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Corrupción

Fiscalía de Honduras investiga posible fraude en compra de hospitales móviles para atender pacientes de covid-19

Las autoridades de salud del país reconocen que se desbordó su capacidad de atención. Algunas carpas que protegen camillas y tanques de oxígeno han sido ubicadas en las afueras de algunos hospitales públicos para atender a pacientes con síntomas del virus, mientras que algunos centros de triaje se han habilitado en otras zonas para atender a pacientes sospechosos de covid-19.

Desde las primeras horas de la madrugada, pacientes, entre ellos casos sospechosos de covid-19, hacen fila en la calle para poder ser atendidos en centros asistenciales en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Una señal de que los hospitales en las principales ciudades de Honduras están saturados.

Las autoridades de salud del país reconocen que se desbordó su capacidad de atención. Algunas carpas que protegen camillas y tanques de oxígeno han sido ubicadas en las afueras de algunos hospitales públicos para atender a pacientes con síntomas del virus, mientras que algunos centros de triaje se han habilitado en otras zonas para atender a pacientes sospechosos de covid-19.

Cuando la pandemia de covid-19 alcanzó al país centroamericano, el Gobierno ordenó la compra de siete hospitales móviles para apoyar al sistema de salud, anticipando la alta demanda de atención médica. Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), ente responsable de la gestión de proyectos del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, se encargó de la cotización y compra de los hospitales e insumos requeridos por la Secretaría de Salud.

Entre finales de marzo y principios de abril, Invest-H pagó a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HospitalesMoviles.com, de manera anticipada el costo total de los siete hospitales, valorados en casi US$ 48 millones. Sin embargo, meses después, los hospitales móviles aún no han llegado a Honduras. Ahora, una fiscalía especializada del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas del país investigan las condiciones en las que se hizo la compra.

La compañía SDI Global LLC, con base en Turquía y operaciones en Estados Unidos y Jordania, dedicada a proveer servicios de defensa, seguridad y atención médica a diferentes países, dice haber sido contactada en marzo por Axel López, quien se identifica como asesor comercial en su página web, para solicitar una propuesta de proyecto para la compra de hospitales móviles por parte del gobierno de Honduras.

López finalmente fue contratado por Invest-H como proveedor para la compra de hospitales, mientras que SDI Global se encargaría de la fabricación de los mismos.
Sin embargo, Michael Murphy, presidente ejecutivo de SDI Global, dijo a CNN que López supuestamente tomó la propuesta hecha por su compañía y la presentó al gobierno de Honduras como propia. López, según el relato de Murphy, presentó el proyecto de SDI Global utilizando logos de empresas inscritas a su nombre, pero utilizando los registros de operación internacional de SDI Global ante organismos como la OTAN.

Murphy dijo que, tras percatarse de las presuntas acciones de López, cancelaron cualquier posibilidad de relación comercial con él y la posibilidad de fabricar los hospitales para Honduras. Murphy dice que SDI Global denunció a López por robo de propiedad intelectual ante las autoridades de Turquía y Estados Unidos.
Además, CNN intentó en reiteradas ocasiones contactar a López para conocer su versión de los hechos, los acuerdos con SDI Global y el gobierno de Honduras.

El periódico hondureño El Heraldo, dijo este miércoles que habló con López. Según el diario, López no contestó a los señalamientos en su contra “por ser un tema legal” y dijo que la empresa HospitalesMoviles.com “está comprometida a hacer una buena labor para el beneficio de la población de Honduras”.

Según documentos de acceso a la información pública del gobierno de Honduras, el primer pago por el proyecto de los hospitales, casi US$ 8 millones, se hizo en marzo a Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HopsitalesMoviles.com. En la orden de compra, López es identificado como vicepresidente de HospitalesMoviles.com mientras que, según registros en Estados Unidos, también aparece como presidente de Elmed Medical Systems. CNN trató de comunicarse con Elmed Medical Systems, cuya dirección física y teléfono de contacto es el mismo de López.

Una comisión del Congreso Nacional de Honduras pidió a Marco Bográn, director de Invest-H, explicar vía teleconferencia las condiciones en las que se hizo la compra de los hospitales móviles. Bográn, quien compareció el martes solamente por audio ya que asegura haber dado positivo de covid-19 y estar indispuesto para exponer ante los legisladores por video, explicó que se decidió contratar a un proveedor estadounidense porque en ese momento el país norteamericano “tenía el mercado menos errático”. Sin embargo, admitió que no tenían recomendaciones de López y que tampoco se hizo un estudio de sus antecedentes: “Ninguno de nosotros lo conocía hasta esa fecha que hicimos el barrido en Internet y encontramos la compañía”, afirmó Bográn. También aseguró que nunca recibió reportes de que López hubiera sido denunciado por plagio o estafa, y que la presunta investigación del FBI “es una teoría de conspiración”.

