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Éxito de la restricciones depende de factores económicos y sociales

El sociólogo y doctor en Dinámica Humana, Antonio Mosquera, explica que el confinamiento del país no ha sido total, porque el Gobierno en los diferentes estados que han decretado siempre “han habido jornadas de libre tránsito durante el cual determinados grupos humanos se han podido movilizar” y que el área rural no ha existido.

Después de más de cien días de toques, estados de sitios y días de cierre totales, la pandemia del covid-19 no cede, lo cual hace que la población se pregunte si los confinamientos han sido en vano y por qué una parte de la población no ha cumplido.   

El sociólogo y doctor en Dinámica Humana, Antonio Mosquera, explica que el confinamiento del país no ha sido total, porque el Gobierno en los diferentes estados que han decretado siempre “han habido jornadas de libre tránsito durante el cual determinados grupos humanos se han podido movilizar” y que el área rural no ha existido.

El sociólogo considera que solo un reducido grupo, con posibilidades económicas, han podido mantenerse en su casa, otros tratan de cumplir con esa intención “en la medida sus posibilidades”, pero que la gran mayoría  debido a la pobreza “se ve obligada a asistir a mercados y otros lugares donde hay aglomeración para ganarse la vida y con ello se exponen al contagio del virus”.

No somos un país homogéneo

El también sociólogo y doctor en Administración Pública Rokael Cardona, asevera que uno de los problemas más grandes de los gobernantes es que desconocen la realidad social y antropológica del país y por esos ordenan las mismas normas para todos, cuando en realidad somos una nación muy diversa. “Muestra de ello es hay más de 100 municipios que no tienen coronavirus”.

Cardona opina que lamentablemente el Estado de Guatemala siempre ha tenido la visión de que “somos un país homogéneo, al cual se le puede decir lávense las manos y quédense en sus casas” y  que todos van a escuchar el mensaje y van a obedecer. “Esto no se va a cumplir porque somos enormemente heterogéneos”.

“El Estado no ha logrado ver y entender esa diversidad y la manera de hacerlo es a través de la descentralización y la autonomía. Yo no puedo pretender organizar a Estanzuela, Zacapa, de la misma manera que San Juan Atitán, en Huehuetenango, porque son diferentes” asegura el sociólogo.

Al igual que Mosquera, Cardona, explica que dentro de esa diversidad, también se registran las grandes diferencias económicas, pues dentro de la estructura social y económica se encuentran los obreros que tienen que salir a trabajar en la industria y ahí no siempre les dan permiso, porque hay trabajos que no se pueden hacer desde la casa, por ejemplo repartidores de comida.

Cardona dice que en estos momentos toma vigencia la frase de que la “norma no hace a la realidad”, porque sí así fuera el gobernante decretara cualquier regulación y todo se cumple de acuerdo con esa orden que busca persuadir y regular, “pero hay condiciones más determinantes como la alimentación y donde vivir”.

“Entonces, por más que la norma lo diga, pero si las condiciones de vida materiales de la gente son deprimentes, no va a hacer caso, y no es que no quiera cumplir, sino económicamente, cultural y socialmente la persona busca sobrevivir”, indica el sociólogo.

Cardona remarca que Guatemala tiene clases sociales bien definidas, algunas que tienen todo, desde pilotos hasta servicio doméstico, y por el otro lado están los que alquilan un cuarto para vivir, por ejemplo, las personas que viven en la zona 8 y que si no salen a vender a La Terminal no pueden comer y pagar la renta”.

Cardona resalta que uno de los grandes deficiencias de los funcionarios públicos es que no conocen el país, han viajado a Europa y otross países, pero desconocer la realdad nacional poruq nunca han viajado a la provincia. “Si mucho han visitado Quetzaltenando, pero eso no los hace que conozcan el pais y su diversidad social y cultura”.

