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Gobierno miente sobre falta de fondos para financiar la seguridad

El repetitivo reproche del Ejecutivo de no haber recibido “ni un centavo partido por la mitad” continua, mientras suma más fondos a Defensa y Seguridad en el presupuesto 2021.

Nayib Bukele es fiel a su discurso confrontativo, más aún cuando se trata de sumar más recursos financieros para su gestión; con el argumento de darle continuidad al plan de gobierno… uno de ellos el controversial Plan Control Territorial.

El gobernante afirma que el congreso legislativo “traba” los fondos, pero omite aclararle a la población que los diputados sí aprobaron los préstamos, y que es Hacienda quien tiene la responsabilidad de buscarlos una vez ratificados.

Los parlamentarios le recordaron al presidente Bukele, que, en julio del año pasado, a un mes de su nombramiento; se aprobó un refuerzo presupuestario de US$30.9 millones para la fase uno del plan de seguridad, aún sin tener claridad de dicho proyecto.

Asimismo, en diciembre del mismo año, el ejecutivo solicitó la autorización para gestionar un préstamo de US$91 millones para la fase dos de dicho plan, el cual también le fue aprobado.

En el mismo mes, los congresistas aprobaron el presupuesto del año 2020, con un aumento de US$204 millones (36%), asignados para las carteras de estado de ministerios de Defensa y Seguridad.

Para finales de 2019, el gobierno de Bukele habría recibido en total US$325.9 millones, entre refuerzo presupuestario, préstamos y el incremento del presupuesto 2020, una cifra grande que llegó a sus manos sobre la cual no ha explicado en qué se ha gastado.

Más dinero sin justificar

En enero de este año, el mandatario volvió a pedir más recursos. Esta vez, por US$109 millones para la fase tres del plan, pero aún no había gestionado el préstamo de la fase dos.

La Asamblea argumentó en su momento que para otorgar más recursos era necesario transparentar los gastos realizados hasta el momento, lo cual incomodó al presidente, al punto de volvar su malestar hacia el poder Legislativo; lo que terminó con la militarización de la Asamblea y acudiendo a sus simpatizantes para presionar.

Dicha acción fue condenada a nivel internacional y calificada como un fallido golpe de Estado, poniendo en riesgo la naciente democracia, fruto de los Acuerdo de Paz.

Para los legisladores, así como la sociedad civil, la queja de Bukele no se justifica, ya que a dispuesto de suficientes fondos para el PCT, el cual no rinde los frutos esperados y que el 67% de la población asegura que la delincuencia está igual o peor.

Su afán de mentir, dicen analistas políticos y parlamentarios, es el arma para victimizarse y sacar rédito político, poniendo en contra de los otros dos poderes del Estado a sus simpatizantes, y que a medida se acerca las elecciones 2021 los ataques se incrementarán.

Engañar con un fin propagandístico ha sido la estrategia de los partidos, y aunque asegura ser la mejor opción para gobernar el país, comete los mismos errores de sus adversarios.

Además, recurrir al chantaje para adquirir más dinero sin rendir cuentas, ha dejado de funcionarle, porque es la población quien resulta ser la más afectada con sus caprichos. Ha dejado de pagar salarios a empleados de la Asamblea condicionando los préstamos, mientras los trabajadores dejan sin llevar el alimento a sus casas.

Esta medida de presión o “castigo”, solo aplica para los empleados del congreso, mientras el Ejecutivo, muchos con doble plaza, reciben su salario en las fechas establecidas por ley, lo cual contradice su mensaje de carencia de fondos.

Hasta la fecha se desconoce la administración de los préstamos aprobados, y de paso la deuda sigue en aumento, pero en lugar de disminuirla, el prepuesto 2021 viene con más deuda; y lo justifica con el PCT, señalado de sostener negociaciones con la pandilla MS-13 para mermar los crímenes a cambio de beneficios.

Para funcionar y continuar las fases del PCT, dice el gobierno, es necesario asignar al Ministerio de Justicia y Seguridad, $655.3 millones… $100 millones más que con respecto del presupuesto de 2020.

Asegura la incorporación de 2,150 plazas a la corporación policial, de las cuales 1,554 serán para cabos, y que las restantes se dividen entre comisionados, subcomisionados y sargentos. 80 plazas más para el Centro de Policía Forense y 1,871 plazas de ascenso para inspectores, sargentos y cabos.

Adicionalmente dice que se incorporan a otros 3,500 efectivos al plan Control Territorial, lo que significaría costearles bono de alimentación de $200 a cada uno.

Por su parte, miembros de la corporación policial, constantemente denuncia la falta de equipos e infraestructura en buenas condiciones para laboral.

Las cifras del Banco Central de Reserva muestran un creciente endeudamiento, el cual solamente en el mes de agosto creció en más de $20 millones, lo cual es evidencia de la constante de endeudamiento durante los últimos cinco años.