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Corrupción

Guatemala: acusados de corrupción se quejan ante el Congreso

Por Sonia Pérez D. para Associated Press

Una elegante butaca de madera es el improvisado estrado en el Congreso de Guatemala donde desde septiembre han declarado quienes se consideran víctimas de una comisión de las Naciones Unidas que durante 12 años investigó y enjuició a empresarios, políticos, jueces y civiles por corrupción.

Los diputados, algunos incluso vinculados con casos de corrupción, han escuchado decenas de testimonios, como el de los familiares de una persona que reclaman por el abuso de la prisión preventiva pese a que el acusado está prófugo desde hace seis años o los allegados a un condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil de 1960 a 1996, un caso en el que la Comisión no participó.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabajó junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), finalizó su mandato el 3 de septiembre luego de que el presidente Jimmy Morales decidió no renovarlo. La CICIG había acusado y llevado a juicio al hijo y al hermano de Morales por corrupción. Y pese a que el hijo del mandatario confesó los cargos, ambos fueron absueltos por un tribunal.

Tras la salida de la CICIG grupos de derechos humanos expresaron su temor a que se persiga a los operadores de justicia que participaron de las investigaciones que sentaron a funcionarios de gobierno y a poderosos políticos y empresarios en el banquillo de los acusados.

Los legisladores no tardaron en materializar los temores de los activistas creando la llamada “Comisión de la Verdad”.

Aunque tuvo un inicio accidentado, pues a pesar de contar con el voto de 82 de 158 diputados fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC) -que consideró que violentaba la constitución, la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial-, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar -hijo del fallecido expresidente y alcalde de la ciudad de Guatemala Álvaro Arzú que fue acusado de corrupción por la CICIG antes de su muerte en 2018- decidió crear otra comisión en solitario. Su objetivo es presentar un informe que serviría como base para denunciar penalmente a jueces, fiscales y trabajadores de la CICIG.

Las audiencias públicas de la comisión no han dejado de sorprender a los guatemaltecos.

En una ocasión presos acusados de asesinato llamaron por teléfono desde la cárcel al diputado Manuel Conde para que recibiera sus quejas. Aunque la llamada no fue recibida tampoco se denunció, a pesar de que la ley guatemalteca prohíbe a los privados de libertad el uso y tenencia de celulares en prisión.

Separación de poderes

El extitular de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, dijo que la comisión del Congreso transgrede el principio de separación de poderes porque “constituye una injerencia ilegal del Legislativo” sobre organismos independientes.

“El fin último de la comisión de la impunidad creada por la Junta Directiva del Congreso es afectar los procesos que se encuentran en curso”, agregó Velásquez.

El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, dijo que el secretario general Antonio Guterres cree que la CICIG “hizo una contribución decisiva para fortalecer el Estado de derecho y las capacidades de investigación y enjuiciamiento en Guatemala durante sus 12 años de operación”.

Agregó que Guterres agradeció a los trabajadores de la CICIG por “su profesionalismo y compromiso para ayudar en la causa de la justicia. También confía en que los esfuerzos para combatir la impunidad (en Guatemala) continúen”.

Durante su gestión la CICIG puso al desnudo cómo el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo habían sido cooptados por la corrupción y el crimen organizado. Desarticuló 70 estructuras del crimen organizado y enjuició a más de 400 personas por corrupción. Sus principales investigaciones irán a juicio en 2020.

La CICIG también llevó a juicio a tres expresidentes, incluido el general Otto Pérez Molina, quien en 2015 renunció al cargo y fue procesado junto a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a casi todo su gabinete por corrupción.

Con la CICIG también se implementaron métodos especiales de investigación como las escuchas telefónicas, que se utilizaron como prueba para condenar a decenas de personas por diversos delitos.

Juan Ramón Lau, el diputado que preside la comisión legislativa, indicó que han recibido más de 20 testimonios de personas que dijeron sentirse afectadas por la CICIG y que esperan en total recibir aproximadamente 40. Lau justificó la acción de la comisión argumentando que busca “que se conozca la verdad de lo que hizo la CICIG” y al ser cuestionado sobre la credibilidad de los testimonios recibidos dijo que escucharán a todos los que se sientan afectados.

Erwin Sperisen, un exjefe de policía acusado de la ejecución extrajudicial de siete reos en 2006 y que huyó a Suiza, fue uno de los que prestó testimonio. En una video llamada desde Suiza dijo que en su caso “la verdad fue tergiversada” y alegó su inocencia. Como prueba presentó videos en los que una mujer llamada María Vásquez, madre de uno de los reos fallecidos, decía que nunca lo había acusado pero que sí había señalado al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Nuevo presidente también estuvo acusado

Giammattei, que asumirá el 14 de enero de 2020 y regirá el destino del país por cuatro años, estuvo preso durante ocho meses en 2008 acusado de los mismos delitos que Sperisen, pero un tribunal cerró el caso en su contra.