Es el momento de plantear la economía popular

El sociólogo y experto en Desarrollo Social, Adrián Zapata, considera que las medidas sanitarias impulsadas por el Gobierno “son racionales”, pero que como consecuencia de estas quienes han recibido el impacto, “son los mismos de siempre o sea más del 70 por ciento de la población económicamente activa que vive de la economía informal pues esa gente después de unos días ya no tiene recursos para alimentarse y por lo tanto sale a las calles”.

Zapata considera que esta es una oportunidad para que replantear el apoyo a la economía popular en la cual está involucrado la mayoría de los guatemaltecos, lo cual se ha reflejado durante esta crisis con la cantidad de personas que concentran en los mercados y en el transporte de productos agrícolas. “Que no se repita la lógica que apoyando a los sectores más dinámicos de la economía se va a lograr esa apertura”.

Según Zapata más que si las medidas sanitarias están funcionando, la discusión que se debe tener es sobre cómo se van a abordar la secuela que dejará la pandemia y cómo encararlos, ¿regresando a la visión económica del derrame o se prioriza la economía popular, porque la discusión sobre si las medidas sanitarias han afectado o no la economía en general y particularmente a los pobres es indiscutible, pero eso no es por la pandemia sino por las condiciones estructurales acumuladas”

El sociólogo considera que esta realidad que está viviendo Guatemala no es consecuencia de la pandemia, sino de la acumulación de problemas estructurales de la pobreza y desigualdad que no han sido abordados. “Es el resultado de la exclusión y desigualdad histórica acumulada, por décadas”.

Corrupción

Ministro de Seguridad: La libertad de expresión tiene “límites”

Ante el cuestionamiento de los medios de comunicación no oficiales sobre el caso del cementerio clandestino en Chalchuapa, el funcionario aseguró que dan seguimientos a periodistas que están haciendo apología del delito.

Luego de hacerse público que, al menos unos 47 cadáveres podrían estar en la casa del asesino psicópata y ex policía Hugo Osorio, las autoridades silenciaron al criminólogo a cargo de las excavaciones, a la policía y a la fiscalía.

El caso se maneja con hermetismo y hubo hasta sanciones para el personal que participa en la investigación por revelar información a la prensa independiente, pero no para los medios del oficialismo, los cuales lo hacen a favor del gobierno.

Además, olvidan que la población tiene derecho a estar informado, sobre todo aquellas familias que buscan a sus parientes desaparecidos y que podrían estar en una de esas fosas.

Sin embargo, a pesar de este bloqueo informativo, los comunicadores han dado seguimiento a la información con fuentes que han pedido el anonimato para no tener consecuencias de parte de las autoridades, quienes han minimizado el macabro hallazgo.

Para acallarlos, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sentenció en una entrevista radial que se hace «seguimiento» de periodistas por sus publicaciones relacionadas con temas de violencia, porque la libertad de expresión «tiene su límite».

El funcionario indicó que se trata de periodistas que, a su juicio, publican con «una clara intención de generar apología», pero sin dar mayores detalles.

Las declaraciones, es interpretado por la Asociación de Periodistas de El Salvador y también por Amnistía Internacional (AI) como una amenaza a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la asociación condenó las amenazas del ministro de Seguridad y lo responsabiliza de cualquier vulneración contra el gremio., indicó la APES en un comunicado de prensa.

«sumamente grave que el Gobierno de Nayib Bukele utilice los cuerpos de seguridad en un claro intento de callar a la prensa no alienada», señalaron.

A esta denuncia se sumó Amnistía Internacional y a través de su directora Erika Guevara-Rosas, calificó de «preocupantes» las declaraciones del ministro de seguridad, ya que “la libertad de prensa es una de las mayores manifestaciones del derecho a la libre expresión”, escribió en su cuenta de twitter.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, califico las declaraciones del Villatoro como un “típico lenguaje de los autoritarios”, escribió a través de Twitter

Para la oposición política del país, se trata de una “mordaza y peligrosa”, señalando que los comunicadores se arriesgan para informar a la población.

