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Corrupción

Funcionarios de Bukele en la lista de Engel.

La corrupción y los ataques a la democracia no han pasado por alto en el Departamento Estado de Estados Unidos, donde se responsabiliza a 14 figuras públicas salvadoreñas, entre funcionarios del actual gobierno, colaboradores cercanos al ejecutivo y ex servidores públicos.

Para el pueblo salvadoreño, la publicación de la Lista Engel no ha causado sorpresa, ya que la “voz populi” aseguraba que muchos funcionarios del actual gobierno y amigos cercanos al mandatario Bukele la conformarían, así como también de la gestión del FMLN.

Según detalla el informe oficial del Departamento de Estado, los primeros nombres de los salvadoreños involucrados a la corrupción lo encabezan el secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro, Carolina Recinos, comisionada presidencial, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, Osiris Luna, director de Centros Penales, Pablo Anliker, exministro y viceministro de Agricultura y el ex ministro de Justicia Rogelio Rivas.

Sobre Recinos, pesa acusaciones de corrupción por malversación de fondos públicos para beneficio personales y es ligada al blanqueo de capitales junto al dirigente del FMLN José Luis Merino, investigado con anterioridad e incluido de nuevo por Estados Unidos por estar atrás del lavado de dinero a través del grupo Alba Petróleos, participar en soborno.

Otro funcionario de la gestión Bukele es el actual ministro de Trabajo, Rolando Castro y qué de acuerdo a la investigación norteamericana, obstaculizó las investigaciones sobre corrupción, socavó la democracia y participó en ataques contra sus oponentes políticos.

A la lista se suma el director de Centros Penales, Osiris Luna por su significativa corrupción relacionada con contratos gubernamentales y sobornos.

Dos exfuncionarios cercanos gobernante salvadoreños no han escapado a esta investigación y son Pablo Anliker, exministro y viceministro de Agricultura y Rogelio Rivas, ex ministro de Justicia.

Anliker pasó a ser parte de la lista por la malversación de fondos públicos para su beneficio personal. Fue auditado por la Corte de Cuentas por irregularidades en los gastos de más de 207 millones.

En el caso del exministro de Justicia, se le acusa de corrupción por malversar fondos públicos para fines personales beneficio, una de las razones por la cual Bukele lo habría removido de su cargo, aunque lo defendió de los cuestionamientos.

La lista Engel, incluyó a amigos y socios cercanos al gobierno, uno de ellos Walter Araujo, inhabilitado como candidato de Nuevas Ideas por violencias contra la mujer.

A éste, Estados Unidos lo acusa de pedir la insurrección contra la Asamblea Legislativa, amenazar a candidatos y, sobre todo, socavar procesos en instituciones democráticas.

Más señalamientos

El Departamento Estado de Estados Unidos tampoco dejó fuera de la lista a ex servidores públicos y empresarios, entre ellos Adolfo Salume, vinculado a la corrupción y de socavar procesos en instituciones democráticos y sobornando a un magistrado de la Corte Suprema para evitar pagar una multa.

De igual manera se ha incluido a Enrique Rais, bajo la acusación de corrupción significativa y de socavar procesos en instituciones democráticas al sobornar a funcionarios públicos.

Finalmente, la lista Engel acusa a los exparlamentarios Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN y ahora prófugo de la justicia.

A Reyes se le acusa de estar Involucrado en una corrupción significativa durante su mandato a través de fraude y malversación de fondos públicos.

Por ARENA figuran,Carlos Reyes, por obstruir las investigaciones sobre corrupción al influir de manera inapropiada en el Proceso de selección de Magistrados de la Corte Suprema, mientras que, a Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión por el tricolor.

Milla aparece relacionado en casos de corrupción, entre los que se mencionan, abuso de autoridad como alcalde en la venta de Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal.

Por último, se menciona al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Wellman,quien, según el Departamento de Estados de Estados Unidos, por causar graves e innecesarios retrasos en la preparación de las elecciones, así como en la tabulación de resultados para su beneficio personal y permitir la influencia de China durante las elecciones salvadoreñas.

La lista de Engel precisa que todas estas personas se han involucrado en actos de corrupción, que va desde contratos gubernamentales, sobornos extorsión y socavar de forma deliberada la democracia.

Organizaciones de la sociedad civil, analistas y opositores políticos piden al mandatario Nayib Bukele destituir a sus funcionarios y cumplir su palabra expresada durante su campaña que lo llevo al poder.

Además, retomaron el tuit del gobernante salvadoreño con fecha 10 de diciembre de 2017 en el que literalmente citó: “No vamos a tolerar la corrupción, venga de donde venga. Los funcionarios que aparezcan en la Lista Engel serán juzgados y removidos de sus cargos…

Por su parte, la embajada estadounidense en El Salvador, señaló en un comunicado de prensa que el Departamento de Estado basó esta lista en información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, a partir de la información de los medios de comunicación y otras fuentes.

Además, declaró que el Departamento continuará investigando a las personas incluidas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir y desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas en El Salvador, Honduras y Guatemala.

La Lista Engel, también publicó los nombres de 20 guatemaltecos y 21 hondureños, que son parte del Triángulo Norte. El Congreso norteamericano espera que se apliquen las sanciones correspondientes a esas personas acusadas de corrupción.

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Centroamérica

Romeo Lemus aparece en listado de periodistas que recibieron dinero del Estado

“Romeo, deberías ser más prudente. Tu nombre aparece en el mismo expediente de los políticos que detuvieron ayer. Esto aparece en un juzgado y lo tiene la fiscalía”, escribió Sergio Arauz, periodista de El Faro, como comentario a una publicación de Romeo Lemus Rivera, sobre la captura de cinco exfuncionarios del período presidencial del FMLN.

