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Corrupción

Extorsionistas también esperan la reactivación del transporte público

Los transportistas temen que al momento de darse la reanudación del servicio sea atacados por grupos criminales que piden el pago de extorsiones. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila)

Aunque las negociaciones entre el gobierno y empresarios del transporte no permiten, por ahora, fijar una fecha para la reanudación del servicio de buses, los grupos criminales dedicados a las extorsiones ya exigen el dinero pendiente por el “impuesto” de los últimos cinco meses.

Los transportistas temen que al momento de darse la reanudación del servicio sea atacados por grupos criminales que piden el pago de extorsiones. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila)

La reactivación económica en Guatemala comenzó sin el servicio de transporte público porque no hay acuerdos que definan cuanto debe de costar el pasaje. Ese problema sigue sin una solución a casi un mes de la apertura, ahora se agrega otro inconveniente: Las extorsiones al servicio de buses.

Desde que el presidente Alejandro Giammattei anunció el plan de reactivación económica desde el pasado 27 de julio, en la que se incluyó el servicio de buses en todos los niveles de alerta, los empresarios del transporte comenzaron a recibir las llamadas de extorsionistas que les exigen cumplir con todas las cuotas  pendientes.

Los pilotos y ayudantes no han pagado las extorsiones desde marzo, cuando comenzaron las restricciones a causa de la pandemia, pero tras el anuncio que algunos buses están próximo a circular estos grupos delincuenciales pretenden obtener todos los pagos de los meses atrasados, incluido un bono 14.

El monto que exigen es elevado, los transportistas por su propia seguridad prefieren omitir la cantidad exacta que les piden, pero a manera de ejemplo señalan que un grupo de 50 buses debe de pagar hasta 25 mil quetzales a la semana, esto con tal que pilotos y ayudantes no sufran atentados.

“Tenemos la problemática de la extorsión, ellos están al pendiente en el momento que podamos reanudar nuestros laborales, hemos dejado de trabajar por meses y en ese periodo ellos han dejado de recibir al mal llamado impuesto de extorsión que pagamos como transportistas, se han comunicado ya con varios compañeros pidiendo que nos pongamos al día con las cuotas retrasadas”, señaló Andrés Rolando Monzón, presidente de la Asociación de Transportistas de Santa Elena Barrillas.

Entre las peticiones que han hecho los empresarios de buses al gobierno es tener seguridad en los buses, pero la respuesta que obtiene es que por la cantidad de agentes policiales no es posible cubrir a un 100% de las unidades.

“Cuando logremos salir a trabajar seguramente estas personas van a querer matar a algunos de nuestros trabajadores, esto es bien complejo con la reapertura porque no se trata solo de cumplir con todo lo que se nos pide en la ley sino también con estos grupos delincuenciales”, añadió Monzón.

Persiguen a los pilotos

El escenario en el que va a comenzar a funcionar el servicio de buses no es el mejor, según los propietarios, porque los afectos económicos que está causando el coronavirus podrían tener como consecuencia un aumento en los índices de criminalidad.

“Cuando el Ejecutivo anuncia la reapertura hasta ellos mismos (los extorsionistas) son los primeros que nos llaman para decir que necesitan su dinero, la pobreza genera más inseguridad y entendemos que nos toca tener que salir a trabajar en un momento donde todo está colapsado y habrán muchos riesgos”, indicó Alejandro Soto, de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (Aeau).

En estos cinco meses los pilotos de buses han tratado de conseguir otro tipo de empleos, algunos han tenido suerte de conseguir un vehículo prestado para trabajar como taxistas unas cuantas horas, no reciben un buen salario, pero además de tener que conseguir para los alimentos de su familia y educación de sus hijos tiene que dejar una parte para los extorsionistas.

“La extorsión no ha parado usted, yo he escuchado con mis compañeros, que lograron meterse como taxistas y los siguen extorsionando igual. Yo siento que a la hora que comience el transporte si tendrían que ayudarnos con seguridad para que no corramos con riesgo como nos pasó el año, varios compañeros que ya descansan con Dios”, comentó un piloto de la ruta a El Milagro, que prefirió no hacer pública su identidad.

Él y sus colegas afirman que necesitan comenzar a trabajar porque tiene cuentas que pagar, aunque con las llamadas de los extorsionistas necesitarán que las autoridades, además de fijar una tarifa conveniente para empresarios y usuarios, priorice estrategias de seguridad.

“Los extorsionistas van venir y decir bueno no trabajaron cinco meses, nos deben las extorsiones de cinco meses y queremos así nuestro dinero, para tal fecha, así nos van a decir y vamos a caer en lo mismo de siempre, tener que trabajar y rogarle a Dios que nos esté acompañando”, puntualizó.

Estrategia MP y Gobernación

Datos que maneja la fiscalía contra el delito de extorsiones no documenta nuevas denuncias de transportistas, según el agente fiscal Raúl Figueroa, quien añadió que con la reapertura de actividades era previsible que las extorsiones a pilotos volverían a ser un problema.

Por ello ya mantiene una coordinación con el ministerio de Gobernación que les permita contrarrestar este fenómeno antes que pilotos, ayudantes y hasta usuarios sean objeto de algún atento al momento que comiencen a trabajar.

“Los transportistas no han llegado a la fiscalía para decir que ya les estén llamando nuevamente, no hay denuncias en la fiscalía, pero nosotros desde hace algunos días ya mantenemos reuniones con el ministerio de Gobernación porque cuando se dé la reapertura debemos de saber dar una respuesta, por eso se dio el traslado de algunos privados de libertad, ir cambiando a personas para evitar la coordinación de actividades criminales”, precisó.

Los datos que maneja el ente investigador es que aproximadamente el 90% de llamadas para extorsionar provienen de imitadores, y no de las dos pandillas que operan en Guatemala.