Días después del testimonio de Sperisen la justicia suiza confirmó su sentencia a 15 años de prisión por el asesinato de los presos.

El abogado constitucionalista Alejandro Balsells aseguró que la comisión del Congreso no tiene ningún sustento legal. “Lo único que muestra es el grado de absoluto desprecio que se le tiene al sistema jurídico del país”.

El letrado explicó que la “Comisión de la Verdad” es sólo un espectáculo para confundir a la población y que está integrada “por gente con claro conflicto de interés”.

El diputado Lau aseguró que el caso que más le impactó fue el de Jesús Oliva, un doctor miembro de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social acusado de haber participado en la adjudicación anómala de un contrato para la compra de medicinas por unos 16 millones de dólares. Tras ser detenido, Oliva se suicidó en prisión.

La familia de Oliva fue la primera en dar testimonio. Aseguró que el detenido -que pasó tres años en prisión preventiva- estaba enfermo de diabetes y padecía depresión y se quejó de que varias veces, sin éxito, había solicitado una medida sustitutiva a la prisión.

La ley guatemalteca permite a la fiscalía, en estos casos junto a la CICIG, solicitar detenciones a un juez y es éste quien las ordena, mantiene o retira a petición de las partes.

“Sufrió mucho tiempo prisión, inclusive una condena anticipada, me sorprendió la forma en que la CICIG realizó su aprehensión con exceso de fuerza: 18 agentes dentro de su casa y creo que 34 afuera, fue un trato inhumano”, dijo Lau.

Lau no ha sido acusado de corrupción pero es señalado como el operador político de otros diputados investigados por ese delito. El legislador finalizará su mandato el 14 de enero de 2020, cuatro días antes de que termine la labor de la comisión.

La periodista de The Associated Press Edith M. Lederer en las Naciones Unidas contribuyó en esta nota.

Centroamérica

El Salvador compra Bitcoin “en tendencia bajista” a medida que caen las principales monedas.

En medio de una caída del mercado de la criptomoneda más amplia, el presidente de El Salvador compra para agregar 150 bitcoins al acumulado del país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reveló que el país latinoamericano ha comprado 150 Bitcoin más mientras los precios bajaban el lunes por la mañana.

Según los datos de CoinGecko, la criptomoneda líder se desplomó un 6,9% en las últimas 24 horas, cayendo alrededor de $ 45.000.

Otras criptomonedas principales, incluídas Cardano (ADA), XRP , Solana (SOL) y Polkadot (DOT), arrojaron dos dígitos durante el día, mientras que Ethereum , la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha bajado un 9.2%, cotizando para esa fecha $ 3,137. 

«They can never beat you if you buy the dips.» (Nunca pueden vencerte si compras en las caídas) tuiteó Bukele, y agregó que esto bien puede considerarse un «consejo presidencial».

Con la última compra, El Salvador ahora tiene 700 Bitcoin por valor de aproximadamente $ 31 millones.

El gobierno de Bukele compró sus primeros 400 Bitcoin el 6 de septiembre, un día antes de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer formalmente la criptomoneda como moneda de curso legal.

Bitcoin cotizaba justo por debajo de los 53.000 dólares en ese momento, pero se desplomó en más del 10% al día siguiente del lanzamiento de la billetera Chivo Wallet oficial de El Salvador, con problemas técnicos que estropearon el inicio del experimento criptográfico del país.

Sin embargo, El Salvador aprovechó rápidamente la oportunidad con una compra de 150 Bitcoin más ese mismo día, lo que aumentó las reservas de la criptomoneda del país a un total de 550 BTC.

Bukele bajo fuego

A medida que continúa la juerga de compras de Bitcoin en El Salvador, el gobierno del país se enfrenta a una investigación sobre sus compras de Bitcoin y la instalación de cajeros automáticos Chivo.

Según un informe de Reuters de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, el organismo que supervisa el gasto público del país, recibió una queja de Cristosal, un grupo de derechos humanos y transparencia, en la que expresó su preocupación por el financiamiento del gobierno de las compras de Bitcoin.

Los ciudadanos también han criticado el experimento de criptoactivos del gobierno.

La semana pasada, en el día de la independencia del país, se intensificaron más protestas en El Salvador, con personas que salieron a las calles con pancartas de «No queremos Bitcoin» y «No a la dictadura» e incluso quemaron un cajero automático de Bitcoin en San Salvador.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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