“Se llama #Justicia no se llama persecución política”. Tal era el comentario que Lemus hacía en su publicación en la cual recogió declaraciones del Fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre las capturas de cinco funcionarios y el anuncio de órdenes de captura contra cuatro más, incluyendo la del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

Lemus afirmó en su tuit que las capturas en mención eran un parteaguas, que los salvadoreños comenzaban a ver la justicia y que El Salvador necesitaba hacer justicia.

Sin embargo, el tuit de Arauz incluía una imagen en la cual, en la última línea aparecía el nombre de Romeo Lemus $1,500.00 total $90,000. Según el periodista de El Faro, ese documento se refiere a una lista de periodistas a quienes se les entrega mensualmente diversas cantidades en la casa “403” y que, según Arauz, es parte del expediente judicial con el que se está procesando a los exfuncionarios del gobierno anterior capturados.

Luego de esa publicación, Lemus publicó un vídeo en el que sostenía que si la difamación era el precio por denunciar al FMLN y a ARENA, estaba dispuesto a recibirla. Agregando que no se iba a detener en montajes o publicaciones falsas.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión o posición de Lemus Rivera sobre su mención en el supuesto listado pero no respondió a la gestión realizada ayer a través de mensajería directa.

Empleado del actual gobierno

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, continúa como empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. En un documento del Portal de Transparencia de enero de este año aparece como asistente administrativo, pero en el “Directorio de representaciones diplomáticas consulares y misiones permanentes de El Salvador” publicado por Cancillería, aparece como “Asistente Administrativo designado como Agregado de Prensa y Comunicaciones”.

El puesto en el que aparentemente está Lemus Rivera le fue otorgado durante el periodo presidencial de Sánchez Cerén, afirmaron fuentes de Cancillería.

El Diario de Hoy intentó corroborar oficialmente con Cancillería, si Lemus Rivera sigue en el cargo; la encargada de prensa prometió gestionar el dato pero al cierre de esta nota no se tenía respuesta.

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Centroamérica

Propuesta de perseguir delitos ya prescritos es inconstitucional

El plan “anticorrupción” del Gobierno plantea reformar el Código penal para perseguir delitos de hace 30 años. El artículo 21 de la Constitución aclara que en materia penal existe retroactividad solo si beneficia al reo.

“Muy bien abrir un debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La mejor manera de hacerlo creíble es corregir la evidente inconstitucionalidad que pretende hacer la reforma retroactiva y luego comenzar por casa a luchar contra los corruptos del presente”.

Así reaccionó el presidente de Fundación DTJ, José Marinero, a la propuesta de reforma al Código Procesal Penal impulsada por el Gobierno para que los delitos de corrupción no prescriban y que se persigan de forma retroactiva sin límite de tiempo. Ayer, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó ante la Asamblea una iniciativa de reforma que consiste en modificar el artículo 32 de esta normativa.

“Incorporamos todos los delitos del título XVI, capítulo II y III, que comprende todos los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; y el III, donde los particulares son los que corrompen a los funcionarios públicos”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

La iniciativa fue recibida por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien aseguró que esta reforma busca cumplir con el compromiso de combatir la corrupción de una manera frontal y efectiva, y agregó que incluye a los funcionarios públicos de los últimos 30 años.

La propuesta de reforma que pasó a estudio de la comisión de legislación y puntos constitucionales establece que surtiría efectos de forma retroactiva.

“La presente disposición es de orden público y sustituirá efectos de forma retroactiva, debiendo aplicarse la anterior disposición independientemente de la fecha en que se hayan cometido los hechos que se refiere a la reforma contenida en el presente decreto legislativo”, reza el artículo 2 de la propuesta.

¿Qué dicen los juristas?

El abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, destacó que regresar al pasado sería inconstitucional.“Una reforma de este tipo sería inconstitucional. El que le ponga la pena y que lo declare inprescriptible de aquí a futuro no hay ningún problema, pero que puedan regresar al pasado eso si sería inconstitucional”, dijo.

Marinero dijo que la reforma contraviene otros artículos de la Constitución. “Sobre la retroactividad, yo creo que está clarísimo que esta reforma contraviene los artículos 15 y 21 de la Constitución, ellos ya lo saben, creo que esa es una discusión que no hace falta tener, ya lo saben que esta disposición no puede ser aplicada a los hechos sucedidos en el pasado , que es una discusión en este momento casi inoficiosa porque no hay un tribunal constitucional independiente que pueda resolver una posible controversia con esa ley”, explicó.

El artículo 21 de la Constitución indica que “las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”.

Marinero destacó el momento en que ocurre esta propuesta y citó como ejemplo la política de opacidad y resistencia a rendición de cuentas, la llamada Ley Alabí, el rechazo a las reformas de la CICIES, la descalificación y a ataque a la lista Engel entre otros.

“A partir de las declaraciones que el presidente ya dio en tuiter y la velocidad con la que se esta haciendo esta reforma, y el contexto más parece que tiene las mismas intenciones digamos de la instrumentalización de la justicia”, agregó.

La abogada penalista, Marcela Galeas opinó que falta claridad en el ámbito de la temporalidad aplicable.

“No me parece que esté muy explicado en cuanto al ámbito de temporalidad aplicable, no habla de los efectos, la reforma se queda bastante corta, habla de los hechos pasados pero no establece a qué tipos de hechos, deja muchas dudas y crea un esquema de inseguridad jurídica en cuanto a la persecución penal de estos delitos”, concluyó.

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