Es un retroceso a la democracia, dijo Dina Argueta, al tiempo que cito que los periodistas han venido denunciando acoso desde hace dos años.

Desde que se hizo público el caso de Chalchuapa, Villatoro ha criticado el manejo de la prensa al tema de desapariciones en el país, ya que aseguró que este fenómeno ya existía, pero algunos medios le dan un tratamiento tendencioso.

La principal molestia del ministro de Seguridad fue revelar las cifras de cadáveres, ya que el gobierno trata de minimizar el caso y los

fiscales que dieron la información enfrentan un proceso sancionatorio por dar información.

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Corrupción

Gobierno de Bukele da marcha atrás en su lucha contra la corrupción al abortar a la CICIES

La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con la OEA fue aplaudida por Nayib Bukele, pero hoy abandona esa promesa de campaña, la cual investigaba 105 entidades del Estado por presunta corrupción, argumentando falta de confianza.

En septiembre de 2019, a escasos meses de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, Bukele rechazó una CICIES con la ONU y se inclinó por hacer un acuerdo de cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, amigo del mandatario.

Sin embargo, poco a poco, el gobernante se ha alejado de esta promesa de campaña luego de que esta comisión en abril de 2020, iniciara la asistencia técnica y monitoreo de los fondos por emergencia sanitaria Covid.19.

Tras este anuncio de irregularidades descubiertas por la CICIES y la condena de parte de la OEA ante la destitución de los Magistrados y el fiscal general y ahora la noticia de que el exalcalde Ernesto Muyshondt será asesor de la OEA, el gobernante explotó y puso punto final tanto a su amistad con Almagro como al acuerdo de la lucha contra la corrupción e impunidad, a través del recién nombrado fiscal general, Rodolfo Delgado.

Según Delgado, la decisión tomada es de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, declarando que “no podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales», refiriéndose al nombramiento de Muyshondt.

En horas de la noche y en una conferencia de prensa exprés, Bukele confirmó su salida del acuerdo y declaró: ““Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la CICIES porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Asimismo, dijo que su gobierno quiere combatir la impunidad, pero como ya no pueden confiar en la OEA, “vamos a buscar alguna organización internacional, otra distinta, para que nos acompañe en la creación de una CICIES que sí combata la impunidad”.

Por su parte, el representante de la CICIES dijo que no se pronunciaría, pero quien sentó posición a través de su cuenta de twitter fue Estados Unidos al lamentar la decisión del gobierno de cerrar su cooperación con dicha Comisión.

“La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad», expresó la sede diplomática en El Salvador.

Investigar a la oposición, pero no a su gobierno

Durante la firma del acuerdo el noviembre del 2019, Bukele aseguró que la creación de este organismo era en respuesta a » un clamor del pueblo salvadoreño que se combata la corrupción, pero la población no solo está pidiendo que se combata la corrupción, la población está pidiendo que se combata la corrupción con una Cicies», sentenció.

De esta manera, “cumplía su promesa de campaña”, sacando a luz los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, iniciando con las investigaciones de la construcción de la presa hidroeléctrica el Chaparral durante la administración Funes y la desviación de fondos en la construcción del SITRAMSS.

Hasta ese momento todo era “viento en popa”, pero al llegar su turno la situación cambió cuando Ronalth Ochaeta, explicó en ese momento que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

El entonces diputado del FMLN, Jorge Hándal, sentenció que el temor de Bukele se debe a que habían más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia y que por ello insistía en una CICIES dependiente del Ejecutivo.

Razón por la cual, Bukele también rechazó la iniciativa presentada por las organizaciones civiles presentada en la Asamblea, que buscaba, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES, incluso evitó reunirse con el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga.

Desde que inició su trabajo, la CICIES ha dado asistencia en 25 casos de corrupción investigados por la Fiscalía salvadoreña.  Entre estos, 12 son avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco instituciones, auditó los gastos destinados a la pandemia e investigó siete casos más a solicitud del ex Fiscal General. 

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