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Frenar la corrupción está en manos del gobierno y la nueva legislatura

Las plazas fantasmas y el nepotismo son exclusividad de la legislatura saliente. La corrupción sigue incrustada en el actual gobierno, a pesar de haber sido denunciado por el propio presidente Bukele.

De acuerdo a opiniones de críticos del gobierno actual, cada vez que un dirigente, funcionario o simpatizante de Nuevas ideas se ve involucrado en un hecho delictivo, el mandatario lanza una cortina de humo para desviar la atención de la población y revertir las acusaciones hacia la oposición.

Se trata de una estrategia política usada por sus antecesores a fin de mantener “inmaculada” su imagen ante sus simpatizantes y también a nivel internacional.

Para hacer un poco de memoria, el expresidente Mauricio Funes hizo lo mismo al llegar al poder y el 29 de mayo de 2009, ordenó una amplia investigación por el despilfarro de los recursos del Estado, pero al final de su mandato terminó enredado en los lazos de la corrupción.

Hoy el presidente Bukele copia la misma estrategia y lanza la campaña post elecciones de las plazas fantasmas para mantener el rechazo hacia la oposición, pero solo para ARENA y el FMLN.

Algo que olvida el gobernante es que GANA, el partido que lo llevo al poder y con el cual hizo coalición para ganar la mayoría de curules y alcaldías, tiene el 45% de las plazas en el legislativo, según lo declarara Jorge Schafik Hándal.

De acuerdo a Hándal, GANA, actualmente solo tiene nueve escaños, pero tiene 238 empleados en la Asamblea Legislativa. Lo que significa que son 26.4 empleados promedio por cada parlamentario y deben ser despedidos.

Por su parte, el diputado de GANA Mario Tenorio, contradijo la versión del mandatario sobre las plazas fantasmas y aceptó que todas las fracciones tienen ese tipo de contrataciones.

Además, el parlamentario aclaró que el decreto del retiro voluntario no era dedicado a las plazas fantasmas, por el contrario, son para los trabajadores que tienen años de laborar en este órgano estatal y pueden optar a este beneficio.

Sin embargo, Bukele se hace del “ojo pacho” y le da un giro a esta información para centrar su ataque contra sus adversarios, dejando de lado el nepotismo de Guillermo Gallegos quien si tiene 11 familiares trabajando en el congreso salvadoreño.

Los críticos del gobierno afirman que el mandatario no tiene la solvencia moral para hacerlo, ya que todo su gabinete está conformado por sus amigos, socios, militantes y familiares.

Lastimosamente, dicen, Bukele reproduce lo mismos de sus antecesores y a esto se suma que la población adolece de una “amnesia política”, y pasan de largo la corrupción del gobierno y en su lugar, reproducen los mensajes de odio y violencia.

Por ejemplo, si se habla de nepotismo, no puede dejar de mencionarse que entre sus funcionarios se encuentran Jorge Kattán (tío) y Arena Rodríguez (hermana de Gabriela Rodríguez), quien es asistente de la canciller Alexandra Hill Tinoco, hija de Jaime Hill, uno de los concejales de Bukele durante su gestión como alcalde de San Salvador.

El presidente Bukele también nombró a su primo Guillermo Hasbún como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), mientras que los hermanos Ni Karim, ni Ibrajim, ni Yusef tienen cargos públicos y la lista continúa. 

No obstante, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral), Luis Ortega, es contundente al decir que la eliminación del fenómeno de plazas fantasma en el congreso no depende de una regulación legal, sino de una «decisión política» que está en manos de la legislatura entrante.

Por lo tanto, Nuevas Ideas tiene en sus manos terminar con las plazas fantasmas o continuar con las mismas prácticas de los mismos de siempre, ya que controlarán el poder Legislativo, o solo se trata de una artimaña para mantener el repudio hacia el remanente del FMLN y ARENA, que, si bien no lo estorbará en sus decisiones, se les incomoda que los observen.

En ese sentido, la sociedad civil, reprocha el cinismo con que el Ejecutivo comete la corrupción, no solo es con el nepotismo, funcionarios y periodistas con doble plazo, sino en las obras sin terminar y la malversación de fondos.

