba Petróleos en la economía salvadoreña se ha difuminado, debido en parte a que el conglomerado dejó de recibir dinero venezolano por la crisis económica gestada por la administración de Nicolás Maduro, y en parte a que Merino perdió poder interno en el FMLN por los resultados electorales adversos. Durante una década, no obstante, el capítulo PDVSA-Alba Petróleos-FMLN fue definitorio en la política interna de El Salvador.

Alba Petróleos (AP) fue fundada en 2006 como una empresa mixta constituida con capital privado y público, a través de alcaldías salvadoreñas que recibieron millonarios préstamos provenientes de Venezuela entre 2010 y 2015. Los documentos de fundación de AP, a los que InSight Crime ha tenido acceso, indican que la estatal venezolana PDVSA es dueña de 60% de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el FMLN tienen el restante 40%.

Esos documentos especifican el trato comercial con PDVSA: la mitad de los envíos de petróleo se pagan contra entrega del producto y el precio de la otra mitad se financia a través de créditos a 22 años con intereses de entre 1% y 2%.

En la última década, Merino –actual miembro de la comisión política del partido y vicepresidente de inversión extranjera del gobierno del FMLN- fue la principal conexión entre el FMLN y al régimen chavista en Venezuela. Merino se encargó del enlace entre PDVSA y las dos administraciones.

Cuando el FMLN tomó el poder en El Salvador en 2009, la relación política con Venezuela ya había sido establecida a través de Alba Petróleos, pero esta conexión entre los dos países era antigua. Era común para el presidente Chávez enviar mensajes calurosos al FMLN y sus líderes desde Caracas.

Hoy, miembros del Congreso de Estados Unidos apuntan a las conexiones que Merino tiene con Venezuela y PDVSA como evidencia de sus actividades criminales.

Movimientos financieros sospechosos

“Múltiples reportes de fuentes abiertas indican que estructuras financieras controladas por el señor Merino, actualmente el viceministro de Asuntos Internacionales ha adquirido cientos de millones de dólares en inexplicable riqueza mientras ayudaba la guerrilla de las FARC en Colombia, se encontraron elementos corruptos del gobierno venezolano y movimiento de fondos de otros grupos criminales en una memoria”, dice una carta fechada al día 19 de Junio de 2017 firmada por catorce miembros del Congreso de Estados Unidos -Demócratas y Republicanos- en la cual le piden al Departamento del Tesoro en Washington que abra una investigación a nombre de Merino bajo el acto de ‘persona clave’”.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

Una sospecha recurrente en Washington es que algunos de estos dineros han sido movidos a través de compañías pertenecientes a Alba Petróleos.

Sigfredo Merino, hermano de José Luis, aparece como el fundador de Alba Petróleos en la escritura original de la compañía. Pero es el comandante Ramiro quien siempre la ha controlado, tras bambalinas, como consejero o intermediario. José Luis Merino ha sido la cara pública de Alba Petróleos.

En la actualidad, dos fuentes de la fuerza pública estadounidense han explicado a InSight Crime, que tanto la Agencia Antidrogas (DEA) como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han nombrado a José Luis Merino como “sujeto de interés” en pesquisas en las que Alba Petróleos está relacionada. Debido a estas investigaciones, Sigfredo Merino fue retenido temporalmente en el aeropuerto de Houston en febrero pasado.

Cuando la Superintendencia de Competencia de El Salvador (SC) abrió una investigación de rutina a Alba Petróleos en 2013, luego de que el conglomerado pidió permisos para instalar ocho estaciones de gasolina, fue José Luis Merino quien públicamente habló en nombre de la compañía. “Estamos listos para aceptar las sanciones que nos merecemos”, dijo el líder del FMLN.

Fue también José Luis Merino quien enfrentó al público en 2013 en medio de reclamos hechos por la Asociación Nacional Salvadoreña para la Empresa Privada (ANEP) sobre el rápido crecimiento económico de Alba Petróleos. “Hay algunos que están preocupados porque Alba Petróleos se estableció siete años atrás con un millón de dólares y ahora tiene 400 millones de dólares. Déjame corregirme, 800 millones de dólares…”, dijo.

Para 2015, Alba Petróleos tenía 10 compañías envueltas en diversas actividades económicas, desde venta de comida para la aviación, hasta importaciones de medicamentos, servicios de financiación, y por supuesto, la importante distribución de hidrocarburos. Ese año, la compañía reportó ganancias financieras de US$1.1 billones.

