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Noticias

Gobierno con deuda pública de $22 millones y se auguran más impuestos para los salvadoreños.

Los últimos reportes financieros señalan que esta nación enfrenta un endeudamiento que subió 92% en 10 años y este no para de crecer.

Según datos del BCR, el déficit fiscal (que es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado) llegó a los $2,477.9 millones, $1,652.63 millones más que en 2019, que indica un crecimiento de 200 %.

Es más, la deuda pública no ha parado de crecer y el año pasado superó los $22,625 millones, esto, de acuerdo a la última actualización del Banco Central de Reserva (BCR), monto que dobla el 2010 ($11,778.3 millones), y es el 89 % de lo que el país produjo en 2020.

Lo anterior, representa un desafío para el gobierno y a la nueva legislatura, ya que deberá mantenerse firme en la promesa de no incrementar el IVA, ya que, al tener la mayoría en el congreso, no podrán achacar a la oposición la falta de acuerdos para solventar las deficiencias financieras.

Además debe invertir en salud, educación, medio ambiente, servicios básicos, pero sobre todo  no castigar a la población con más impuestos y reducción de los subsidios de agua y gas.

En lo que respecta el servicio básico del agua, el panorama no es muy alentador para los hogares salvadoreños y se espera que la medida de focalizarlo, impacte negativamente en los bolsillos, tal como sucedió con el subsidio del gas propano, que dejó a muchos fuera a pesar de comprobar que lo necesitaba.

Su focalización viene en agenda del gobierno de Bukele desde 2019 y se esperaba que en el 2020 fuera ejecutado, pero la crisis sanitaria por Covid-19 lo estancó y con la nueva legislatura, no cabe duda que se llevará a cabo a la menor brevedad.

Para solventar esta situación, dicen los expertos, el presidente tiene dos propuestas, la primera es del Fondo Monetario Internacional (FMI) que pide a cambio de otorgar más préstamos, subir el IVA, aumentar la edad de jubilación, eliminar subsidios, congelar salarios, despedir a empleados públicos a fin de reducir el gasto de las arcas del Estado.

De acuerdo a la organización ARPAS, el gobierno se inclina más a esta opción, pues el ministro de Hacienda admitió que negocia un súper préstamo que oscila entre 1,300 a 2,000 millones de dólares a corto plazo, aún cuando representa mayor impacto en sus ciudadanos de los sectores.

La segunda propuesta, es vender la deuda a China a través de un gigantesco préstamo, que, de acuerdo a declaraciones del diputado electo de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, una de las primeras leyes en aprobar sería las de las Zona Económicas Especiales y que se confirman con un tuit de dicha sede diplomática en pleno silencio electoral, al anunciar que apoyará a Bukele en la realización de proyectos en la zona costera.

De concretarse estas negociones con el gigante asiático, afectaría no solo las relacione diplomáticas con EE. UU, sino también pone en riesgo la soberanía nacional.

Por ello, esta organización no gubernamental, recomiendan una reforma fiscal progresiva, que se combata la evasión tributaria, junto a otras medidas que no afecten a los sectores más vulnerables del país.

Rommel Rodríguez, Coordinador del Área de Macroconomía de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), opina que El Salvador ya tenía una situación fiscal complicada, pero se ha venido acumulando más por el tema de las LETES, lo cual genera presión en el flujo de caja.

El expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, afirma que «el deterioro fiscal es evidente de nada le sirve tener mayoría calificada para aprobar la deuda» y “tarde o temprano se van a dar cuenta que el servicio de la deuda se le dispara y de que tienen que hacer un ajuste», dice.

Solo el año pasado la deuda pública subió $2,773.3 millones, es decir que aumentó más de lo que había crecido en los últimos tres años anteriores.

En los últimos meses calificadora de riesgo Moody’s recomienda hacer un ajuste fiscal de 3 a 4 puntos del PIB a 2022, para reducir el riesgo y asegurar acceso a fondos de las multilaterales, previo al vencimiento de $800 millones en 2023.

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Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Noticias

El gobierno gastó $5 millones en módulos de vacunación covid-19 que ya no serán utilizados.

Las 156 cabinas que servirán como centros de inmunización y cuyo costo individual fue de $32, 000 fueron sustituídas por escuelas, Unidades de Salud y también el Hospital El Salvador en Cifco

La improvisación durante la pandemia otra vez les pasa factura a las arcas del Estado, ya que el gobierno abandonó esta estrategia de vacunación y con ella la inversión de $5 millones que siguen sin rendir cuentas y cuya información también ha sido puesta en reserva.

A principio de año, el ministro Francisco Alabí justificó este gasto lo hacían porque no se podía “colocar vacunas en áreas que son inexistentes o deterioradas en las cuales no se cumplan con los requerimientos y donde no se puedan aplicar la estrategia en un corto tiempo”.

Una de las propuestas hechas por el gremio médico era reforzar y gastar en las unidades de salud, donde ya existe lugares de vacunación.

El infectólogo Iván Solano, recomendó en su momento, reenfocar la inversión de los módulos por considerar que eran necesarios y que, si los vacunatorios del país estaban en malas condiciones, lo ideal sería invertir en readecuarlos y que su infraestructura quedara para usos posteriores, antes que invertir en estos módulos», dijo.

Sin embargo, cuatro meses después, da la impresión que las autoridades retoman esa idea, lastimosamente, los gastos realizados no tienen retorno.

En las últimas dos semanas, tanto centros educativos como las unidades de Salud, figuran como puntos de inmunización, incluyendo el anexo Cifco del Hospital El Salvador.

Cabe señalar, que este nosocomio nació como un centro especializado en atención para pacientes referidos por covid, pero el ha designado como vacunatorio, aún cuando hay pacientes ingresados por contagio de coronavirus.

Según los infectólogos, Iván Solano y Jorge Panameño desaprobaron la medida por ser de alto riesgo, sobre todo porque están trasladando en bus a las personas hacia el hospital.

Por su parte, Solano Leiva cuestionó que “si voy a poner ‘buses alegres’ para la vacunación, ¿cómo asegurarme que se van a mantener los protocolos de bioseguridad en los autobuses, el distanciamiento?

A juicio de Panameño “centralizar la vacuna es problemático, puede haber aglomeraciones, en las que hay riesgo de infectarse. El principio de salud pública para alcanzar las metas de vacunación, establece que hay que facilitarle a la población, acercando a la comunidad las vacunas. Así se erradicó la rubéola en el mundo; así en El Salvador se ha controlado enfermedades como el sarampión, rubéola, la poliomielitis”.

Para los expertos en epidemiología, una vacunación masiva en un mismo lugar eleva los riesgos de contagio, ya que muchos pueden ser asintomáticos.

A estas opiniones se suman los usuarios de twitter quienes no solo critican la medida, sino que cuestionan la inversión que hará el gobierno en transporte como sucedió durante la cuarentena donde, se favoreció con ello a amigos de funcionarios de gobierno que brindaron dicho servicio.

Por ejemplo, solo el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez gastó $186 mil en transporte, beneficiando la empresa de publicidad Evolución S.A. de C.V.

El monto del servicio de transporte para el traslado de las personas al vacunatorio del Cifco se desconoce y toda información ha sido puesto en reserva por orden del presidente Bukele.

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