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Frenar la corrupción está en manos del gobierno y la nueva legislatura

Las plazas fantasmas y el nepotismo son exclusividad de la legislatura saliente. La corrupción sigue incrustada en el actual gobierno, a pesar de haber sido denunciado por el propio presidente Bukele.

De acuerdo a opiniones de críticos del gobierno actual, cada vez que un dirigente, funcionario o simpatizante de Nuevas ideas se ve involucrado en un hecho delictivo, el mandatario lanza una cortina de humo para desviar la atención de la población y revertir las acusaciones hacia la oposición.

Se trata de una estrategia política usada por sus antecesores a fin de mantener “inmaculada” su imagen ante sus simpatizantes y también a nivel internacional.

Para hacer un poco de memoria, el expresidente Mauricio Funes hizo lo mismo al llegar al poder y el 29 de mayo de 2009, ordenó una amplia investigación por el despilfarro de los recursos del Estado, pero al final de su mandato terminó enredado en los lazos de la corrupción.

Hoy el presidente Bukele copia la misma estrategia y lanza la campaña post elecciones de las plazas fantasmas para mantener el rechazo hacia la oposición, pero solo para ARENA y el FMLN.

Algo que olvida el gobernante es que GANA, el partido que lo llevo al poder y con el cual hizo coalición para ganar la mayoría de curules y alcaldías, tiene el 45% de las plazas en el legislativo, según lo declarara Jorge Schafik Hándal.

De acuerdo a Hándal, GANA, actualmente solo tiene nueve escaños, pero tiene 238 empleados en la Asamblea Legislativa. Lo que significa que son 26.4 empleados promedio por cada parlamentario y deben ser despedidos.

Por su parte, el diputado de GANA Mario Tenorio, contradijo la versión del mandatario sobre las plazas fantasmas y aceptó que todas las fracciones tienen ese tipo de contrataciones.

Además, el parlamentario aclaró que el decreto del retiro voluntario no era dedicado a las plazas fantasmas, por el contrario, son para los trabajadores que tienen años de laborar en este órgano estatal y pueden optar a este beneficio.

Sin embargo, Bukele se hace del “ojo pacho” y le da un giro a esta información para centrar su ataque contra sus adversarios, dejando de lado el nepotismo de Guillermo Gallegos quien si tiene 11 familiares trabajando en el congreso salvadoreño.

Los críticos del gobierno afirman que el mandatario no tiene la solvencia moral para hacerlo, ya que todo su gabinete está conformado por sus amigos, socios, militantes y familiares.

Lastimosamente, dicen, Bukele reproduce lo mismos de sus antecesores y a esto se suma que la población adolece de una “amnesia política”, y pasan de largo la corrupción del gobierno y en su lugar, reproducen los mensajes de odio y violencia.

Por ejemplo, si se habla de nepotismo, no puede dejar de mencionarse que entre sus funcionarios se encuentran Jorge Kattán (tío) y Arena Rodríguez (hermana de Gabriela Rodríguez), quien es asistente de la canciller Alexandra Hill Tinoco, hija de Jaime Hill, uno de los concejales de Bukele durante su gestión como alcalde de San Salvador.

El presidente Bukele también nombró a su primo Guillermo Hasbún como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), mientras que los hermanos Ni Karim, ni Ibrajim, ni Yusef tienen cargos públicos y la lista continúa. 

No obstante, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral), Luis Ortega, es contundente al decir que la eliminación del fenómeno de plazas fantasma en el congreso no depende de una regulación legal, sino de una «decisión política» que está en manos de la legislatura entrante.

Por lo tanto, Nuevas Ideas tiene en sus manos terminar con las plazas fantasmas o continuar con las mismas prácticas de los mismos de siempre, ya que controlarán el poder Legislativo, o solo se trata de una artimaña para mantener el repudio hacia el remanente del FMLN y ARENA, que, si bien no lo estorbará en sus decisiones, se les incomoda que los observen.

En ese sentido, la sociedad civil, reprocha el cinismo con que el Ejecutivo comete la corrupción, no solo es con el nepotismo, funcionarios y periodistas con doble plazo, sino en las obras sin terminar y la malversación de fondos.

Para muestra dicen, el emblemático hospital El Salvador, el más grande de Latinoamérica, que ayer cumplió un año y sigue a medias, donde el despilfarro de los recursos del Estado es evidente y que lleva al país a una deuda pública que ya roza los 22 millones.

Antonio Morales Carbonell, miembro de Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, manifestó en el programa República de canal 33, que al comparar el presupuesto 2020 con el del 2021, hay un incremento de más de 9 mil plazas nuevas y la mayor parte son del gobierno central.

Fiscalía afirma que ha iniciado una investigación por las plazas fantasmas por el despilfarro de los recursos del estado, pero a la fecha no ha informado cuál fue el resultado de la investigación sobre los seis funcionarios del gobierno acusados de corrupción y el uso de los fondos de la pandemia. Esta institución sigue endeuda con los salvadoreños que esperan justicia.

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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