En la orden de compra firmada entre Invest-H y López, se estima que el tiempo de producción sería de 15 días hábiles y posteriormente la entrega de la orden se haría entre 3 y 5 días en caso de ser una entrega aérea, o de 45 a 55 días si era una entrega marítima. Según Bogran, la fabricación y entrega de hospitales se vio afectada por interrupciones en el sistema de suministro global ocasionadas por la pandemia, y aseguró que dos de los siete hospitales llegarán al país en las primeras semanas de julio y que serán instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Más de 80 días después de firmar la orden de compra.

Sobre la fabricación y entrega de los otros cinco hospitales móviles que serían distribuidos a otras ciudades de Honduras, Bográn dijo tener “confianza en que el proveedor cumplirá”.

El director de Invest-H ahora deberá declarar ante la fiscalía por su supuesta responsabilidad en delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.

Bográn ha asegurado en reiteradas ocasiones que la compra de los hospitales móviles se hizo de manera correcta, y ha dicho que las acusaciones en su contra son una campaña de desprestigio contra el gobierno de Honduras.

“No renunciaré a mi cargo, y de lo único que me arrepiento es de no haber tomado estas decisiones antes”, aseguró el martes Bográn.

Más de 13.000 casos de covid-19 se han registrado en Honduras hasta el momento, entre ellos el presiden Juan Orlando Hernández y su esposa, y más de 400 personas han muerto, según datos ofrecidos por el Gobierno.

nota tomada de cnn.com

Corrupción

Sala admite demanda de inconstitucionalidad por nombramiento de Mauricio Arriaza Chicas

El máximo tribunal admitió la demanda interpuesta por la abogada Ruth Eleonora López quien sostiene que su nombramiento es una violación constitucional porque es militar.

Los argumentos de López, son que, tras este nombramiento, se transgrede “la separación de funciones entre la defensa nacional y la seguridad pública”, “la independencia de la PNC respecto de la fuerza armada” y “el mandato constitucional que ordena que la PNC debe estar dirigida por autoridades civiles”.

Asimismo, la demandante sostiene con ello se han violentado los artículos 159 y 168 de la Constitución, en los cuales se especifica que la seguridad pública debe ser dirigida por autoridades civiles y no militares.

La abogada también señala que Chicas mantiene el grado de teniente en condición de reserva, por lo cual solicitó a la Sala emitir una medida cautelar a fin de suspender el acto proclamado.

Pese a haber admitido la demanda, el máximo tribunal no emitió la medida “porque (la demandante) no ha argumentado suficientemente la existencia de razones para adoptar la medida cautelar”.

Historial militar

Mauricio Arriaza Chicas alcanzó el grado de tenienta en la extinta Policía Nacional y fue uno de los elementos de la Fuerza Armada que formo parte del 20 por ciento que se incorporaron a la Policía Nacional Civil como parte de los Acuerdos de Paz.

El ahora director de la PNC, conformó la primera promoción de subcomisionados de la Academia Nacional de Seguridad Pública y actualmente ostenta el grado de comisionado de dicha corporación policial.

En la hoja de vida profesional detalla que tiene una formación policial de más 25 años y que ha fungido como subdirector de Tránsito Terrestre, de Seguridad Pública y de Áreas Especializadas de la Policía.

Además, se menciona que ha sido responsable en diferentes delegaciones de la PNC en los departamentos de San Miguel, Usulután, Ahuachapán y jefe de la Región Metropolitana.

Sin embargo, su carrera policial está marcada por acciones delictivas y figura en la lista de elementos policiales depurados en el año 2000 por estar involucrado en secuestros, robos y tráfico de drogas.

Estos señalamientos lo llevaron a ser separó cuando aún era subcomisionado y mientras se preparaba para ascenso y optar al rango de comisionado.

Sobre estas acusaciones, el tribunal de justicia lo exoneró, pero el tribunal disciplinario ordenó su destitución de la corporación policial por encontrarlo responsable de dichos actos, pero en el 2003, la Corte Suprema de Justicia ordenó su reinstalo.

Amparado bajo la sombrilla del presidente Nayib Bukele, Arriaza Chicas, ha incurrido en varios delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Entre ellos, negarse a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el uso de los fondos dados al gobierno durante la pandemia de covid-19.