Para muestra dicen, el emblemático hospital El Salvador, el más grande de Latinoamérica, que ayer cumplió un año y sigue a medias, donde el despilfarro de los recursos del Estado es evidente y que lleva al país a una deuda pública que ya roza los 22 millones.

Antonio Morales Carbonell, miembro de Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, manifestó en el programa República de canal 33, que al comparar el presupuesto 2020 con el del 2021, hay un incremento de más de 9 mil plazas nuevas y la mayor parte son del gobierno central.

Fiscalía afirma que ha iniciado una investigación por las plazas fantasmas por el despilfarro de los recursos del estado, pero a la fecha no ha informado cuál fue el resultado de la investigación sobre los seis funcionarios del gobierno acusados de corrupción y el uso de los fondos de la pandemia. Esta institución sigue endeuda con los salvadoreños que esperan justicia.

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Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Noticias

El gobierno gastó $5 millones en módulos de vacunación covid-19 que ya no serán utilizados.

Las 156 cabinas que servirán como centros de inmunización y cuyo costo individual fue de $32, 000 fueron sustituídas por escuelas, Unidades de Salud y también el Hospital El Salvador en Cifco

La improvisación durante la pandemia otra vez les pasa factura a las arcas del Estado, ya que el gobierno abandonó esta estrategia de vacunación y con ella la inversión de $5 millones que siguen sin rendir cuentas y cuya información también ha sido puesta en reserva.

A principio de año, el ministro Francisco Alabí justificó este gasto lo hacían porque no se podía “colocar vacunas en áreas que son inexistentes o deterioradas en las cuales no se cumplan con los requerimientos y donde no se puedan aplicar la estrategia en un corto tiempo”.

Una de las propuestas hechas por el gremio médico era reforzar y gastar en las unidades de salud, donde ya existe lugares de vacunación.

El infectólogo Iván Solano, recomendó en su momento, reenfocar la inversión de los módulos por considerar que eran necesarios y que, si los vacunatorios del país estaban en malas condiciones, lo ideal sería invertir en readecuarlos y que su infraestructura quedara para usos posteriores, antes que invertir en estos módulos», dijo.

Sin embargo, cuatro meses después, da la impresión que las autoridades retoman esa idea, lastimosamente, los gastos realizados no tienen retorno.

En las últimas dos semanas, tanto centros educativos como las unidades de Salud, figuran como puntos de inmunización, incluyendo el anexo Cifco del Hospital El Salvador.

Cabe señalar, que este nosocomio nació como un centro especializado en atención para pacientes referidos por covid, pero el ha designado como vacunatorio, aún cuando hay pacientes ingresados por contagio de coronavirus.

Según los infectólogos, Iván Solano y Jorge Panameño desaprobaron la medida por ser de alto riesgo, sobre todo porque están trasladando en bus a las personas hacia el hospital.

Por su parte, Solano Leiva cuestionó que “si voy a poner ‘buses alegres’ para la vacunación, ¿cómo asegurarme que se van a mantener los protocolos de bioseguridad en los autobuses, el distanciamiento?

A juicio de Panameño “centralizar la vacuna es problemático, puede haber aglomeraciones, en las que hay riesgo de infectarse. El principio de salud pública para alcanzar las metas de vacunación, establece que hay que facilitarle a la población, acercando a la comunidad las vacunas. Así se erradicó la rubéola en el mundo; así en El Salvador se ha controlado enfermedades como el sarampión, rubéola, la poliomielitis”.

Para los expertos en epidemiología, una vacunación masiva en un mismo lugar eleva los riesgos de contagio, ya que muchos pueden ser asintomáticos.

A estas opiniones se suman los usuarios de twitter quienes no solo critican la medida, sino que cuestionan la inversión que hará el gobierno en transporte como sucedió durante la cuarentena donde, se favoreció con ello a amigos de funcionarios de gobierno que brindaron dicho servicio.

Por ejemplo, solo el ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez gastó $186 mil en transporte, beneficiando la empresa de publicidad Evolución S.A. de C.V.

El monto del servicio de transporte para el traslado de las personas al vacunatorio del Cifco se desconoce y toda información ha sido puesto en reserva por orden del presidente Bukele.

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