Al tratar de explicar públicamente el rápido crecimiento de las ganancias, que eran inusuales en una economía tan pequeña como la salvadoreña, Merino y otros del consorcio, apuntaron a nuevas inversiones internacionales, la expansión del negocio del petróleo, y la diversificación del portafolio de AP. El factor de expansión del petróleo, no obstante, es difícil de justificar, teniendo en cuenta que los años más prósperos de la expansión de AP, entre 2012 y 2015, coinciden con la caída de los precios del petróleo, particularmente en 2014 y 2015 cuando los precios del petróleo se redujeron a la mitad.

Además de las investigaciones de 2013 por presuntas prácticas de monopolio, a la fecha no ha habido investigaciones en El Salvador a las compañías relacionadas con Alba Petróleo, a pesar de que algunas de ellas se han declarado en bancarrota o han despedido a sus empleados sin la transparencia necesaria.

El caso de VECA

Es el caso de Veca, una aerolínea fundada en 2014 a la cual pertenecían únicamente dos aviones usados, comprados a Cyprus Airways. Veca despidió a todos sus empleados en enero de 2017, en algunos casos sin pagarles los beneficios exigidos por ley. AP contribuyó US$60 millones en la financiación para la creación de la aerolínea.

De hecho, los balances financieros de AP indican que el conglomerado en su conjunto tuvo casi siempre más deudas que ganancias (solo 2013 y 2014 fueron años de superávit). La deuda, según un análisis hecho por la consultora IBI de Washington para el Gobierno de Estados Unidos en 2016, parte del pasivo de Alba Petróleos está relacionado con préstamos hechos desde o hacia compañías off-shore establecidas en Panamá por Sigfrido Merino, el hermano del comandante Ramiro. Por ejemplo, AP le debe US$150 millones a Atlantic Pacific Logistic, mientras que Alba Petróleos El Salvador (APES), una compañía espejo fundada en Panamá, debe a AP US$165 millones.

Aunque no hay indagaciones formales contra AP por sus finanzas, sí hay una investigación abierta contra Merino en la Fiscalía salvadoreña, por sospechas de que ayudó a las FARC colombianas a traficar armas y drogas. Ese expediente fue abierto en 2008, luego de que la fiscalía colombiana envió a El Salvador certificación de correos del líder de las FARC Raúl Reyes -asesinado en marzo de ese año- en los que se identificaba al “Comandante Ramiro” como uno de los intermediarios de las FARC en la compra de misiles y armas.

Pero la investigación más comprometedora es política y está ocurriendo en el seno del Congreso de Estados Unidos. El Comité de Relaciones Internacionales empezó a mirar al interior de los negocios de los políticos salvadoreños después de que el senador republicano Marco Rubio lo acusó en 2016 de tener vínculos de tráfico de droga y lavado de dinero.

Un asistente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes en Washington confirmó a InSight Crime que ese cuerpo legislativo tenía previsto enviar una carta al Departamento de Estado sugiriendo que se amplíen las pesquisas sobre las relaciones entre José Luis Merino y sus finanzas, para determinar si hay delitos financieros que afecten a Estados Unidos. La fuente, que habló desde el anonimato, aseguró que la carta tendrá apoyo de congresistas de los partidos demócrata y republicano.

“La idea es que la administración pueda rastrear el dinero, que busque en las finanzas de Ramiro porque está claro que ahí puede haber dinero venezolano y de las FARC”, dice desde su oficina en la capital estadounidense un ex funcionario republicano que hoy asesora al Congreso en temas relacionados con América Latina, y quien aceptó hablar con InSight Crime con la condición de no ser identificado.

Tras las declaraciones de Rubio, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, anunció que había reabierto el expediente de investigación sobre los archivos de las FARC de 2008. A la fecha, sin embargo, no ha habido avance alguno en ese caso.

Albaquetzal e Hydroil: Iniciativas para la expansión regional

“Estábamos en el corazón de victorias populares… que ponían de manifiesto la rebeldía de los pueblos de América Latina frente a las imposiciones del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y de otras medidas de los organismos multilaterales que habían impuesto con su fuerza y sus capacidades el modelo neoliberal”. Así, en perfecta adaptación al guion de ALBA y a las líneas discursivas del chavismo, hablaba José Luis Merino en el canal de televisión TVX de El Salvador sobre la evolución del FMLN desde que el partido llegó al poder en 2009.

Merino y su papel en compañías financiadas con dinero venezolano despertó muchas sospechas en Washington hacia el final de la administración de Barack Obama, no solamente por la similitud que hay entre su retórica ideológica y la de Chávez, sino además por sus potenciales vínculos con el crimen organizado en la región.