El segundo delito atribuído a Arriaza Chicas es por desobediencia, al no cumplir una orden de la oficina fiscal de Apopa para que desalojara a personas que impedían el ingreso de camiones recolectores de basura al relleno de Nejapa.

Tras su comportamiento, en octubre del año pasado fue advertido por la Fiscalía, que al negarse a cumplir la orden le acarrearía responsabilidades penales, las cuales tendrá que enfrentar en un juicio.

Para blindarlo, el presidente salvadoreño lo nombra viceministro de Seguridad y director de la PNC, pero diputados acordaron retirar el fuero para ser juzgado. Finalmente renunció al cargo de Viceministro.

La ley orgánica, en el artículo 7 establece que el cargo de director de la Policía Nacional Civil es incompatible con cualquier otro cargo público, lo cual queda subsanado al renunciar.

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Corrupción

La corrupción contamina otras áreas de la democracia y empuja la migración

El mensaje de la administración Biden es claro y contundente para el gobierno de El Salvador y el resto de países que conforman el Triángulo Norte.

Para Ricardo Zúniga, quien debe lidiar con las causas de la crisis de la migración en Estados Unidos, la corrupción no es un tema aislado a la migración y tampoco se limita al dinero. “La corrupción contamina otras áreas de la democracia”.

El emisario de la Casa Blanca afirma que “detrás de los fondos desviados a intereses “egoístas”, hay hospitales desabastecidos, barrios inseguros, pobre acceso a la educación y otras necesidades básicas de la población no cubiertas. Y esto empuja a la gente a emigrar de manera irregular”.

Para Ricardo Zúñiga la democracia y el estado de derecho son pilares fundamentales de lo que él denomina “condiciones habilitantes” para que los salvadoreños tengan prosperidad y movilidad social, y con eso se evite o se reduzca la migración irregular.

En ese sentido, la administración Biden deja claro que “la lucha contra la corrupción es fundamental en nuestro apoyo a Centroamérica y la única manera de eliminar la corrupción y combatir la impunidad, es “trabajar juntos, haciendo una labor técnica objetiva y sobre todo de cara a la población”.

Por ello, una de las primeras reuniones agendadas en su rápida visita fue con las instituciones que trabajan combatiendo los ilícitos, entre estas la Fiscalía General de la República, CICIES, Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética, la Procuraduría General de la República, la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la

Asimismo, considera que es necesario disponer de recursos para fortalecer a las dependencias que centran su trabajo en el combate a la corrupción y que Estados Unidos contribuirá con $2 millones para que (CICIES).

“EEEUU los acompaña en esta lucha, seguiremos acompañando a todos los que estén trabajando a favor de la transparencia y el cumplimiento del estado de derecho”, expresó.

Al respecto, el comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, reiteró a Zúniga la necesidad de reformas para fortalecer el trabajo de la institución y anunció que ha realizado 25 asistencias a la FGR, entre estas: 12 avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras de Estado, auditorías del 81% de los gastos realizados durante la pandemia, y ayuda en investigación de siete casos integrales a solicitud del fiscal general.

“Es necesario crear las condiciones para una nueva arquitectura legal que prevenga y castigue la corrupción, así como la voluntad política para aprobarla», indicó Ochaeta, durante la conferencia de prensa tras la reunión con el fiscal general de la república, Raúl Melara, y el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Finalmente, Zúniga no paso por alto la propuesta de la sociedad civil en reforzar la CICIES, la cual elogió, porque le da mayor independencia de la Presidencia, mayor autonomía financiera y más facultades para querellar en procesos de corrupción.

Bukele dice vetar Ley CICIES

El gobernante Nayib Bukele, que evadió reunirse con Zúniga, dijo en su cuenta de Twitter que la vetará, dejando atrás su promesa de campaña presidencial.

José Marinero, representante de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (Fundación DTJ), opina que el presidente fue el impulsor de la CICIES y ahora le “corresponde dar un salto de calidad al mandato de la CICIES y consolidarlo con una ley que pueda ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego sancionada y publicada por el Presidente de la República”.

A este llamado se suman el representante de Cristosal Noah Bullock, quien señala que la CICIES debe ser ratificada para ampliar sus funciones y participar en procesos penales en contra de la corrupción, además, destacó que “la lucha contra la corrupción es algo que la ciudadanía ha pedido”.

Por su parte, Loyda Robles de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) explica que ya suman 75 organizaciones en esta iniciativa de fortalecer la CICIES a través de una ley que le permita ser más independiente.

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