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Noticias

Funcionarios del presidente Biden piden no migrar.

Advierten que aún no es el momento porque el gobierno de Biden busca una política migratoria más humana y con vías legales para entrar.

El Salvador, al igual que Guatemala y Honduras, tienen las tasas más altas de pobreza y la búsqueda de nuevas oportunidades, aparte de la violencia, los hace migrar hacia los Estados Unidos.

Según la OIM, los problemas económicos son la principal causa para migración de los salvadoreños, donde el 68% afirma que lo hace por razones económicas y no es para menos, solo el año pasado, el 6% de la clase media pasó a ser pobre o están en una situación vulnerables debido al impacto de la pandemia y la crisis política-económica que ésta provocó.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que el impacto del COVID-19 hará que el porcentaje de familias de clase media pase del 25 % al 19%.

Para este organismo internacional, este grupo poblacional representaba un tercio de la población de El Salvador y actualmente es casi la mitad, aumentado el riesgo de migración debido a que está expuesta a múltiples variaciones en la canasta básica, recesiones económicas, entre otros factores que lo impulsan a dejar el territorio nacional.

 “La clase media consolidada, constituída por individuos con ingresos entre $12.5 y $62 por día, se reduciría de 25% a 19% de la población en 2020”, señala el capítulo de El Salvador, incluído en el documento publicado ayer

Ante este panorama, la única salida es migrar de manera irregular hacia Estados Unidos, desafiando todos los peligros que implica el cruce de una frontera a otra.

Sin embargo, el diplomático Ricardo Zúniga, nombrado oficialmente como el enviado especial del Departamento de Estados para el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), exhorta a estas naciones centroamericanas a no migrar, durante su reciente visita a México.

Zúniga advierte que no es el momento y que el gobierno de Biden trabaja en una política migratoria más humana y legales para que puedan entrar, pero que ésta llevará tiempo.

Asimismo, dijo que existen iniciativas para regularizar y priorizar la situación de inmigrantes sin documentos en Estados Unidos y de quienes huyen y buscan asilo.

Por su parte Juan González también recalca que la migración irregular es un tema importante en la administración Biden   a la vez dejó claro que el presidente Biden “ha dicho desde el día uno que quiere cambiar el sistema migratorio. Los cuatro años de la administración Trump no reflejan los valores y la responsabilidad que tenemos de manejar una frontera que defienda y aplique las leyes migratorias pero que maneje el flujo migratorio de manera digna”, cita.

Hace seis días, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), interceptaron a 14 salvadoreños y un hondureño, entre ellos menores de edad, que buscaban cruzar hacia Guatemala, a través de un punto fronterizo no habilitado en el sector de Belén Güijat, Metapán, departamento de Ahuachapán.

El pasado 21 de marzo, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, reafirmó que la inseguridad es una de las principales razones que provocan la migración de salvadoreños hacia diferentes destinos, mayormente hacia Estados Unidos.

Tanto Zúniga como González, recalcaron que contener la migración irregular requiere un enfoque más amplio que el de la administración Trump, la cual solo atendió los síntomas de la migración y no las causas: la inseguridad, falta de oportunidades económicas, corrupción y la débil institucionalidad democrática en la región, factores que dañan las condiciones de vida en Centroamérica y motivan el éxodo masivo a EE. UU.

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Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Noticias

El gobierno gastó $5 millones en módulos de vacunación covid-19 que ya no serán utilizados.

Las 156 cabinas que servirán como centros de inmunización y cuyo costo individual fue de $32, 000 fueron sustituídas por escuelas, Unidades de Salud y también el Hospital El Salvador en Cifco

La improvisación durante la pandemia otra vez les pasa factura a las arcas del Estado, ya que el gobierno abandonó esta estrategia de vacunación y con ella la inversión de $5 millones que siguen sin rendir cuentas y cuya información también ha sido puesta en reserva.

A principio de año, el ministro Francisco Alabí justificó este gasto lo hacían porque no se podía “colocar vacunas en áreas que son inexistentes o deterioradas en las cuales no se cumplan con los requerimientos y donde no se puedan aplicar la estrategia en un corto tiempo”.

Una de las propuestas hechas por el gremio médico era reforzar y gastar en las unidades de salud, donde ya existe lugares de vacunación.

El infectólogo Iván Solano, recomendó en su momento, reenfocar la inversión de los módulos por considerar que eran necesarios y que, si los vacunatorios del país estaban en malas condiciones, lo ideal sería invertir en readecuarlos y que su infraestructura quedara para usos posteriores, antes que invertir en estos módulos», dijo.

Sin embargo, cuatro meses después, da la impresión que las autoridades retoman esa idea, lastimosamente, los gastos realizados no tienen retorno.

En las últimas dos semanas, tanto centros educativos como las unidades de Salud, figuran como puntos de inmunización, incluyendo el anexo Cifco del Hospital El Salvador.

Cabe señalar, que este nosocomio nació como un centro especializado en atención para pacientes referidos por covid, pero el ha designado como vacunatorio, aún cuando hay pacientes ingresados por contagio de coronavirus.

Según los infectólogos, Iván Solano y Jorge Panameño desaprobaron la medida por ser de alto riesgo, sobre todo porque están trasladando en bus a las personas hacia el hospital.

Por su parte, Solano Leiva cuestionó que “si voy a poner ‘buses alegres’ para la vacunación, ¿cómo asegurarme que se van a mantener los protocolos de bioseguridad en los autobuses, el distanciamiento?

A juicio de Panameño “centralizar la vacuna es problemático, puede haber aglomeraciones, en las que hay riesgo de infectarse. El principio de salud pública para alcanzar las metas de vacunación, establece que hay que facilitarle a la población, acercando a la comunidad las vacunas. Así se erradicó la rubéola en el mundo; así en El Salvador se ha controlado enfermedades como el sarampión, rubéola, la poliomielitis”.

Para los expertos en epidemiología, una vacunación masiva en un mismo lugar eleva los riesgos de contagio, ya que muchos pueden ser asintomáticos.

A estas opiniones se suman los usuarios de twitter quienes no solo critican la medida, sino que cuestionan la inversión que hará el gobierno en transporte como sucedió durante la cuarentena donde, se favoreció con ello a amigos de funcionarios de gobierno que brindaron dicho servicio.

Por ejemplo, solo el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez gastó $186 mil en transporte, beneficiando la empresa de publicidad Evolución S.A. de C.V.

El monto del servicio de transporte para el traslado de las personas al vacunatorio del Cifco se desconoce y toda información ha sido puesto en reserva por orden del presidente Bukele.

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