Adicional a la participación directa o indirecta de Marino en la financiación de compañías por Alba Petróleos y su relación de larga data con las FARC, en el 2016 surgieron también preguntas sobre sus conexiones con el empresario salvadoreño Enrique Rais. Los aviones de Rais fueron detenidos en Estados Unidos por sospecha de tráfico de drogas, y él es un fugitivo que escapa acusaciones de corrupción en El Salvador que implican al ex Fiscal General, Luis Martínez.

En agosto de 2017, el fiscal general de El Salvador ordenó la captura de Rais, del exfiscal Martínez y de una docena de abogados y exfuncionarios públicos por los delitos de corrupción y presunta fabricación de evidencia en casos no relacionados con Alba Petróleos ni con Merino. En enero de este año, luego de que una alta corte anulara una orden de libertad condicional, Rais y otros acusados huyeron del país.

La relación entre Rais y Merino es importante para entender cómo el conglomerado Alba Petróleos ocupó a compañías y actores ya establecidos, y a la postre sospechosos de actos de corrupción, para avanzar la gestión política y comercial de la iniciativa Alba y de los dineros que con esta se movían en El Salvador.

En una entrevista reciente Merino aceptó ser amigo de Rais. “Lo conozco, es mi amigo, hemos compartido sobre muchas cosas. No somos socios en nada, en absolutamente nada…”, dijo el dirigente político. Es cierto que no existen documentos legales en los que los nombres de José Luis Merino y Enrique Rais aparezcan juntos, pero sí los hay, muchos, en los que dirigentes del FMLN o de Alba Petróleos aparecen haciendo negocios con Rais o con sus familiares.

El mejor ejemplo de cómo Merino intentó mover su emporio a nuevos horizontes a través de su alianza con Rais es la empresa Hydroil, propiedad de este último, y que serviría a Alba Petróleo para almacenar parte del petróleo procedente de Venezuela.

En 11 de enero de 2011, Hydroil pactó con Alba Petróleos el almacenamiento y venta de 8.4 millones de galones de diésel a US$2.58 el galón bajo las condiciones de que AP abriera “una carta de crédito irrevocable, a la vista, transferible contra documentos de embarque a favor de Hydroil, S.A. de C.V.”. En total, un negocio de US$21.6 millones.

Seis meses antes, el 7 de julio de 2010, Rais había escrito a un grupo de subalternos que estaba explorando en Kosovo la adquisición de empresas para comprar “producto (para vender) a Alba Petróleos”. Y, de acuerdo a correos electrónicos intercambiados entre Rais y su grupo, a los que InSight Crime tuvo acceso, la comunicación entre Merino y el empresario también sirvió para garantizar negocios durante la administración del presidente Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, o para intentar expandir los negocios a Honduras o Nicaragua.

Algunos ejemplos de correos enviados por Rais a sus socios revelan el objetivo de sus relaciones. El 23 de febrero de 2011, Rais escribió, en un correo electrónico dirigido a sus socios comerciales: “Disculpa, he estado muy complicado en cosas políticas. Ramiro ha estado en Venezuela, no me ha dado todavía la fecha, yo estoy saliendo para Washington…”. También el 1 de septiembre de 2011 envió un mensaje: “Estoy con el presidente (Funes) ahora. Y con Ramiro. Estamos en la parte final… Estoy trabajando en el nuevo proyecto para Honduras, él (Ramiro) viaja conmigo”.

Comunicaciones anteriores muestran el mismo tono. El 8 de febrero de 2010 escribió: “Como te mencioné, visitamos a la señora en Managua, con todos sus consejeros. Sí, hemos estado en negociaciones con ellos a través de Ramiro, estamos invitados a participar…”. Luego el 13 de marzo de 2010: “Esta mañana, a las 10 a.m., me reuniré con Ramiro y con el ministro de finanzas (Hacienda)…”

Al final, la relación entre los dos hombres se amplió a relaciones entre las múltiples empresas de ambos grupos y a interconexiones con líderes políticos del FMLN o sus familiares. Y todo empezó a redundar en contratos importantes.

Así se observa en un contrato firmado por Alba Petróleos y Vifasa, otra de las compañías de Rais, para la construcción de una ruta de acceso de tanques de petróleo en el Puerto de Acajutla por más de US$1,3 millones. Más importante que la cantidad de negocios resaltados en ese documento, son las firmas que lo acompañan: además de la de Rais, están las de Luz Estrella Rodríguez, la vicepresidenta de Alba, y de Orestes Ortez Quinanar, el notario que certifica la legalidad del contrato. Los nombres hablan de lo cercanos que han sido los vínculos entre Alba Petróleos, Merino, el FMLN, sus gobiernos y los negocios de Rais.

