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Guatemala: acusados de corrupción se quejan ante el Congreso

Por Sonia Pérez D. para Associated Press

Una elegante butaca de madera es el improvisado estrado en el Congreso de Guatemala donde desde septiembre han declarado quienes se consideran víctimas de una comisión de las Naciones Unidas que durante 12 años investigó y enjuició a empresarios, políticos, jueces y civiles por corrupción.

Los diputados, algunos incluso vinculados con casos de corrupción, han escuchado decenas de testimonios, como el de los familiares de una persona que reclaman por el abuso de la prisión preventiva pese a que el acusado está prófugo desde hace seis años o los allegados a un condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil de 1960 a 1996, un caso en el que la Comisión no participó.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabajó junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), finalizó su mandato el 3 de septiembre luego de que el presidente Jimmy Morales decidió no renovarlo. La CICIG había acusado y llevado a juicio al hijo y al hermano de Morales por corrupción. Y pese a que el hijo del mandatario confesó los cargos, ambos fueron absueltos por un tribunal.

Tras la salida de la CICIG grupos de derechos humanos expresaron su temor a que se persiga a los operadores de justicia que participaron de las investigaciones que sentaron a funcionarios de gobierno y a poderosos políticos y empresarios en el banquillo de los acusados.

Los legisladores no tardaron en materializar los temores de los activistas creando la llamada “Comisión de la Verdad”.

Aunque tuvo un inicio accidentado, pues a pesar de contar con el voto de 82 de 158 diputados fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC) -que consideró que violentaba la constitución, la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial-, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar -hijo del fallecido expresidente y alcalde de la ciudad de Guatemala Álvaro Arzú que fue acusado de corrupción por la CICIG antes de su muerte en 2018- decidió crear otra comisión en solitario. Su objetivo es presentar un informe que serviría como base para denunciar penalmente a jueces, fiscales y trabajadores de la CICIG.

Las audiencias públicas de la comisión no han dejado de sorprender a los guatemaltecos.

En una ocasión presos acusados de asesinato llamaron por teléfono desde la cárcel al diputado Manuel Conde para que recibiera sus quejas. Aunque la llamada no fue recibida tampoco se denunció, a pesar de que la ley guatemalteca prohíbe a los privados de libertad el uso y tenencia de celulares en prisión.

Separación de poderes

El extitular de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, dijo que la comisión del Congreso transgrede el principio de separación de poderes porque “constituye una injerencia ilegal del Legislativo” sobre organismos independientes.

“El fin último de la comisión de la impunidad creada por la Junta Directiva del Congreso es afectar los procesos que se encuentran en curso”, agregó Velásquez.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que el secretario general Antonio Guterres cree que la CICIG “hizo una contribución decisiva para fortalecer el Estado de derecho y las capacidades de investigación y enjuiciamiento en Guatemala durante sus 12 años de operación”.

Agregó que Guterres agradeció a los trabajadores de la CICIG por “su profesionalismo y compromiso para ayudar en la causa de la justicia. También confía en que los esfuerzos para combatir la impunidad (en Guatemala) continúen”.

Durante su gestión la CICIG puso al desnudo cómo el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo habían sido cooptados por la corrupción y el crimen organizado. Desarticuló 70 estructuras del crimen organizado y enjuició a más de 400 personas por corrupción. Sus principales investigaciones irán a juicio en 2020.

La CICIG también llevó a juicio a tres expresidentes, incluido el general Otto Pérez Molina, quien en 2015 renunció al cargo y fue procesado junto a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a casi todo su gabinete por corrupción.

Con la CICIG también se implementaron métodos especiales de investigación como las escuchas telefónicas, que se utilizaron como prueba para condenar a decenas de personas por diversos delitos.

Juan Ramón Lau, el diputado que preside la comisión legislativa, indicó que han recibido más de 20 testimonios de personas que dijeron sentirse afectadas por la CICIG y que esperan en total recibir aproximadamente 40. Lau justificó la acción de la comisión argumentando que busca “que se conozca la verdad de lo que hizo la CICIG” y al ser cuestionado sobre la credibilidad de los testimonios recibidos dijo que escucharán a todos los que se sientan afectados.

Erwin Sperisen, un exjefe de policía acusado de la ejecución extrajudicial de siete reos en 2006 y que huyó a Suiza, fue uno de los que prestó testimonio. En una video llamada desde Suiza dijo que en su caso “la verdad fue tergiversada” y alegó su inocencia. Como prueba presentó videos en los que una mujer llamada María Vásquez, madre de uno de los reos fallecidos, decía que nunca lo había acusado pero que sí había señalado al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Nuevo presidente también estuvo acusado

Giammattei, que asumirá el 14 de enero de 2020 y regirá el destino del país por cuatro años, estuvo preso durante ocho meses en 2008 acusado de los mismos delitos que Sperisen, pero un tribunal cerró el caso en su contra.

Días después del testimonio de Sperisen la justicia suiza confirmó su sentencia a 15 años de prisión por el asesinato de los presos.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells aseguró que la comisión del Congreso no tiene ningún sustento legal. “Lo único que muestra es el grado de absoluto desprecio que se le tiene al sistema jurídico del país”.

El letrado explicó que la “Comisión de la Verdad” es sólo un espectáculo para confundir a la población y que está integrada “por gente con claro conflicto de interés”.

El diputado Lau aseguró que el caso que más le impactó fue el de Jesús Oliva, un doctor miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social acusado de haber participado en la adjudicación anómala de un contrato para la compra de medicinas por unos 16 millones de dólares. Tras ser detenido, Oliva se suicidó en prisión.

La familia de Oliva fue la primera en dar testimonio. Aseguró que el detenido -que pasó tres años en prisión preventiva- estaba enfermo de diabetes y padecía depresión y se quejó de que varias veces, sin éxito, había solicitado una medida sustitutiva a la prisión.

La ley guatemalteca permite a la fiscalía, en estos casos junto a la CICIG, solicitar detenciones a un juez y es éste quien las ordena, mantiene o retira a petición de las partes.

“Sufrió mucho tiempo prisión, inclusive una condena anticipada, me sorprendió la forma en que la CICIG realizó su aprehensión con exceso de fuerza: 18 agentes dentro de su casa y creo que 34 afuera, fue un trato inhumano”, dijo Lau.

Lau no ha sido acusado de corrupción pero es señalado como el operador político de otros diputados investigados por ese delito. El legislador finalizará su mandato el 14 de enero de 2020, cuatro días antes de que termine la labor de la comisión.

La periodista de The Associated Press Edith M. Lederer en las Naciones Unidas contribuyó en esta nota.