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Guatemala solicito 1 millón de dólares y El Salvador 28 millones para nuevos hospitales

El gobierno guatemalteco construyó en diez días la infraestructura. El Salvador solicitó más dinero por uno similar al del vecino país y espera estar listo en 3 meses.

La amenaza del coronavirus y el alza de contagios en las diferentes naciones de América, ha puesto a los gobiernos a trabajar a pasos agigantados.

Guatemala, inició la construcción la semana pasada y este 25 de marzo el nuevo, ubicado  en el centro de convenciones Parque de la Industria, el cual está terminado en un cien por ciento.

Las instalaciones tienen la capacidad para recibir a aproximadamente 3 mil personas. Veinte pacientes que fueron diagnosticados con COVID-19 que se encuentran en el Hospital de Villa Nueva serán trasladados al centro.

El presidente Alejandro Giammattei detalló que este centro hospitalario, el más grande de Centro América, contempla 319 camas, 48 para la sala de cuidados intensivos, salones de laboratorio, de observación, recuperación, evaluación y cuarentena (aún faltan detalles), equipamiento médico y de personal.

Asimismo, el mandatario Guatemalteco anunció que de manera provisional, se tendrá un área de tomografía que apoyará a los hospitales de la capital en detectar enfermedades pulmonares.

El costo total del inmueble fue seis millones de quetzales (785.340 dólares) cubierto con un donativo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que, según el presidente, entregó un millón de dólares al país.

Aparte de este hospital montado en el centro de convenciones, el mandatario anunció que habrá otros centros asistenciales. Uno en Quezaltenango, el cual tiene un avance del 80 por ciento.

Este contará con capacidad para atender hasta a 150 pacientes, con 12 camas de intensivo, dando cobertura al occidente del país.

El tercero se localizará en las instalaciones de la planta de Celulosas de Guatemala, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, y que podrá atender a pacientes del norte y nororiente.

Mientras que el cuarto centro se tienen planificado para el sur. “Esperamos que los próximos 15 días podamos iniciar con la construcción del centro de atención en la costa sur”, expresó el gobernante.

$28 millones para un hospital salvadoreño

El gobernante salvadoreño Nayib Bukele,  también anunció la construcción de un hospital para enfrentar la pandemia.

El centro hospitalario, que funcionará en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO),  contará con 300 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 2,000 en atención general para pacientes con coronavirus.  

Además, el nosocomio tendrá servicios de expediente electrónico, farmacia, laboratorio clínico, rayos-x digital, quirófano, lavandería, alimentación, áreas de resguardo para el personal, mantenimiento, servicios generales y arsenal.

Para esta obra, que estaría terminada en tres meses, en promedio, el jefe de Estado ha solicitado $28 millones, cifra que según  economistas reconocidos y parlamentarios, es excesiva dada la capacidad descrita, la cual es similar a la de Guatemala.

El parlamento salvadoreño aprobó un préstamo de  $25 millones; fondo tomado de las cotizaciones que los trabajadores hacen al Instituto Salvadoreño del Seguro Social de cara a su jubilación.

Sin embargo, ese dinero que aportan mensualmente para su jubilación, solo sería para equipamiento y transporte, ya que el gobierno ha solicitado 2 mil millones adicionales por la pandemia.

Expertos en finanzas hicieron la comparación de los montos y la capacidad que tanto el hospital de Guatemala y del salvadoreño, concluyendo que el monto del presidente Bukele es demasiado.  Al gobierno guatemalteco se le autorizó un presupuesto de  $30 millones para toda la emergencia sanitaria.

Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, dijo que los $2,000 millones que pretende obtener a través de préstamos con el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros organismos multilaterales y emisión de bonos, servirán para nutrir el “Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica del país, por los efectos de la pandemia a causa del COVID-19”.

Por su parte, diputados del ARENA, manifestaron a través de un comunicado el día de ayer, que están analizando en conjunto con los diputados de toda la fracción a fin de “mejorar la eficiencia de los recursos y garantizar la rendición de cuentas, transparencia, máxima publicidad, prontitud y sencillez respecto a los dos mil millones que necesitamos para afrontar la pandemia COVID-19”.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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