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Corrupción

Gobierno de Bukele también le falló al Mozote

Casa Presidencial fue la anfitriona para lo que sería un encuentro histórico y emblemático de la impunidad en El Salvador. Aquí, familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre el Mozote se reunieron con el recién electo mandatario quien prometió hacer “justicia”, al menos ese era el motivo de la cita.

Hace más de un año, prometió a víctimas y sobrevivientes de El mozote a hacer de ese lugar «un ejemplo de desarrollo» en El Salvador y les reiteró no apoyar la ley de amnistía.

Casa Presidencial fue la anfitriona para lo que sería un encuentro histórico y emblemático de la impunidad en El Salvador. Aquí, familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre el Mozote se reunieron con el recién electo mandatario quien prometió hacer “justicia”, al menos ese era el motivo de la cita.

En el encuentro participaron el ministro de Gobernación, Mario Durán, y la ministra de Desarrollo Local y excombatiente del FMLN, María Chichilco, quienes también expresaron su compromiso por ayudar los sobrevivientes.

Aquella reunión auguraba esperanza para víctimas y sobrevivientes, y mucho más al ver la postura determinante de Nayib Bukele de «no apoyar ninguna ley de amnistía» que evite esclarecer crímenes de guerra. Además, de comprometerse a trabajar «para darle la importancia que merece la reparación de las víctimas del conflicto armado».

«El Mozote va a ser un ejemplo de desarrollo, vamos a invertir realmente como se debió haber hecho anteriormente y demostraremos que sí se puede», prometió Bukele.

Los rostros sonrientes aplaudían las elocuentes palabras de su presidente. Al finalizar la lujosa ceremonia, las cartas quedaron sobre la mesa y con ella, el reto de cumplir palabra por palabra, pero un año después esa promesa quedó engavetada, al bloquear el ingreso del juez que lleva el caso, el pasado 21 de septiembre.

Bukele, olvidó su compromiso y ordenó al ejército impedir que el juez, Jorge Guzmán, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, realizada la inspección de dichos documentos del Estado Mayor de la Fuerza Armada como parte del proceso penal por la masacre de aproximadamente mil campesinos en 1981.

Este revés de parte del gobierno, solo confirma una vez más, que el mandatario utiliza hechos notorios para elevar su popularidad y que sus decisiones responden a intereses políticos.

Para Amanda Castro, parte del Colectivo Vidas, el presidente Bukele no “toma en serio la dignidad de las víctimas, la magnitud del proceso judicial y lo relevante es que el juzgamiento contra quienes han perpetrado una de las peores masacres de Latinoamérica”.

A parte del bloqueo, dijo, queda claro que el gobernante miente y “protege a criminales de guerra que cometieron delitos de lesa humanidad”, opinión que fue secundada por un colectivo de organizaciones humanitarias, entre ellas Cristosal.

Según Bukele, los archivos importantes para la investigación fueron destruídos hace 40 años, por lo tanto, no había nada que investigar y justificó el bloqueo para resguardar documentos de inteligencia y por considerarlo un asunto de seguridad nacional.

Con estas declaraciones, se puso en el ojo del “huracán”, ya que el juez Guzmán advirtió a Bukele que las “decisiones judiciales no se negocian, se imponen” y aseguró que cometió el delito de desacato, exigiendo a la Fiscalía se abra una investigación.

Para estas organizaciones no es la primera vez, “ni es el primer gobierno que actúa en tal sentido, se trata de un patrón de actuación estatal que se ha aplicado en los últimos 30 años”.

El presidente Nayib Bukele, al igual que sus antecesores, sigue consolidando la impunidad, no solo para delitos del pasado, sino también los del presente que sufren los salvadoreños que piensan diferente a él.

A un año de gestión, un año de mentiras, es lo que observa la sociedad civil y política sobre el incumplimiento de las promesas que promulgó durante la campaña electoral, las cuales quedaron solo en borrador.

Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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Corrupción

Nayib Bukele figura entre las 100 personas más influyentes según la Revista Times, pero no por buenas razones.

La revista Times ha publicado este día un listado de las 100 personas más influyentes del 2021, entre los que se encuentre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la misma figuran personajes como Joe Biden, Simone Biles, Donald Trump, entre otros.

Pero figurar en esta lista no es sinónimo de beneficio para la imagen del presidente, ya que lo que lo caracteriza, según el pequeño artículo escrito por Daniel Lizárraga (periodista mexicano expulsado del país) es su autoritarismo, su palabra que se torna incuestionable, y de intentar contradecirle, él y su aparato propagandístico se encagará de destruir a quien lo haga en redes, y si insiste, perseguido y entregado a las autoridades.

La nota completa y traducida está acá:

«En el 23 de agosto, El Faro, el periódico salvadoreño del que soy editor, publicó una investigación sobre las negociaciones entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas de El Salvador . El presidente desestimó el informe en un tuit y luego acusó sin fundamento a El Faro de mentir.

Este es el talento de un presidente que no ha tolerado críticas ni oposición. En 2020, Bukele llegó al parlamento rodeado de soldados armados para presionar a los legisladores para que aprobaran su presupuesto. En mayo, ordenó la destitución de los jueces de la Corte Suprema, y ​​ahora, los nuevos nombrados han dictaminado que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos.

El asalto del gobierno a El Faro, que también incluye mi expulsión del país en julio, tiene como objetivo castigar al periódico por el pecado de intentar entregar la mejor información a la gente. Para Bukele, las palabras del gobierno son incuestionables, y quien diga lo contrario primero es destruído en las redes sociales y, si insiste, entregado a las autoridades.

Lizárraga es periodista»

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