Connect with us

Noticias

Gobierno compró un cuarto de millón en pantallas protectoras faciales a empresa de Jorge Aguilar.

El tema de la transparencia del uso de los fondos, tanto de donaciones como de préstamos autorizados al gobierno, ha sido la discordia con el presidente y se ha dedicado a vetar cada decreto legislativo que contemplara esa petición.

La empresa recicladora del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador  (Fonaes) y candidato a la Alcaldía de Santa Tecla es el proveedor de Salud y infringió la Ley LACAP.

El tema de la transparencia del uso de los fondos, tanto de donaciones como de préstamos autorizados al gobierno, ha sido la discordia con el presidente y se ha dedicado a vetar cada decreto legislativo que  contemplara esa petición.

Recientemente el medio digital saludconlumpa.com, dio a conocer  a través de un reportaje el negocio de Jorge Aguilar, conocido como “Koki Aguilar” y  los negocios realizados con el gobierno de Nayib Bukele.

Las compras  realizadas al presidente de Fonaes y ahora candidato de Nuevas Ideas para la comuna Tecleña, ascienden a un cuarto de millón  en concepto de equipo de protección, específicamente pantallas de protección facial.

Según la ley de compras del Estado salvadoreño prohíbe que funcionarios hagan negocios con el propio gobierno, sin embargo, Insema SA de CV,  empresa de Aguilar fue la asignada para proveer al Ministerio de Salud  los protectores faciales de plástico, por un  monto de 250 mil dólares.

El 30 de abril, el ministro de Salud, Francisco Alabí, envió a los diputados de la Asamblea Legislativa un informe de las primeras compras que se habían hecho para hacer frente a la pandemia.

Dicho documento elaborado por Salud, detallan  en la   casilla número 20 “Máscaras protectoras, Insema SA de CV, $250,000.00”, compañía recicladora de plástico, papel y aluminio, fundada en el 2001 y con una empresa hermana instalada en Honduras, proveedora de resina PET con las que fueron elaboradas las pantallas. https://saludconlupa.com/noticias/el-salvador-un-funcionario-publico-vende-protectores-faciales-al-gobierno/

En la página de la red social Facebook  Parque Industrial Verde  Aguilar posteó que: “El Ministerio de Salud de El Salvador ya recibió su pedido de máscaras protectoras faciales” y promocionó sus empresas recicladoras  Insema y Zartrex

El cuestionado negocio de Koky Aguilar dejó claro que el presidente Bukele aprueba la corrupción en su gestión y las palabras proclamadas al declararse ganador en febrero de 2019,  de  abanderar la lucha contra la corrupción y no mezclar el servicio público con negocios personales fueron más de lo mismo.

Con el aval del Bukele, Koki pasó por alto el artículo 5 de La Ley de Ética Gubernamental que le exige evitar cualquier conflicto de interés y también violó  la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (Lacap)  que prohíbe que los funcionarios sean contratistas del Estado.

Los artículos 25 y 26 de la Lacap, obliga al gobierno a firmar una declaración en la que de fe de estar cumpliendo las disposiciones legales del país, que sancionan los conflictos de interés y prohíben que un servidor público sea proveedor.

De esta manera la falta de transparencia por parte del Ejecutivo  y el mal manejo de los fondos recibidos, solo para atender la pandemia hasta mayo 2020, sobrepasaba los 500 millones de dólares, y el mandatario logró la aprobación de la Asamblea Legislativa para negociar la emisión de deuda por más de 3 mil millones de dólares.

Finalmente,  los funcionarios no pueden  convertirse en contratistas del Estado con el fin de preservar el respeto a los principios de libre competencia, probidad, igualdad e imparcialidad en los que se basa la Lacap.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

Seguir leyendo

Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

Seguir leyendo

Popular