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Hospital El Salvador bajo lupa de la corrupción

El presidente de El Salvador ha puesto candado a la rendición de cuentas y segúnWilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde, Transparencia Internacional capítulo El Salvador, esto evidencia posibles actos de corrupción tanto en el anexo recién inaugurado como en el que se construye en el predio del parqueo del ex CIFCO.

Por esta  renovada infraestructura ha circulado millones de dólares y es señalada por ser el centro de negocios oscuros por parte de la administración Bukele.

El presidente de El Salvador ha puesto candado a la rendición de cuentas y segúnWilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde, Transparencia Internacional capítulo El Salvador, esto evidencia posibles actos de corrupción tanto en el anexo recién inaugurado como en el que se construye en el predio del parqueo del ex CIFCO.

A su juicio se trata de un patrón de resistenciac este se amarra  a mecanismos legales como avocarse a la Cámara de lo Contencioso Administrativo a fin de no entregar información pública que evidencie la transparencia de los fondos.

Señala que las emergencias de salud, sobre todo, dan espacio para que los perpetuadores de la corrupción puedan aprovecharse  de que se han desarticulado aquellas herramientas o que buscan limitar que estos actos se desarrollen.

Estas apreciaciones son respaldadas por estudios de Transparencia y refuerzan esos elementos que se observan en la lenta, pero costosa construcción del hospital CIFCO y  en la primera fase del anexo, cuya inversión fue de $25 millones y que inició operaciones con equipo médico y personal prestado de la red hospitalaria nacional, al cual no toda la población tiene acceso.

Por su parte, la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, confirmó que  han encontrado siete deficiencias en la auditoría a la construcción del hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), pero no reveló detalles de las mismas.

Sin embargo, Sandoval  afirma que las auditorías que realiza la Corte de Cuentas no cumplen con los parámetros internacionales de entes fiscalizadores. Se trata de informes ad hoc, revisiones de cifras de las gestiones de cómo se están realizando las contrataciones dentro de Cifco y otros proyectos que están muy lejos de ser auditorias.

Esto ha permitido, por ejemplo que el MOP no haya brindado un informe preciso sobre los $38.1 millones que fueron transferidos a esta cartera de estado para construir el hospital en el parqueo y dentro de la exferia, y otros fondos para mejorar hospitales, albergues y movilidad.

El único documento de esta institución a cargo fue un “ informe patético, un informe malicioso”, de tres páginas, la primera página era una portada y en las dos páginas contenían unas capturas de pantalla y dos columnas con los costos de las adquisiciones y las empresas que habían sido contratadas, un informe muy lejos de ser una rendición de cuentas profesional y responsable.

Además, el MOP es acusado de la contratación de una oferta de $1.1 millones más cara para el anexo del hospital CIFCO, aprovechándose del uso de los procesos de compra que le permiten la legislación de emergencia por la pandemia.

El representante de FUNDE, opina que esta contratación (hospital del Cifco) encaja dentro de lo que es un posible acto de corrupción y la Corte de Cuentas tiene la obligación de oficio de poder investigar, pero si ya es de su conocimiento comete ciertos fraudes a la ley al no cumplir con las atribuciones que le corresponde.

Las irregularidades y el monto de la inversión  no compensa que las malas condiciones higiénicas del nuevo recinto, supuestamente, el mejor de Latino América.

Un periodista de la agencia informativa Reuters, dijo el pasado 27 de junio, a través, de twitter que los “trabajadores del nuevo hospital para coronavirus denuncian falta de higiene en el recinto, que no los han dotado de equipo necesario (como mascarillas KN95 y que las autoridades quieren obligarlos a reutilizar los trajes. Tampoco hay alimentos para ellos”, preciso la comunicadora.

Salud, el otro hoyo de la corrupción

Los reportes de compras también están contaminadas por la corrupción y es una constante en todas las dependencias del Estado que dirige Bukele, amparados a la compras urgentes para encarar el Covid-19, pero terminan favoreciendo a los mismos funcionarios, amigos, socios y familiares del presidente, con la agravante que son empresas dedicadas a otros rubros.

Diferentes organizaciones han denunciado  vicios en los procesos de licitación, incluso la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), ha confirmado que se han encontrado «importantes expedientes» en torno a posibles casos de corrupción que tienen que ver con el uso de dinero público que estaba destinado para atender emergencias por COVID-19, en referencia a la empresa INSEMA, propiedad de Jorge Aguilar, separado de la presidencia de FONAES.

Aguilar se benefició con la  venta de pantallas de protección al ministerio de Salud por un cuarto de millón, pero la investigación dejó fuera al ministro de Salud quién autorizó la compra.

En cuanto a otras compras en esta institución, los informes aparen ser una copia de lo que presentó el MOP y  en tres páginas  detalla gastos de $18 millones  en insumos médicos y equipo de protección comprados a 15 proveedores, pero no incluye precio unitario de los insumos .

También informa de otro gasto de $2.2 millones en mascarillas N95, sin la cantidad ni cuánto costó cada una. Lo mismo sucede con los $332 mil dólares que reporta que invirtió en la compra de camas, aun cuando se ha denunciado que el nuevo hospital tiene  camas prestadas del ISSS y personal del San Rafael.

Las compras siguen y  Salud reportó $509 mil  para hidroxicloroquina y los $763 mil para insumos médicos, entre otros productos adquiridos, obviando reportar todas las donaciones de insumos médicos recibidos durante la pandemia.

Esta resistencia a la rendición de cuentas fue denunciada por Transparencia Internacional (TI) en América Latina, entidad que advirtió que la corrupción podría aumentar en la región a partir de las compras y contrataciones que realizan los gobiernos para afrontar la pandemia.

La única forma de frenarla es con la transparencia, pero, en el caso salvadoreño, la pandemia ha servido para cultivar la corrupción y beneficiarse de las arcas del Estado, poniendo de pantalla el Covid-19 y condenar a la población a la muerte.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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