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Gobierno de Bukele también le falló al Mozote

Hace más de un año, prometió a víctimas y sobrevivientes de El mozote a hacer de ese lugar «un ejemplo de desarrollo» en El Salvador y les reiteró no apoyar la ley de amnistía.

Casa Presidencial fue la anfitriona para lo que sería un encuentro histórico y emblemático de la impunidad en El Salvador. Aquí, familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre el Mozote se reunieron con el recién electo mandatario quien prometió hacer “justicia”, al menos ese era el motivo de la cita.

En el encuentro participaron el ministro de Gobernación, Mario Durán, y la ministra de Desarrollo Local y excombatiente del FMLN, María Chichilco, quienes también expresaron su compromiso por ayudar los sobrevivientes.

Aquella reunión auguraba esperanza para víctimas y sobrevivientes, y mucho más al ver la postura determinante de Nayib Bukele de «no apoyar ninguna ley de amnistía» que evite esclarecer crímenes de guerra. Además, de comprometerse a trabajar «para darle la importancia que merece la reparación de las víctimas del conflicto armado».

«El Mozote va a ser un ejemplo de desarrollo, vamos a invertir realmente como se debió haber hecho anteriormente y demostraremos que sí se puede», prometió Bukele.

Los rostros sonrientes aplaudían las elocuentes palabras de su presidente. Al finalizar la lujosa ceremonia, las cartas quedaron sobre la mesa y con ella, el reto de cumplir palabra por palabra, pero un año después esa promesa quedó engavetada, al bloquear el ingreso del juez que lleva el caso, el pasado 21 de septiembre.

Bukele, olvidó su compromiso y ordenó al ejército impedir que el juez, Jorge Guzmán, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, realizada la inspección de dichos documentos del Estado Mayor de la Fuerza Armada como parte del proceso penal por la masacre de aproximadamente mil campesinos en 1981.

Este revés de parte del gobierno, solo confirma una vez más, que el mandatario utiliza hechos notorios para elevar su popularidad y que sus decisiones responden a intereses políticos.

Para Amanda Castro, parte del Colectivo Vidas, el presidente Bukele no “toma en serio la dignidad de las víctimas, la magnitud del proceso judicial y lo relevante es que el juzgamiento contra quienes han perpetrado una de las peores masacres de Latinoamérica”.

A parte del bloqueo, dijo, queda claro que el gobernante miente y “protege a criminales de guerra que cometieron delitos de lesa humanidad”, opinión que fue secundada por un colectivo de organizaciones humanitarias, entre ellas Cristosal.

Según Bukele, los archivos importantes para la investigación fueron destruídos hace 40 años, por lo tanto, no había nada que investigar y justificó el bloqueo para resguardar documentos de inteligencia y por considerarlo un asunto de seguridad nacional.

Con estas declaraciones, se puso en el ojo del “huracán”, ya que el juez Guzmán advirtió a Bukele que las “decisiones judiciales no se negocian, se imponen” y aseguró que cometió el delito de desacato, exigiendo a la Fiscalía se abra una investigación.

Para estas organizaciones no es la primera vez, “ni es el primer gobierno que actúa en tal sentido, se trata de un patrón de actuación estatal que se ha aplicado en los últimos 30 años”.

El presidente Nayib Bukele, al igual que sus antecesores, sigue consolidando la impunidad, no solo para delitos del pasado, sino también los del presente que sufren los salvadoreños que piensan diferente a él.

A un año de gestión, un año de mentiras, es lo que observa la sociedad civil y política sobre el incumplimiento de las promesas que promulgó durante la campaña electoral, las cuales quedaron solo en borrador.