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Focalizar subsidio al agua, la próxima dosis de “medicina amarga” para los salvadoreños

Un recorte significaría grabar más la situación económica de la población, sobre todo la clase media baja, la cual ha sido afectada con el desempleo producto de la pandemia.

A una semana de confirmar el triunfo en las urnas, el gobierno anticipa que “la medicina amarga” está por llegar a los hogares de los salvadoreños con la focalización del subsidio al agua.

La noticia es recibida como “un baldazo de agua fría” para la población, quienes afirman que la medida viene a agravar más la situación económica, ya que muchos fueron cesados de sus puestos de trabajos por cierre de empresas durante la pandemia.

Además, manifiestan que la administración Bukele está replicando la misma estrategia del FMLN al recortar el subsidio de energía eléctrica a los hogares para salir de la deuda en la que tiene al país.

Sin embargo, el tema de la focalización del vital líquido ya había sido anunciado por el anterior presidente de ANDA, Federick Benitez, en julio de 2019 y Rubén Alemán, su sucesor asegura que, con la nueva Asamblea liderada por el partido oficialista, se acelerará su discusión y aprobación.

Alemán, sostiene que partirán de un “análisis profundo” en el cual se establecerá quienes necesitan el subsidio y quienes no, aunque no dio detalles de cuáles serían los parámetros para aplicar esa medida, limitándose a decir que hay personas con propiedades valoradas en US$300 mil, que no deberían tenerlo.

Durante una entrevista televisiva en el canal 21, Alemán dijo “estamos haciendo milagros, básicamente nos alcanza solo para salarios y pago de proveedores”, a lo que los usuarios de twitter respondieron que igualmente, la población hace milagros para pagar el recibido de agua, aun cuando pasan meses sin recibir el líquido en sus hogares.

Para las organizaciones que velan por los derechos de los consumidores, la focalización del subsidio termina afectando a la clase media baja, tal como sucedió con a la energía eléctrica y no tienen duda que igual sucederá con este nuevo recorte.

Asimismo, manifiestan que ANDA es una de las instituciones gubernamentales más denunciadas por los consumidores y entre las principales quejas es la deficiencia es la distribución del agua, así como los cobros excesivos pese a no recibir agua en sus hogares.

Esta problemática ha sido denunciada en cada administración pero no han tenido respuesta a la fecha. En 2019, na encuesta de la UCA, reveló que el 60.2% de la población consideró que el servicio de ANDA sigue igual que en la anterior administración o ha empeorado. 

Ejecutivo bajo presión financiera

En temas económicos, El Salvador no goza de la misma popularidad que el presidente Bukele, por el contrario, el país figura con el nivel de endeudamiento más alto en la región, y es el tercero con riesgo crediticio de América Latina.

Por lo tanto, El Fondo Monetario Internacional (FMI) en El Salvador, ha venido recomendando, desde hace tres años, la necesita un ajuste fiscal del 3% del Producto Interno Bruto (PIB), para poder reducir la creciente deuda pública, la cual se disparó con la pandemia del covid-19.

La recomendación del FMI radica en incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que podría subir del 13 al 15 %, sugerencia que venía señalando en últimos tres informes de este organismo internacional financiero.

Como media inmediata, el gobierno recurre a la focalización del subsidio y el segundo paso, sería incrementar el IVA, aunque el ministro de Hacienda no lo confirma, pero tampoco lo descarta y deja entrever que todo depende del otorgamiento de nuevos préstamos.

Actualmente, el gobierno enfrenta un serio problema de liquidez, y los inversionistas locales y extranjeros ven a un país con alto riesgo crediticio, según muestra el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) que coloca a la economía salvadoreña con el perfil más deteriorado de Centroamérica.

La deuda pública en El Salvador no ha parado de crecer y el año pasado que cerró superó los $22,625 millones según la última actualización del Banco Central de Reserva (BCR). Este monto es casi el doble de lo que se tenía en 2010 ($11,778.3 millones), y es el 89 % de lo que el país produjo en 2020.

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Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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