Una década roja

Los datos que maneja la Defensoría del Usuario del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, añade que si se da una reactivación del transporte, que no contemple medidas de seguridad, habrá muchos atentados que podrían cobrar vidas, como se ha visto en los últimos años.

“Quien va a pagar el costo de las extorsiones no son solo los transportistas y los pilotos sino que los usuarios con posibles incrementos no autorizados a la tarifa, es una realidad que hemos visto desde hace varios años, al menos del 2010 al 2019, más de 2 mil 400 personas han perdido la vida por hechos de violencia dentro del transporte público”, argumentó el defensor Edgar Guerra.

Aún está pendiente que se celebre una reunión entre autoridades de gobierno y transportistas para definir los problemas que envuelven la reactivación del transporte público. Este acercamiento del gobierno central nació después que los pilotos anunciaron una manifestación en el centro de la ciudad.

Nota tomada de prensalibre.com

Centroamérica

El Salvador compra Bitcoin “en tendencia bajista” a medida que caen las principales monedas.

En medio de una caída del mercado de la criptomoneda más amplia, el presidente de El Salvador compra para agregar 150 bitcoins al acumulado del país.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, reveló que el país latinoamericano ha comprado 150 Bitcoin más mientras los precios bajaban el lunes por la mañana.

Según los datos de CoinGecko, la criptomoneda líder se desplomó un 6,9% en las últimas 24 horas, cayendo alrededor de $ 45.000.

Otras criptomonedas principales, incluídas Cardano (ADA), XRP , Solana (SOL) y Polkadot (DOT), arrojaron dos dígitos durante el día, mientras que Ethereum , la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha bajado un 9.2%, cotizando para esa fecha $ 3,137. 

«They can never beat you if you buy the dips.» (Nunca pueden vencerte si compras en las caídas) tuiteó Bukele, y agregó que esto bien puede considerarse un «consejo presidencial».

Con la última compra, El Salvador ahora tiene 700 Bitcoin por valor de aproximadamente $ 31 millones.

El gobierno de Bukele compró sus primeros 400 Bitcoin el 6 de septiembre, un día antes de que El Salvador se convirtiera en el primer país del mundo en reconocer formalmente la criptomoneda como moneda de curso legal.

Bitcoin cotizaba justo por debajo de los 53.000 dólares en ese momento, pero se desplomó en más del 10% al día siguiente del lanzamiento de la billetera Chivo Wallet oficial de El Salvador, con problemas técnicos que estropearon el inicio del experimento criptográfico del país.

Sin embargo, El Salvador aprovechó rápidamente la oportunidad con una compra de 150 Bitcoin más ese mismo día, lo que aumentó las reservas de la criptomoneda del país a un total de 550 BTC.

Bukele bajo fuego

A medida que continúa la juerga de compras de Bitcoin en El Salvador, el gobierno del país se enfrenta a una investigación sobre sus compras de Bitcoin y la instalación de cajeros automáticos Chivo.

Según un informe de Reuters de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de El Salvador, el organismo que supervisa el gasto público del país, recibió una queja de Cristosal, un grupo de derechos humanos y transparencia, en la que expresó su preocupación por el financiamiento del gobierno de las compras de Bitcoin.

Los ciudadanos también han criticado el experimento de criptoactivos del gobierno.

La semana pasada, en el día de la independencia del país, se intensificaron más protestas en El Salvador, con personas que salieron a las calles con pancartas de «No queremos Bitcoin» y «No a la dictadura» e incluso quemaron un cajero automático de Bitcoin en San Salvador.

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Centroamérica

Por corruptos, usurpadores y antidemocráticos, EEUU agrega a lista Engel a magistrados impuestos por Bukele

El Salvador vuelve a  ser sancionado por  el gobierno de Joe Biden, tras el nombramiento inconstitucional de los magistrados, que se suman a la nómina de personajes cercanos a la lista al presidente Bukele señalados de corruptos.

Según el Departamento de Estado, “Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

El comunicado dado a conocer este lunes, afirma que “los cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo”.

Asimismo, señala que “los magistrados nuevos declararon que su instalación fue constitucional” y “socavaron los procesos democráticos y la institucionalidad al aprobar una interpretación controversial de la Constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una prohibición expresa de la Constitución”.

El informe del Departamento de Estado, también acusa  de usurpación al máximo tribunal desde el golpe del 1 de mayo, y que  los abogados emitieron el 3 de septiembre una resolución que viola lo que la Constitución abiertamente establece, cuando avalaron la reelección consecutiva del presidente de la República.

Su inclusión a la lista de Actores corruptos y No democráticos, obedece al compromiso de fortalecer la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas del triángulo Norte.

La sanción implica que estas personas pierden automáticamente su visa americana y quedan abiertas a que otras instancias del gobierno de Estados Unidos amplíen las acciones que consideren pertinentes en este caso.

Los cinco magistrados se suman a la vergonzosa lista Engel en la que ya están el ministro de Trabajo, Rolando Castro; su jefa de gabinete, Carolina Recinos; su director de Centros Penales, Osiris Luna; sus exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, respectivamente; su secretario jurídico, Conan Castro; así como el influenciador de su gobierno, Walter Araujo.

Sobre el tema, Jean Manes ,encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador,  manifestó que “Estados Unidos agrega a estas personas tras ser nombrados inconstitucionalmente (1 de mayo) y emitir una resolución contraria a la Constitución salvadoreña (3 de septiembre). Ambas acciones socavan la democracia de El Salvador”.

La inclusión de los cinco magistrados tomó por sorpresa al presidente Bukele quien no dejó pasar el momento y restó importancia a la Lista Engel al calificarla como una injerencia y que “queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción”, escribió en su cuenta de twitter.

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