Luz Estrella Rodríguez fue alcaldesa por el FMLN en Apopa. Ortez Quintanar es el hijo de Orestes Ortez, la mano derecha de José Luis Merino, exdiputado y actual ministro de agricultura en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Todas estas conexiones le han servido a Merino, además de avanzar en los negocios, para ir extendiendo las esferas de influencia de la iniciativa de Alba en otros países, específicamente en Guatemala, donde él presentó Albaquetzal (AQ), una empresa espejo de Alba Petróleos, con la ayuda del grupo de Rais.

El 7 de diciembre de 2009, fue registrada Albaquetzal en Guatemala. La sede de la compañía se estableció en la calle 2, 15-18, zona 13 de Ciudad de Guatemala. El dueño de Albaquetzal es Lifi Consulting Group, una compañía basada en Panamá que en el 2013 le dio poder legal a Enrique Rais.

AQ tenía autorización para realizar todo tipo de transacciones comerciales, importaciones y exportaciones, especialmente en los sectores agrícola, de hidrocarburos y aviación, incluidos los negocios con Alba Petróleos. Y, al igual que la compañía dirigida por José Luis Merino, AQ usó abogados establecidos en Panamá tocados por los llamados “Panama papers” para la creación de empresas offshore.

Cuando Albaquetzal fue asentada en Guatemala, los socios eran José Ismael Soto Orantes y Rony Armando Martínez Iboy, guatemaltecos mencionados en los Panamá Papers, a quienes Rais conoció a través del comandante Ramiro, según dijo a InSight Crime un investigador salvadoreño que ha indagado las actividades del empresario salvadoreño.

En el caso de Alba Petróleos, según una investigación publicada por el periódico digital El Faro, fue a través del bufete Infante & Pérez Almillano que crearon varias empresas off shore en Panamá, entre ellas Alba Petróleos de El Salvador (APES) y Atlantic Pacific Logistic, S. A. de C.V. En la primera tiene relación Sigfredo Merino, el hermano de José Luis. Y entre ambas y la filial salvadoreña ha habido préstamos relacionados por unos 460 millones de dólares.

Protección política

A pesar de todos estos señalamientos, ni el FMLN ni su gobierno han dudado nunca en proteger a Merino y apoyar públicamente a Alba Petróleos. Cuando, a finales de octubre de 2016, al comandante Ramiro estaba por terminársele el fuero constitucional que le otorgaba su calidad de diputado al Parlamento Centroamericano, el presidente Sánchez Cerén le pidió a su canciller, Hugo Martínez, que creara un puesto ad-hoc a Merino. Nació así el viceministerio de Inversión Extranjera.

Fue un nombramiento bien calculado que brindó protección al hombre fuerte de Alba Petróleos contra enjuiciamientos en alguna investigación criminal. Merino asumió su cargo poco después de que la Fiscalía General actuar contra Rais, el socio de Merino, como respuesta a declaraciones del senador estadounidense Rubio, y luego de que el fiscal Douglas Meléndez anunciara que se reabriría la investigación por las armas de las FARC.

Además, el FMLN hizo expreso su apoyo a Merino luego de las acusaciones de Rubio. En un comunicado, el partido expresó “su enérgica condena y rechazo a las declaraciones difamatorias y sin fundamento contra uno de nuestros mayores líderes, miembro de la comisión política de nuestro partido y reconocido combatiente histórico por nuestro pueblo”.

Antes de eso, el FMLN envió incluso a uno de sus delegados más influyentes, Roger Blanding Nerio, a Washington a visitar varias oficinas de congresistas para hacer presión a favor de Merino y expresar su inconformidad con lo que llamó interferencia de Jean Manes, embajador estadounidense en San Salvador.

Manes no se refirió públicamente a Merino, sino que hizo explícito su apoyo a las investigaciones del fiscal Meléndez contra funcionarios del FMLN. En privado, como lo confirmaron una fuente diplomática en San Salvador y las dos fuentes legislativas en Washington, la embajada en San Salvador apoyó la investigación contra Merino.

El 21 de junio de 2017, 14 miembros del Congreso de Estados Unidos, de los dos principales partidos políticos, firmaron una carta solicitando al Departamento del Tesoro abrir una investigación en contra de Merino por “las asociaciones a largo plazo con redes criminales que están bajo investigación en los Estados Unidos”.

Los congresistas creen que las actividades criminales asociadas a Merino podrían plantear una “amenaza importante” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Es muy posible que las investigaciones contra Merino se amplíen, y la imposición de sanciones en su contra es una posibilidad aparte. Pero aunque Estados Unidos promete seguir hurgando en sus actividades pasadas en casa, en El Salvador, Ramiro sigue bien protegido por su autoridad y su influencia.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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